El Congreso de Perú aprobó el pasado viernes la moción 5607, en la que establece que Gustavo Petro pasa a ser persona no grata para el país andino. Esta decisión se fundamentó en las repetidas ocasiones en que el presidente colombiano ha criticado los asuntos internos del país y, más recientemente, a la Policía Nacional, equiparando su accionar con el nazismo, según dijo en un pronunciamiento público.
Las “inaceptables declaraciones” de Petro frente a los asuntos internos de Perú valieron para que, en una sesión plenaria, 72 congresistas (más del 50 %) votaran a favor de declararlo no grato y para que “no ingrese al territorio nacional”.
Mauricio Jaramillo, experto en asuntos latinoamericanos, considera hay varias cosas que aún están por definirse. En primer lugar, Dina Boluarte no es una presidenta “en un mandato pleno”, debido a que, por ser la vicepresidenta electa, cumplió su función constitucional de reemplazar a Pedro Castillo, quien fue capturado por intentar disolver el Congreso. Después fue inhabilitado para fungir como mandatario, ordenado a prisión preventiva durante 18 meses y ahora puede ser acusado de corrupción y organización criminal.
“Esta fue una decisión que tomó el Congreso. Como Perú está en un interinato, el Legislativo tiene más atribuciones en política exterior. Por ende, Boluarte está en el deber de adelantar una acción en la que se declare a Petro persona no grata”, oficialmente, explica el analista. Es decir que esta medida de los legisladores debe contar con una “sanción presidencial”, como se le conoce en Colombia, para que sea ratificada.
La explicación de Jaramillo se complementa con la que ofreció el internacionalista Farid Kahhat para la cadena peruana ATV, en la que indicó que “lo que dijo Petro ha sido un acto de injerencia (…) Sin embargo, quien declara persona no grata es el Ejecutivo, no el Congreso”. Hasta el momento, los únicos pronunciamientos de Boluarte versaron sobre decirle al jefe de Estado de Colombia “que se dedique a gobernar”.
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El impacto en las relaciones binacionales
Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia asegura que esta decisión legislativa “no afecta la histórica relación” entre Bogotá y Lima, los analistas indican que habrá efectos entre ambos países. Para Luis Alberto Villamarín, presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación “si habrá repercusiones”.
Lo decidido por los congresistas “no puede tomarse simplemente como una respuesta oficial de un Estado contra un mandatario”, asegura Villamarín. Sin embargo, el analista cree que “generará roces en organismos multilaterales” en los cuales estén presentes funcionarios de Colombia y Perú. “A menos que ocurra algo más a mediano plazo, no habrá ruptura de relaciones diplomáticas”.
Por ejemplo, en el calendario de los próximos meses está el encuentro de la Comunidad Andina y de la Alianza del Pacífico, cumbres que Perú presidirá. Además, Jaramillo indica que Colombia tenía gabinete binacional con Perú (el mecanismo más alto de coordinación entre dos países), algo que, obviamente, ya no va a ocurrir”.
“No recuerdo una crisis diplomática tan dura entre Colombia y Perú desde la guerra (en la década de los 30)”, opina Jaramillo, que cataloga esta nueva espiral de tensiones como “un escenario muy grave (…) Nos mete en una crisis diplomática que es muy poco probable que se solucione”, explica el analista.
La América Latina unida se desvanece
No es la primera vez que el círculo político de Perú dicta una medida de este tipo contra algún líder en el continente. A finales de 2022, el parlamento aprobó una moción que rechazaba los “constantes actos de intromisión” de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Además, Evo Morales, exmandatario de Bolivia, y Pablo Monroy, embajador en Lima, también fueron declarados personas non gratas por buscar “desequilibrar el orden interno del país”.
Esta serie de medidas hacen que la idea de unificar Latinoamérica empiece a perder peso. Jaramillo cree que “esto que sucede solo atrofia la idea de integración latinoamericana de Petro”. Incluso, en México, López Obrador ha negado entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú por considerarlo “un gobierno espurio”.
“Es un desafortunado suceso” lo que sucede en la región, explica Villamarín. En su opinión, si no se solucionan “las diferencias mutuas, probablemente escalarán en escenarios inconvenientes para la armonía entre los gobiernos y los necesarios procesos integradores” en Latinoamérica, explica.
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Las razones ocultas
Ambos analistas coinciden en que los trámites por parte de algunos legisladores peruanos buscan efectos secundarios. Jaramillo plantea que los avances del Congreso “van a buscar generar un antecedente para que otros gobiernos de la región (como Brasil, Chile o Argentina) dejen de opinar sobre la situación de derechos humanos en Perú”. Este es un panorama que ha sido denunciado por Amnistía Internacional al evidenciar “represión letal” y un “marcado sesgo racista” en las protestas del país.
Aunque reconoce que “el único que ha hecho declaraciones tan fuertes es Petro”, el analista explica que “nunca los ha regulado y tampoco ha pedido disculpas”. En entrevistas, “López Obrador, Fernández (presidente de Argentina) y Lula da Silva han hablado de la necesidad de medir la fuerza y los derechos humanos”, asegura Jaramillo.
Villamarín, por su parte, entiende que esta situación solo se puede resolver si “Petro acude a la sensatez protocolaria (…) así bajará la temperatura del tema”. No obstante, considera que esta aprobación en el Congreso “podría usarse como argumento para generar sentimientos nacionalistas en medio de grandes crisis como la de Perú (…) Es una oportunidad para demostrar políticamente que los legisladores están defendiendo su patria y requieren respaldo popular”.
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