Piden a la Justicia argentina que ordene la detención de Nicolás Maduro
Según uno de los representantes legales, sobre la base del principio de jurisdicción universal de los derechos humanos, Argentina tiene la posibilidad de ordenar la captura de “los máximos responsables de la peor dictadura cívico-militar en la historia de Latinoamérica, que ha transformado a Venezuela en sinónimo de diáspora, tortura y muerte”.
Ciudadanos venezolanos, el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y la Fiscalía solicitaron este martes a la Justicia del país suramericano que ordene el arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el marco de un proceso abierto en tribunales argentinos por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El pedido fue formalizado durante una audiencia celebrada este martes en los tribunales federales de Buenos Aires.
El abogado Tomás Farini Duggan, representante legal del FADD, querellante en este caso, pidió a los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens “que se ordene la detención de todos los imputados, de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y de todos los demás responsables de las principales fuerzas de seguridad en Venezuela”.
Farini Duggan resaltó que la Justicia argentina está "ante un momento histórico" porque, sobre la base del principio de jurisdicción universal de los derechos humanos, tiene la posibilidad de ordenar la captura de "los máximos responsables de la peor dictadura cívico-militar en la historia de Latinoamérica, que ha transformado a Venezuela en sinónimo de diáspora, tortura y muerte".
En la audiencia también expusieron sus testimonios cinco venezolanas que denunciaron haber sido víctimas en su país de persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas.
"Maduro comete crímenes de lesa humanidad. Por eso pedimos que inmediatamente se le ponga una orden de captura, para que cese la persecución en Venezuela", declaró Víctor Navarro, quien estuvo preso en El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y sindicada por los denunciantes como el mayor centro de torturas de Caracas.
Por su parte, Mariangel Navas denunció que "en Venezuela se tortura, se secuestra y se mata por pensar distinto".
"Por eso estamos pidiendo en Argentina que a los responsables del régimen de Nicolás Maduro se les llame a indagatoria y haya justicia para las víctimas en Venezuela", dijo la joven venezolana.
A la petición de la querella se sumaron los fiscales argentinos Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe, quienes argumentaron que el Poder Judicial venezolano no actúa de forma independiente.
Según informaron los querellantes, en la audiencia de este martes también estuvieron presentes la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich; el diputado Fernando Iglesias, presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara de Diputados de Argentina; y el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y presidente del FAAD, Waldo Wolff, entre otros.
La denuncia contra Maduro por crímenes de lesa humanidad fue presentada en enero de 2023 ante la Justicia de Argentina por el FADD, sobre la base del principio de jurisdicción universal que permite a los países investigar y enjuiciar a responsables por graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido.
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Ciudadanos venezolanos, el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y la Fiscalía solicitaron este martes a la Justicia del país suramericano que ordene el arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el marco de un proceso abierto en tribunales argentinos por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El pedido fue formalizado durante una audiencia celebrada este martes en los tribunales federales de Buenos Aires.
El abogado Tomás Farini Duggan, representante legal del FADD, querellante en este caso, pidió a los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens “que se ordene la detención de todos los imputados, de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y de todos los demás responsables de las principales fuerzas de seguridad en Venezuela”.
Farini Duggan resaltó que la Justicia argentina está "ante un momento histórico" porque, sobre la base del principio de jurisdicción universal de los derechos humanos, tiene la posibilidad de ordenar la captura de "los máximos responsables de la peor dictadura cívico-militar en la historia de Latinoamérica, que ha transformado a Venezuela en sinónimo de diáspora, tortura y muerte".
En la audiencia también expusieron sus testimonios cinco venezolanas que denunciaron haber sido víctimas en su país de persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas.
"Maduro comete crímenes de lesa humanidad. Por eso pedimos que inmediatamente se le ponga una orden de captura, para que cese la persecución en Venezuela", declaró Víctor Navarro, quien estuvo preso en El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y sindicada por los denunciantes como el mayor centro de torturas de Caracas.
Por su parte, Mariangel Navas denunció que "en Venezuela se tortura, se secuestra y se mata por pensar distinto".
"Por eso estamos pidiendo en Argentina que a los responsables del régimen de Nicolás Maduro se les llame a indagatoria y haya justicia para las víctimas en Venezuela", dijo la joven venezolana.
A la petición de la querella se sumaron los fiscales argentinos Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe, quienes argumentaron que el Poder Judicial venezolano no actúa de forma independiente.
Según informaron los querellantes, en la audiencia de este martes también estuvieron presentes la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich; el diputado Fernando Iglesias, presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara de Diputados de Argentina; y el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y presidente del FAAD, Waldo Wolff, entre otros.
La denuncia contra Maduro por crímenes de lesa humanidad fue presentada en enero de 2023 ante la Justicia de Argentina por el FADD, sobre la base del principio de jurisdicción universal que permite a los países investigar y enjuiciar a responsables por graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido.
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