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El gobierno de Panamá llamó a consultas a su embajador en Nicaragua ante la violación “flagrante y reiterada” del derecho internacional por parte de la representación diplomática nicaragüense al permitir al expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado allí, desplegar “acciones político-partidistas”.
“La República de Panamá se siente verdaderamente afectada en su integridad territorial por la actitud permisiva de la República de Nicaragua que viola flagrantemente y de manera reiterada normas fundamentales del derecho internacional”, expresó la Cancillería panameña en un comunicado.
Martinelli está asilado desde el 7 de febrero en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, después de perder el último recurso judicial que le quedaba para evitar ir a prisión tras ser condenado a casi once años por blanqueo de capitales.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, le concedió asilo de inmediato, pero Panamá se negó a concederle el salvoconducto para marcharse a Managua.
Desde la legación diplomática Martinelli hace cotidianamente campaña en favor del candidato presidencial José Raúl Mulino, quien lo sustituyó luego de ser inhabilitado para participar en los comicios del 5 de mayo.
El gobierno panameño se ha quejado en reiteradas ocasiones ante Managua por permitir que Martinelli haga campaña desde la embajada en favor de su delfín.
La Cancillería recordó que mediante notas emitidas el 9 de febrero, el 27 de febrero y el 18 de marzo pasado “expresó y reiteró su más enérgica protesta ante” Nicaragua “al permitir que, al amparo de una supuesta protección, que es ilegal de conformidad con el derecho internacional, el señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal ha mantenido y desplegado acciones desde su sede diplomática en Panamá, con fines político-partidista”.
Panamá “exige a la República de Nicaragua, el cumplimiento de sus obligaciones internacionales”, agrega la nota de la Cancillería panameña, que está fechada el 22 de abril.
Martinelli, de 72 años y quien se dice un perseguido político, ha agradecido a Nicaragua su “noble y desinteresado gesto” de brindarle asilo, mientras que el Gobierno de Managua ha acusado al de Panamá de violar las convenciones sobre asilo al “no reconocer” el concedido al expresidente y negarle el respectivo salvoconducto para viajar.
Analistas locales han explicado que Martinelli fue sentenciado por un delito común, por lo que no se aplica a su caso el asilo político.
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