Los gabinetes judiciales volvieron a abrirse este martes para determinar el papel que tuvo Dina Boluarte en la ráfaga de muertos que vivió Perú mientras duraron las últimas protestas. Este martes, la jefa de Estado declaró durante más de tres horas en la Fiscalía para “esclarecer los hechos” en que más de 50 peruanos murieron en las marchas antigubernamentales.
No es la primera vez que Boluarte es requerida por el Ministerio Público para responder por sus decisiones, conocimiento o presunta participación en la cadena de mando que ocasionó muertos y cerca de un centenar de heridos. Boluarte ya acudió a la sede el pasado 7° de marzo, pero no llegó a declarar porque estaba pendiente de resolución una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del primer ministro Otárola.
Es importante recordar que el pasado 7° de diciembre, tras el golpe de Estado y posterior captura del expresidente Pedro Castillo, Perú se convirtió en el escenario de marchas que se dieron desde las regiones más alejadas, como Apurímac o Arequipa, hasta Lima, la capital inca. Los reclamos de la ciudadanía pedían en un primer momento la renuncia de Boluarte y un cierre parcial del Congreso. Sin embargo, tales demandas nunca se hicieron realidad y las manifestaciones terminaron por cesar.
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La Presidencia de la República confirmó, en su cuenta de Twitter, que Boluarte culminó la diligencia en la Fiscalía, tras brindar declaraciones “respecto a las investigaciones del Ministerio Público”.
En el interrogatorio por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, estuvo asistida por el fiscal adjunto supremo Marco Huamán, que investiga los casos abiertos contra altos funcionarios del Estado.
Un grupo de manifestantes que atribuyen a Boluarte la responsabilidad por las muertes en las protestas se concentró en los exteriores del Ministerio Público y permaneció en el lugar con carteles, mientras la mandataria respondía a la diligencia.
El abogado de Boluarte, Joseph Campos, declaró a los periodistas antes de entrar a la diligencia que la mandataria no tenía previsto “usar el silencio como un medio de defensa”.
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En la investigación también se ha incluido al primer ministro de Perú, Alberto Otárola; a su antecesor, Pedro Angulo; a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Como parte de la investigación, la Fiscalía también citó a declarar este lunes, como testigo, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, quien pidió que se cambie la fecha.
Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las manifestaciones dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas 7 haitianos, perdieron la vida por acciones de protesta como el bloqueo de carreteras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales” en Perú.
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