Piden destitución del presidente Piñera en Chile por Pandora Papers
La acusación, llevada a cabo por “faltar a la probidad y comprometer el honor de la nación”, necesitará de 78 votos para ser aprobada en su fondo. Entre la notificación al mandatario, el tiempo que tiene para realizar su defensa y la deliberación de la comisión, la votación puede tomar lugar el 8 de noviembre.
Diputados de todos los partidos de la oposición chilena presentaron al Congreso una acusación para destituir al presidente del país, Sebastián Piñera, por la polémica venta de una minera en un paraíso fiscal revelada en los Pandora Papers. El presidente Piñera usó “su cargo para negocios personales”, dijo el diputado Tomás Hirsch al presentar la acusación en la Cámara Baja, siendo el primer paso del proceso de destitución que podría prolongarse por varias semanas, se lee en AFP.
Los firmantes son Emilia Nuyado y Raúl Leiva del Partido Socialista, Marcela Hernando por los radicales, Andrea Parra del PPD y Daniel Núñez del Partido Comunista. Junto a ellos están Gabriel Silber (DC), Pablo Vidal (Nuevo Trato), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Claudia Mix (Comunes), además de Catalina Pérez (Revolución Democrática), Marcelo Díaz (Movimiento Unir) y Gael Yeomans (Convergencia Social). También están las firmas de Tomás Hirsh (Acción Humanista), Pamela Jiles (Partido Humanista) y Félix González (Ecologistas).
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La acusación, llevada a cabo por “faltar a la probidad y comprometer el honor de la nación”, necesitará de 78 votos para ser aprobada en su fondo. A las 10:00 a.m., hora chilena, comenzará la sesión en la que se realizará el sorteo para nominar a quienes deben revisar el documento. Dentro de los próximo tres días el presidente Piñera será notificado y tendrá un margen de otros diez para presentar su defensa. Posteriormente, la comisión encargada del caso tendrá seis días para resolver, por lo que la votación se estaría dando el 8 de noviembre.
La acción llega después de que la Fiscalía chilena optara por abrir una investigación de oficio contra el presidente por presuntas irregularidades en la venta en 2010 en Islas Vírgenes Británicas de sus acciones en un megaproyecto minero.
Según se lee en EFE, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot, reveló que Minera Dominga se vendió en 2010 al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano en una operación de 152 millones de dólares realizada en parte en el paraíso fiscal caribeño. El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural con pingüinos únicos, según el ICIJ. La protección ambiental dependía de Piñera, quien había asumido el poder para su primer mandato apenas unos meses antes de la venta del proyecto, que actualmente está aprobado por un tribunal regional ambiental pero pendiente de recursos por la Corte Suprema.
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La investigación de la fiscalía tiene por objetivo determinar si el contrato de venta preveía efectivamente la cláusula de la última cuota, además, porque según la fiscal, “el contrato en inglés en las Islas Vírgenes Británicas no estaba incorporado en la investigación de 2017, por lo tanto es un antecedente nuevo”. De acuerdo al mandatario, la venta de la minera la realizó su fideicomiso ciego y él no fue ni consultado ni informado “precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de intereses”, se lee en EFE.
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Diputados de todos los partidos de la oposición chilena presentaron al Congreso una acusación para destituir al presidente del país, Sebastián Piñera, por la polémica venta de una minera en un paraíso fiscal revelada en los Pandora Papers. El presidente Piñera usó “su cargo para negocios personales”, dijo el diputado Tomás Hirsch al presentar la acusación en la Cámara Baja, siendo el primer paso del proceso de destitución que podría prolongarse por varias semanas, se lee en AFP.
Los firmantes son Emilia Nuyado y Raúl Leiva del Partido Socialista, Marcela Hernando por los radicales, Andrea Parra del PPD y Daniel Núñez del Partido Comunista. Junto a ellos están Gabriel Silber (DC), Pablo Vidal (Nuevo Trato), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Claudia Mix (Comunes), además de Catalina Pérez (Revolución Democrática), Marcelo Díaz (Movimiento Unir) y Gael Yeomans (Convergencia Social). También están las firmas de Tomás Hirsh (Acción Humanista), Pamela Jiles (Partido Humanista) y Félix González (Ecologistas).
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La acusación, llevada a cabo por “faltar a la probidad y comprometer el honor de la nación”, necesitará de 78 votos para ser aprobada en su fondo. A las 10:00 a.m., hora chilena, comenzará la sesión en la que se realizará el sorteo para nominar a quienes deben revisar el documento. Dentro de los próximo tres días el presidente Piñera será notificado y tendrá un margen de otros diez para presentar su defensa. Posteriormente, la comisión encargada del caso tendrá seis días para resolver, por lo que la votación se estaría dando el 8 de noviembre.
La acción llega después de que la Fiscalía chilena optara por abrir una investigación de oficio contra el presidente por presuntas irregularidades en la venta en 2010 en Islas Vírgenes Británicas de sus acciones en un megaproyecto minero.
Según se lee en EFE, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot, reveló que Minera Dominga se vendió en 2010 al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano en una operación de 152 millones de dólares realizada en parte en el paraíso fiscal caribeño. El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural con pingüinos únicos, según el ICIJ. La protección ambiental dependía de Piñera, quien había asumido el poder para su primer mandato apenas unos meses antes de la venta del proyecto, que actualmente está aprobado por un tribunal regional ambiental pero pendiente de recursos por la Corte Suprema.
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La investigación de la fiscalía tiene por objetivo determinar si el contrato de venta preveía efectivamente la cláusula de la última cuota, además, porque según la fiscal, “el contrato en inglés en las Islas Vírgenes Británicas no estaba incorporado en la investigación de 2017, por lo tanto es un antecedente nuevo”. De acuerdo al mandatario, la venta de la minera la realizó su fideicomiso ciego y él no fue ni consultado ni informado “precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de intereses”, se lee en EFE.
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