El expresidente de Perú Pedro Castillo informó este miércoles que le envió una carta al secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en la que le pide interceder en su caso, al considerar que sus derechos han sido vulnerados.
Comparto con ustedes mi carta dirigida al señor António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, en la que denuncio la violación sistemática de mis derechos humanos en Perú, incluyendo mi detención arbitraria e ilegal destitución como presidente. (1-2) pic.twitter.com/BJhg6LgBA5
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) February 7, 2024
El exmandatario recordó que su abogado, Wilfredo Robles, presentó el 6 de marzo de 2023, ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una petición respecto a la "detención arbitraria" que considera que sufrió tras su mensaje del autogolpe de Estado fallido el 7 de diciembre de 2022.
Dicha solicitud, según la carta enviada por Castillo y difundida este miércoles en sus redes sociales, no ha obtenido respuesta.
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"Señor secretario general, a través de usted, hago una exhortación a la Mesa Directiva del Consejo de Derechos Humanos y a los Estados partes de este órgano, para que soliciten información a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que brinden una explicación sobre el retraso de mi denuncia, situación que pondría en cuestionamiento la independencia y objetividad de su mandado y de la oficina que tiene a su cargo", indicó Castillo en la carta.
Añadió que es "vital que el Grupo de Detenciones Arbitrarias no adopte una postura parcial y unilateral" respecto a "la vulneración de los derechos a la defensa y a la libertad" que considera que padece.
En este sentido, Castillo sostiene que el 7 de diciembre de 2023, no dio un golpe de Estado, si no que hizo un "anuncio simbólico" que quedó "al nivel de un acto político declamativo" y no constituyó un acto de Gobierno formal, puesto que no se elaboró una acta del mensaje presidencial ni tampoco se emitió ningún decreto.
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También denuncia que “los jueces alineados con el nuevo Gobierno” le impusieron prisión preventiva y que se encuentra recluido “bajo incomunicación telefónica” con sus familiares, al tiempo que se le ha restringido el acceso a luz solar.
Castillo cumple una orden de prisión preventiva durante 18 meses mientras es procesado por el fallido autogolpe de Estado que quiso dar el 7 de diciembre, y otra de 36 meses bajo la acusación de haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.
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