El Gobierno de Perú declaró el domingo el estado de emergencia en los departamentos de Madre de Dios, Apurímac, Arequipa y Moquegua, en el sur, por 60 días, y prolongó por el mismo periodo la medida en las regiones de Cusco, Puno y Tacna para controlar las protestas que han cobrado la vida de 69 personas.
A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo extendió el estado de emergencia a estas zonas donde se siguen reportando las mayores protestas antigubernamentales que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones para 2023 y una convocatoria a una asamblea constituyente.
La medida ya se aplicaba en Cusco, Puno y Tacna, y en algunas provincias de Apurímac, Madre de Dios y Moquegua, pero ahora se amplía a nivel regional y se incluye a Arequipa.
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Asimismo, el Gobierno decretó a medianos de enero y por 30 días el estado de emergencia en Lima, Callao, Amazonas y La Libertad, por lo que en total son once departamentos los que permanecen en estado de emergencia.
El decreto establece que durante el estado de emergencia quedan restringidos o suspendidos “los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”.
La norma precisa, además, que la Policía Nacional del Perú mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, “con excepción del departamento de Puno, donde se requiere que el control interno sea asumido por las Fuerzas Armadas”.
Detalla que la intervención de las fuerzas del orden se efectúa conforme la normativa vigente que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía y de los decretos que establecen las reglas de empleo y uso de fuerza de los militares.
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El documento también señala que la presidenta de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de “perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación”.
Por otro lado, el artículo tercero del decreto extiende por diez días la inmovilización social obligatoria, entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana, que ya estaba vigente en la sureña región de Puno, uno de los epicentros de las protestas.
Desde que arrancaron las protestas en diciembre pasado, tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo, 69 personas han perdido la vida, la mayoría de las cuales eran manifestantes que fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, uno era policía y una veintena más murieron por hechos relacionados con las movilizaciones.
La norma lleva las firmas de la presidenta Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y los titulares de las carteras de Defensa, Interior y Justicia.
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Balance de protestas en Lima
Al menos cuatro heridos y dos periodistas agredidos dejaron como saldo las protestas del sábado en Lima, Perú, un día después de que el Congreso archivara el proyecto de adelanto de elecciones para 2023, una de las principales exigencias de los ciudadanos en las calles.
Las manifestaciones empezaron alrededor de las 4 de la tarde y se desarrollaron inicialmente de manera pacífica. Sin embargo, con el pasar de las horas se desataron los disturbios y los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes.
La Defensoría del Pueblo, citada por el medio peruano RRP, informó que dos personas heridas eran atendidas en el Hospital de Emergencias Grau, una al Hospital Guillermo Almenara y un agente policial herido permanecía en el Hospital PNP Augusto B. Leguía.
Agresión a periodistas
Una reportera y un fotoperiodista fueron agredidos por la Policía el mismo sábado mientras cubrían la marcha en Lima, donde los agentes también “restringieron” la cobertura de un equipo de prensa que registraba “excesos” policiales, denunció la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
“Agentes policiales agredieron a fotoperiodista Juan Zapata, del portal Wayka cuando registraba acción violenta contra manifestantes (...) Señala que lo insultaron, registraron sus pertenencias y golpearon en la cabeza y cámara, dañando lente”, informó la ANP a través de su cuenta oficial de Twitter.
Minutos después, la asociación reportó la agresión a una reportera del mismo medio digital Patria Lucho, mientras grababa cómo los “agentes cercaban a manifestantes y les arrebataban sus implementos de protección”.
“(Un) reportero del portal (Wayka), Rael Mora, se acercó a defenderla e intentaron detenerlo”, agregó.
Asimismo, la ANP denunció que los agentes también “restringieron” la cobertura de un equipo de prensa de un colectivo denominado “Coordinadora 14N”, cuando registraba “excesos cometidos en la detención de manifestantes”.
Sobre este último caso, la asociación compartió el vídeo en el que se percibe cómo una decena de uniformados rodea a un manifestante y uno de ellos lo empuja hasta que cae al suelo, donde recibe un golpe con la porra.
El viernes pasado, la ANP informó de que un total de 153 periodistas fueron atacados durante la cobertura de las protestas antigubernamentales en Perú desde que arrancaron en diciembre pasado.
La organización detalló que, solo en enero, los ataques a periodistas sumaron 94, la mayoría de ellos ocurridos en Lima y con agentes policiales como principales agresores.
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