Perú: ¿El fin de la dispensación Fujimori?
Gane Castillo o Fujimori, Perú se enfrenta a la posibilidad real de que cualquier presidente sea destituido en cualquier momento tras un breve cabildeo de los operadores en la sombra, vinculados al fujimorismo, al aprismo y al narcotráfico.
José de la Torre Ugarte/Latinoamérica21
Perú está en segunda vuelta, luego de que en la primera ronda Pedro Castillo obtuviera el 19% y Keiko Fujimori el 13%. El elevado ausentismo en Lima, especialmente en zonas de clase media, marcó una jornada donde la gran sorpresa fue la emergencia del maestro de escuela Pedro Castillo, quien encabezara una huelga docente en 2017. Queda claro que mientras casi un 20% del país ve en él un cambio, el otro 80% no logró ponerse de acuerdo. Esto resultado electoral deja en evidencia la crisis de representatividad que vive el país, a más de 20 años de las reformas políticas que lo transformaron.
Las causas
Mark Lilla, autor norteamericano de Regreso Liberal, señala que en política hay dispensaciones. Así como en Estados Unidos Reagan inició la dispensación neoliberal, en Perú cabría decir que Alberto Fujimori inició una suerte de versión autoritaria de esa corriente política y económica. La versión peruana estuvo marcada por un pragmatismo que, si bien pudo contener y encausar algunos problemas y movimientos sociales, potenciando aspectos económicos, tuvo como contraparte una profunda erosión del sistema político y partidario.
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En el caso de Fujimori, el liberalismo pragmático con el que decidió y dirimió su dispensación, lo llevó a horadar y destruir definitivamente un sistema que —si bien no era perfecto— guardaba aún algo de sentido. Eliminó así la bicameralidad, que filtraba a la cámara baja representativa con gente de mayor experiencia, compró, de la mano de su asesor Vladimiro Montesinos, las líneas editoriales de medios de comunicación, y asentó la idea de que los partidos políticos eran envoltorios carentes de contenido y sin instrumentos necesarios para gobernar. Además, responsabilizó a los partidos de que el terrorismo emergiera.
Al cerrar el Congreso y crear una nueva constitución, Fujimori pudo hacer un país a su medida, que requería ser dirigido por un presidente autocrático, con asesores y operadores en la sombra, elecciones amañadas. La narrativa antisistema caló profundo en los electores que dejaron la actividad partidaria, pues como mencionara Margaret Thatcher “No hay alternativa”. Fujimori consideraba que los “políticos tradicionales” eran inefectivos y que él era la única alternativa.
Las consecuencias
Luego de Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García en un segundo mandato, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski transitaron por la misma constitución. Creada en 1993, tenía la ventaja de afirmar el libre mercado, lo que ciertamente le permitió al país mantener cierto rigor fiscal y crecer de forma razonable, aunque con las falencias de un aparato estatal inconcluso y de baja calidad.
Como telón de fondo, ninguno de estos presidentes abordó la crisis de representación porque asumieron, tácitamente, que no había alternativa. Por ello, hoy los peruanos llegamos a estas elecciones con representantes que no tienen agenda ni arraigo, y que lideran partidos que alquilan para la elección.
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Mientras tanto, las fuerzas ocultas —aunque no tanto— como el narcotráfico, la minería ilegal y los operadores políticos, hoy convertidos en tramitadores de estos intereses, pululan en el backoffice de los partidos políticos que son vientres de alquiler. Estos gestionan rutas para que el dinero oculto, producto de la corrupción como es el caso Lava Jato, o el narcotráfico, puedan seguir perpetuando sus intereses. Mientras tanto,la ciudadanía permanece sin una representación que estructure sus intereses a favor del desarrollo de la clase media y de la modernización real del país.
Por si fuera poco, el modelo de gobierno, agudizó su crisis con un Congreso que descubrió que podía desalojar presidentes bajo la difusa base de la “incapacidad moral”, estipulada por la Constitución de 1993. Esto permitió que Perú tuviera cuatro presidentes entre el 2018 y 2021: Kuczynski, Martín Vizcarra, que fuera vicepresidente de Kuczynski, Manuel Merino, que quisiera asumir en representación del Congreso, de forma constitucional pero sin legitimidad popular, y Francisco Sagasti, un tecnócrata moderado sin escándalos de corrupción, que gobierna actualmente en una suerte de piloto automático.
