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Nuevos enfrentamientos entre miembros de la fuerza pública y manifestantes peruanos se dieron el lunes. Las marchas, llevadas a cabo en Juliaca, al sur de Perú ha dejado un saldo de 68 personas heridas y 17 muertos. Aunque las manifestaciones empezaron este lunes, a través de redes sociales y comunicados oficiales se ha difundido que este martes ha habido bloqueos, enfrentamientos y saqueos.
Dentro de los hechos que han sucedido este martes hubo un episodio en que un miembro de la Policía murió luego de que el vehículo en que se encontraba fuera calcinado. Hasta el momento la Defensoría del Pueblo ha reportado que 75 miembros de las fuerzas policiales han sido heridos, “algunos con arma de fuego”.
Si bien ha pasado un mes desde la posesión de Dina Boluarte, las regiones en el sur de Perú no han cesado de marchar y movilizarse en contra de la sucesora del hoy preso, Pedro Castillo. Por ejemplo, en Apurímac, Cuzco, Ayacucho y Arequipa no han disminuido desde diciembre de 2022.
Las huelgas en el sur del país inca se dan debido a que fue en esas regiones en donde Pedro Castillo obtuvo mayor votación en el momento de las elecciones presidenciales de 2021. De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, Castillo obtuvo más del 80 % de los votos de las regiones del sur, mientras que Keiko Fujimori, la otra candidata al Ejecutivo, triunfó en las regiones del norte.
A hoy, las protestas en Perú se aproximan a un total de 50 personas muertas a lo largo del mes de manifestaciones.
Este lunes en la noche, la Defensoría del Pueblo confirmó que hubo “17 fallecidos en Puno durante enfrentamientos con las fuerzas del orden en inmediaciones del aeropuerto de Juliaca”.
De acuerdo con la agencia AFP, el personal médico del hospital Carlos Morgue confirmó que “las víctimas tenían […] impactos de proyectil”.
“Lo que está pasando es una matanza entre peruanos, les pido calma, no se expongan”, exclamó el alcalde de Juliaca, Oscar Cáceres, en un llamado desesperado a la población a través de la radio La Decana de esa localidad.
Las violentas acciones de este lunes se registraron cuando una turba de unas dos mil personas intentó tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad de Juliaca, ubicada 1.300 km al sur de Lima.
“Hoy, más de nueve mil personas se aproximaron al aeropuerto de Juliaca y aproximadamente dos mil de estas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía y las instalaciones, utilizando armas hechizas (armas improvisadas) y con doble carga de pólvora, generando una situación extrema”, dijo a la prensa el jefe de gabinete Alberto Otárola.
El aeródromo está bajo resguardo policial y militar. Un intento de toma similar había ocurrido el sábado, pero sin muertes.
“Los señores policías nos estaban disparando [...] pedimos que la señora Dina (Boluarte) renuncie [...] acepta que el pueblo no te quiere”, dijo a la AFP un manifestante.
Evo Morales, persona non grata
Mientras el país está sumido en una grave crisis institucional y política con manifestaciones y bloqueos de rutas, el gobierno de Boluarte prohibió este lunes hasta nuevo aviso el ingreso a Perú del exmandatario boliviano Evo Morales por “intervenir” en los asuntos de política interna del país.
“Se dispuso el registro del impedimento del ingreso al país, a través de todos los puestos de control migratorio, de nueve ciudadanos de nacionalidad boliviana, entre quienes se incluye al señor Juan Evo Morales Ayma”, indicó el ministerio del Interior.
Morales ha expresado su apoyo a las protestas contra el gobierno de Boluarte. Puno, la región fronteriza con Bolivia, se ha convertido en epicentro de las protestas con un paro indefinido desde el cuatro de enero.
Desde ahí se organiza una marcha hacia la capital peruana que debe llegar en torno al 12 de enero, según diversas convocatorias de colectivos sociales que agrupan principalmente a campesinos.
El anuncio contra Morales coincide con nuevas protestas y bloqueos de rutas en seis de las 25 regiones del país, donde los manifestantes reclaman la renuncia de Boluarte, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la libertad del destituido presidente Pedro Castillo.
“En los últimos meses se ha identificado a ciudadanos extranjeros, de nacionalidad boliviana, que ingresaron al país para efectuar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú”, agregó el ministerio para justificar la decisión.
Morales, que presidió Bolivia entre 2006 y 2019, ha tenido una presencia activa en la política peruana desde que el exmandatario Castillo llegó al poder en julio de 2021 hasta su destitución el pasado 7 de diciembre. En noviembre visitó Puno.
Castillo fue destituido tras un fallido golpe de Estado y cumple 18 meses de prisión dictada por un juez acusado de rebelión.
Morales lamentó en Twitter la decisión del gobierno de Perú de impedirle el ingreso y sostuvo que la medida busca “distraer y esquivar” las responsabilidades por las “graves violaciones” de los derechos humanos.
Las autoridades peruanas sostienen que Morales pretende dividir el territorio de Perú, promoviendo la secesión a través de la creación de “Runasur”, una región andina que supuestamente incluiría parte del sur andino peruano con Bolivia.
“El único separatismo en Perú es causado por el racismo, la exclusión y discriminación de los grupos de poder de Lima contra su propio pueblo. En el fondo, la derecha no acepta que los indígenas, los vilipendiados por su color de piel, apellido o lugar de origen lleguen al poder”, replicó Morales el fin de semana.
El año pasado, el Parlamento, controlado por la derecha, declaró a Morales persona non grata.
La prohibición de su ingreso a Perú era reclamada desde el Congreso, convertido en principal punto de apoyo de Dina Boluarte.
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