De acuerdo con la Defensoría del Pueblo en Colombia, 16 civiles y un policía murieron en las manifestaciones que empezaron el 28 de abril en todo el país. El ministerio de Defensa contabilizó 846 personas lesionadas, de las cuales 306 son civiles. Las autoridades capturaron a 431 personas durante los desmanes y el gobierno ordenó desplegar militares a las ciudades más afectadas. Algunas oenegés acusan a la policía de disparar contra civiles.
Tras cinco días de protestas contra la polémica reforma tributaria, que el presidente Iván Duque retiró este domingo, hechos violentos estallaron por todo el país. Hechos, que fueron condenados por varias organizaciones de derechos humanos.
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La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización líder en investigación y promoción de derechos humanos en las Américas, condenó la violencia y le pidió al gobierno de Estados Unidos, liderado por Joe Biden, así como al Congreso del país condenar los excesos policiales.
“Ante estos hechos, que han dejado decenas de muertos y heridos, WOLA pide al gobierno de Biden y al Congreso de Estados Unidos que condenar los excesos policiales, distanciar a Estados Unidos de la retórica incendiaria de los funcionarios, y exigir al gobierno colombiano reformar el ESMAD y que responsabilizar a quienes han violado los derechos humanos desde el inicio de las protestas el 28 de abril”.
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Wola rechazó también las declaraciones de algunas figuras públicas, que dicen, “reaccionaron a las protestas agravando la violencia, estigmatizando a los manifestantes y sirviendo a una agenda más amplia contra los Acuerdos de Paz, por ejemplo, atacando a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.
Llama la atención sobre “los problemáticos tuits del ministro de Defensa, Diego Molano, en los que igualaba a la Minga, una acción de protesta colectiva indígena pacífica, con ser terroristas, y los tuits del expresidente Álvaro Uribe, eliminados posteriormente por Twitter por violar las políticas de la comunidad que prohíben glorificar la violencia, en los que defendía el uso de armas de fuego por parte de la policía contra los manifestantes, alimentaron la represión contra estos”.
La organización cita datos de la Campaña para Defender la Vida, según los cuales, “hasta el momento las fuerzas de seguridad pública son responsables de 21 homicidios, varios de los cuales eran jóvenes; 208 personas heridas, incluidos 18 casos de lesiones oculares graves; 42 agresiones y abusos cometidos contra defensores de los derechos humanos y periodistas; 10 casos de agresiones sexuales contra mujeres; y 503 detenciones, en su mayoría arbitrarias.
Según la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos, La respuesta de la policía a las protestas que tomaron lugar en todo el país en noviembre de 2019, septiembre de 2020, y abril a mayo de 2021, nos obligan a reexaminar la necesidad de mayor rigurosidad en condicionar a la protección de derechos humanos, la asistencia estadounidense que beneficia a la Policía Nacional de Colombia.
“El ESMAD no debe recibir asistencia de Estados Unidos, ya que tiene un historial atroz de cometer graves violaciones de los derechos humanos con impunidad. Cualquier ayuda al ESMAD probablemente sea y deberá seguir siendo considerada una violación de la Ley Leahy, la cual prohíbe la financiación estadounidense a fuerzas de seguridad implicadas en violaciones de derechos humanos. WOLA recomienda firmemente que se suspenda la venta de materiales antidisturbios a Colombia hasta que se demuestre una adhesión más estricta a los procedimientos adecuados para la desescalada y el uso de la fuerza letal y no letal”, señala la ONG.