Un hombre es señalado de matar a tiros este martes a dos manifestantes que participaban en el bloqueo de una ruta en una localidad ubicada 80 km al oeste de Ciudad de Panamá, en la tercera semana de protestas contra una compañía minera canadiense.
Estas son las primeras víctimas fatales que dejan las protestas iniciadas el 20 de octubre contra el contrato entre el gobierno y la compañía First Quantum Minerals (FQM), que opera la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica en el Caribe panameño.
“La Policía Nacional aprehende a un adulto mayor presuntamente vinculado a un hecho donde dos personas pierden la vida registrado en el distrito de Chame”, dijo la institución en X, antes Twitter.
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En las redes sociales circularon videos donde se ve a un hombre que bajó de un auto retenido en el bloqueo y disparó contra un manifestante en un punto de la Carretera Interamericana, que une a Panamá con el resto de Centroamérica.
La policía publicó también una foto donde el detenido, con anteojos y camisa gris, identificado como Kenneth Darlington, de 77 años, aparece sentado y esposado de una mano a un tubo, aparentemente dentro de un cuartel o camión policial.
Los manifestantes muertos fueron identificados como Iván Rodríguez, de 62 años, y Abdiel Díaz (edad no precisada). Díaz murió en el lugar de los hechos y Rodríguez en un hospital.
“Fueron impactados por proyectil de arma de fuego, por el señor [..], con un arma de fuego tipo pistola, al momento que se dio una discusión con los manifestantes que mantenían la vía cerrada”, agregó la policía.
La Fiscalía dijo que inició “investigaciones por delito contra la vida e integridad personal en perjuicio de dos personas que se encontraban en un cierre de vías”.
Manifestantes divididos
Varias avenidas de la capital fueron cerradas este martes por pequeños grupos de manifestantes, mientras permanecen bloqueados desde hace días diversos tramos de la ruta Interamericana, afectando el transporte de alimentos, medicamentos y combustibles.
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Para calmar el malestar ciudadano, el Congreso de Panamá aprobó la semana pasada una moratoria de la minería metálica y acordó dejar en manos de la Corte Suprema de Justicia la decisión sobre el polémico contrato con FQM, que permite la operación por 40 años de la mina.
Los ambientalistas quedaron satisfechos con la decisión del Congreso, pues consideran que en vez de que el contrato sea anulado por ley, debe ser la Corte la que lo declare inconstitucional para dar al país argumentos de defensa ante una futura demanda multimillonaria de la compañía.
Pero el poderoso sindicato de la construcción, Suntracs, gremios de maestros y otras organizaciones insisten en que el contrato debe ser anulado por ley, por lo que continuaron con las protestas y los bloqueos de rutas.
Polémico contrato
Las protestas estallaron el día en que el Congreso aprobó la ley del contrato que firmaron en agosto el gobierno del presidente Laurentino Cortizo y la minera.
Este contrato sustituía al original firmado en 1997, que la Corte Suprema declaró inconstitucional porque la concesión se dio sin licitación, sin consultar a la población y bajo condiciones altamente desfavorables para el Estado panameño.
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El gobierno defendió la firma del nuevo contrato argumentando que supondrá aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el monto del acuerdo inicial.
Las autoridades advierten que el cierre de la mina hará perder 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, y asestará un duro golpe a la economía, en momentos en que el Canal de Panamá debió reducir el tránsito de buques por la sequía.
La minera, que ha invertido más de 10.000 millones de dólares en Panamá, asegura que aporta el 5 % del PIB a la economía del país. Desde febrero de 2019, produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que representan el 75 % de las exportaciones.
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