Petro pide perdón por magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse
De esta manera, el nuevo gobierno está sentando postura oficial ante el magnicidio ocurrido el año pasado.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este miércoles que pidió perdón a Haití por el asesinato hace un año de su presidente Jovenel Moïse, crimen por el que están presos en Puerto Príncipe 18 mercenarios colombianos.
"Hoy le pedí perdón a Haití por el asesinato de su presidente cometido por mercenarios colombianos", escribió en Twitter el jefe de Estado que está en Nueva York en donde participó en la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas.
El pedido de perdón se constituye en la postura oficial del nuevo Gobierno colombiano con respecto al magnicidio, del cual están acusados militares retirados del Ejército colombiano que esperan el juicio en Haití.
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Las familias de los detenidos abogan por un juicio justo, pues las investigaciones del caso no han tenido avances.
Según la Policía haitiana, 18 militares retirados colombianos fueron capturados por tras el asesinato de Moise, el 7 de julio de 2021, y otros 3 fueron abatidos.
Recomendamos: Así es la vida en Haití tras el asesinato del presidente
De acuerdo con las investigaciones, el magnicidio fue cometido por un comando de 26 mercenarios colombianos que irrumpieron de madrugada en la residencia presidencial, sin hallar resistencia por parte de las fuerzas de seguridad que custodiaban la mansión, situada en el sector de Pelerin, en Puerto Príncipe.
En agosto del año pasado, la Defensoría del Pueblo de Colombia denunció que los 18 exmilitares colombianos estaban hacinados, incomunicados y permanecían esposados en la cárcel desde su arresto. Además, los familiares en Colombia han denunciado torturas y condiciones infrahumanas.
La Defensoría insistió en que se les preste asistencia jurídica ya que, según dijo, se les desconocen derechos fundamentales.
Las investigaciones para el esclarecimiento del crimen están en punto muerto, los instigadores y los motivos del crimen siguen sin conocerse y el clima político y la estabilidad de Haití siguen deteriorándose.
Los procesos judiciales posteriores para los casi 40 implicados, incluidos la veintena de exsoldados colombianos, realizados tanto en Haití como en Estados Unidos, han avanzado con extrema lentitud.
Lea también: Haití: entre el olvido, la impunidad y las ansias de huir
La posible participación del primer ministro Ariel Henry en el asesinato ha frenado aún más la investigación judicial.
En abril, un juez estadounidense propinó un duro golpe a quienes tenían esperanzas de que el proceso judicial en curso en Estados Unidos pudiera explicar lo que sucedió realmente en el asesinato de Moïse, al clasificar como secretas algunas de las pruebas.
El magistrado tomó esa medida porque entre los acusados figuran dos antiguos informantes de la agencia antidrogas estadounidense DEA y un exinformante del FBI.
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El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este miércoles que pidió perdón a Haití por el asesinato hace un año de su presidente Jovenel Moïse, crimen por el que están presos en Puerto Príncipe 18 mercenarios colombianos.
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El pedido de perdón se constituye en la postura oficial del nuevo Gobierno colombiano con respecto al magnicidio, del cual están acusados militares retirados del Ejército colombiano que esperan el juicio en Haití.
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De acuerdo con las investigaciones, el magnicidio fue cometido por un comando de 26 mercenarios colombianos que irrumpieron de madrugada en la residencia presidencial, sin hallar resistencia por parte de las fuerzas de seguridad que custodiaban la mansión, situada en el sector de Pelerin, en Puerto Príncipe.
En agosto del año pasado, la Defensoría del Pueblo de Colombia denunció que los 18 exmilitares colombianos estaban hacinados, incomunicados y permanecían esposados en la cárcel desde su arresto. Además, los familiares en Colombia han denunciado torturas y condiciones infrahumanas.
La Defensoría insistió en que se les preste asistencia jurídica ya que, según dijo, se les desconocen derechos fundamentales.
Las investigaciones para el esclarecimiento del crimen están en punto muerto, los instigadores y los motivos del crimen siguen sin conocerse y el clima político y la estabilidad de Haití siguen deteriorándose.
Los procesos judiciales posteriores para los casi 40 implicados, incluidos la veintena de exsoldados colombianos, realizados tanto en Haití como en Estados Unidos, han avanzado con extrema lentitud.
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La posible participación del primer ministro Ariel Henry en el asesinato ha frenado aún más la investigación judicial.
En abril, un juez estadounidense propinó un duro golpe a quienes tenían esperanzas de que el proceso judicial en curso en Estados Unidos pudiera explicar lo que sucedió realmente en el asesinato de Moïse, al clasificar como secretas algunas de las pruebas.
El magistrado tomó esa medida porque entre los acusados figuran dos antiguos informantes de la agencia antidrogas estadounidense DEA y un exinformante del FBI.
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