Escenarios a futuro
Gane Castillo o Fujimori, Perú se enfrenta a la posibilidad real de que cualquier presidente sea destituido en cualquier momento tras un breve cabildeo de los operadores en la sombra, vinculados al fujimorismo, al aprismo y al narcotráfico. Y en este marco, el hartazgo de la ciudadanía puede llevarla a aceptar un nuevo caudillo autoritario que, como señala el politólogo Steven Levitsky, se sirva de los mecanismos de la democracia, en forma limitada, para gobernar -en la forma- un país que prefiere el autoritarismo a la democracia ante la falta de alternativa clara.
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Si bien Perú parece dar señales de que el ciclo político está llegando a su fin, desde que Fujimori renunciara por fax desde Japón el país ha vivido en democracia. Sin embargo, los hechos señalan que esta continuidad democrática no se mantendrá si no se reorganizan nuevamente los partidos con representación nacional, que hasta el momento son la única alternativa para gobernar un Estado. Hacen falta organizaciones políticas con buenas bases a nivel regional, con legitimidad más allá del dinero y que permitan tener un manejo efectivo del territorio nacional.
Quien si contaba con este tipo de organización es precisamente Pedro Castillo. Gracias al aparato partidario del Comité Nacional de Reorientación del SUTEP (CONARE), una facción escindida del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú – SUTEP, Castillo ha podido articular una plataforma a nivel nacional en torno a una agenda estatista y reivindicacionista del campo. Esta conforntación entre lo rural y lo citadino evidencia la profunda fragmentación que enfrenta la nación andina. Adicionalmente, el fundador del partido de Castillo, Vladimir Cerrón, que tiene procesos por corrupción tras ser gobernador regional, ha declarado numerosas veces que Venezuela le parece un ejemplo y una democracia, hecho que ha generado razonable alarma.
Más allá de quién sea el próximo presidente, queda claro que si la organización partidaria no se reestablece como norma de acción política, tendremos pronto otro caudillo autoritario. No olvidemos que durante el fallido intento de Manuel Merino de asumir el poder el año pasado, la policía disparó canicas y perdigones contra la población, de forma totalmente desproporcional, que terminaron con la muerte de dos personas. Esto habla de unos rasgos profundamente autoritarios que pueden dar lugar a liderazgos aún más peligrosos.
José de la Torre Ugarte es comunicador, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. MBA por la Pacífico Business School (Lima). Actualmente cursa maestría en Marketing en la EAE Business School (Madrid).
www.latinoamerica21.com, un medio plural comprometido con la divulgación de información crítica y veraz sobre América Latina.
Perú está en segunda vuelta, luego de que en la primera ronda Pedro Castillo obtuviera el 19% y Keiko Fujimori el 13%. El elevado ausentismo en Lima, especialmente en zonas de clase media, marcó una jornada donde la gran sorpresa fue la emergencia del maestro de escuela Pedro Castillo, quien encabezara una huelga docente en 2017. Queda claro que mientras casi un 20% del país ve en él un cambio, el otro 80% no logró ponerse de acuerdo. Esto resultado electoral deja en evidencia la crisis de representatividad que vive el país, a más de 20 años de las reformas políticas que lo transformaron.
Las causas
Mark Lilla, autor norteamericano de Regreso Liberal, señala que en política hay dispensaciones. Así como en Estados Unidos Reagan inició la dispensación neoliberal, en Perú cabría decir que Alberto Fujimori inició una suerte de versión autoritaria de esa corriente política y económica. La versión peruana estuvo marcada por un pragmatismo que, si bien pudo contener y encausar algunos problemas y movimientos sociales, potenciando aspectos económicos, tuvo como contraparte una profunda erosión del sistema político y partidario.
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En el caso de Fujimori, el liberalismo pragmático con el que decidió y dirimió su dispensación, lo llevó a horadar y destruir definitivamente un sistema que —si bien no era perfecto— guardaba aún algo de sentido. Eliminó así la bicameralidad, que filtraba a la cámara baja representativa con gente de mayor experiencia, compró, de la mano de su asesor Vladimiro Montesinos, las líneas editoriales de medios de comunicación, y asentó la idea de que los partidos políticos eran envoltorios carentes de contenido y sin instrumentos necesarios para gobernar. Además, responsabilizó a los partidos de que el terrorismo emergiera.
Al cerrar el Congreso y crear una nueva constitución, Fujimori pudo hacer un país a su medida, que requería ser dirigido por un presidente autocrático, con asesores y operadores en la sombra, elecciones amañadas. La narrativa antisistema caló profundo en los electores que dejaron la actividad partidaria, pues como mencionara Margaret Thatcher “No hay alternativa”. Fujimori consideraba que los “políticos tradicionales” eran inefectivos y que él era la única alternativa.
Las consecuencias
Luego de Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García en un segundo mandato, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski transitaron por la misma constitución. Creada en 1993, tenía la ventaja de afirmar el libre mercado, lo que ciertamente le permitió al país mantener cierto rigor fiscal y crecer de forma razonable, aunque con las falencias de un aparato estatal inconcluso y de baja calidad.
Como telón de fondo, ninguno de estos presidentes abordó la crisis de representación porque asumieron, tácitamente, que no había alternativa. Por ello, hoy los peruanos llegamos a estas elecciones con representantes que no tienen agenda ni arraigo, y que lideran partidos que alquilan para la elección.
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Mientras tanto, las fuerzas ocultas —aunque no tanto— como el narcotráfico, la minería ilegal y los operadores políticos, hoy convertidos en tramitadores de estos intereses, pululan en el backoffice de los partidos políticos que son vientres de alquiler. Estos gestionan rutas para que el dinero oculto, producto de la corrupción como es el caso Lava Jato, o el narcotráfico, puedan seguir perpetuando sus intereses. Mientras tanto,la ciudadanía permanece sin una representación que estructure sus intereses a favor del desarrollo de la clase media y de la modernización real del país.
Por si fuera poco, el modelo de gobierno, agudizó su crisis con un Congreso que descubrió que podía desalojar presidentes bajo la difusa base de la “incapacidad moral”, estipulada por la Constitución de 1993. Esto permitió que Perú tuviera cuatro presidentes entre el 2018 y 2021: Kuczynski, Martín Vizcarra, que fuera vicepresidente de Kuczynski, Manuel Merino, que quisiera asumir en representación del Congreso, de forma constitucional pero sin legitimidad popular, y Francisco Sagasti, un tecnócrata moderado sin escándalos de corrupción, que gobierna actualmente en una suerte de piloto automático.
Escenarios a futuro
Gane Castillo o Fujimori, Perú se enfrenta a la posibilidad real de que cualquier presidente sea destituido en cualquier momento tras un breve cabildeo de los operadores en la sombra, vinculados al fujimorismo, al aprismo y al narcotráfico. Y en este marco, el hartazgo de la ciudadanía puede llevarla a aceptar un nuevo caudillo autoritario que, como señala el politólogo Steven Levitsky, se sirva de los mecanismos de la democracia, en forma limitada, para gobernar -en la forma- un país que prefiere el autoritarismo a la democracia ante la falta de alternativa clara.
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Si bien Perú parece dar señales de que el ciclo político está llegando a su fin, desde que Fujimori renunciara por fax desde Japón el país ha vivido en democracia. Sin embargo, los hechos señalan que esta continuidad democrática no se mantendrá si no se reorganizan nuevamente los partidos con representación nacional, que hasta el momento son la única alternativa para gobernar un Estado. Hacen falta organizaciones políticas con buenas bases a nivel regional, con legitimidad más allá del dinero y que permitan tener un manejo efectivo del territorio nacional.
Quien si contaba con este tipo de organización es precisamente Pedro Castillo. Gracias al aparato partidario del Comité Nacional de Reorientación del SUTEP (CONARE), una facción escindida del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú – SUTEP, Castillo ha podido articular una plataforma a nivel nacional en torno a una agenda estatista y reivindicacionista del campo. Esta conforntación entre lo rural y lo citadino evidencia la profunda fragmentación que enfrenta la nación andina. Adicionalmente, el fundador del partido de Castillo, Vladimir Cerrón, que tiene procesos por corrupción tras ser gobernador regional, ha declarado numerosas veces que Venezuela le parece un ejemplo y una democracia, hecho que ha generado razonable alarma.
Más allá de quién sea el próximo presidente, queda claro que si la organización partidaria no se reestablece como norma de acción política, tendremos pronto otro caudillo autoritario. No olvidemos que durante el fallido intento de Manuel Merino de asumir el poder el año pasado, la policía disparó canicas y perdigones contra la población, de forma totalmente desproporcional, que terminaron con la muerte de dos personas. Esto habla de unos rasgos profundamente autoritarios que pueden dar lugar a liderazgos aún más peligrosos.
José de la Torre Ugarte es comunicador, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. MBA por la Pacífico Business School (Lima). Actualmente cursa maestría en Marketing en la EAE Business School (Madrid).
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