Piden destituir a Dina Boluarte en Perú por el “caso Rolex”
Cerca de la medianoche del 30 de marzo las autoridades peruanas registraron el inmueble y el despacho presidencial de la mandataria peruana en busca de los relojes de lujo cuya procedencia no había sido declarada. Hasta el momento, ni el Ministerio Público, ni las autoridades, han presentado un reporte oficial sobre la intervención.
El partido peruano Perú Libre presentó este sábado una moción de destitución contra la presidenta Dina Boluarte, antigua integrante de la organización, tras el allanamiento de su domicilio y el Palacio de Gobierno como parte de una investigación preliminar fiscal por un supuesto delito de enriquecimiento ilícito.
Todo comenzó el 14 de marzo cuando se compartió un análisis fotográfico, hecho por Ernesto Cabral del medio La Encerrona, donde se veía a Boluarte, cuando era ministra, con una amplia colección de relojes de lujo que no habían sido declarados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El mismo día en que se conoció el escándalo, el periodista Alonso Ramos reveló que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien había sido acusado en el pasado por obsequiar relojes de alta gama a dos jueces de la Corte Superior de Justicia de Huamanga a cambio de beneficios, había estado en el despacho de la mandataria.
Tras el informe, el 18 de marzo, Boluarte comenzó a ser investigada por la Fiscalía por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos. Una semana después, el 22 de marzo, la mandataria negó tener irregularidades en su patrimonio y explicó que los bienes en cuestión eran antiguos y fruto de su trabajo.
Con la noticia del allanamiento, el primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, consideró un “atropello a la dignidad” de la presidenta. Algunos congresistas como el conservador Diego Bazán lo tildaron como “un espectáculo lamentable, muy distante a la verdadera búsqueda de justicia”, mientras que otros manifestaron su deseo de apoyar una destitución de la mandataria y la celebración de nuevas elecciones.
En caso de que Boluarte sea acusada formalmente, solo podrá ser sometida a juicio cuando termine su mandato en julio de 2026, según fija la Constitución. Sin embargo, si la moción que presentó el partido Perú Libre, que debe ser sometida a aprobación del Legislativo, deriva en la destitución de la mandataria, el resultado puede ser diferente.
Horas después la presidenta se manifestó diciendo que ve arbitrario y abusivo el allanamiento de su casa por la investigación por corrupción.
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El mismo día en que se conoció el escándalo, el periodista Alonso Ramos reveló que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien había sido acusado en el pasado por obsequiar relojes de alta gama a dos jueces de la Corte Superior de Justicia de Huamanga a cambio de beneficios, había estado en el despacho de la mandataria.
Tras el informe, el 18 de marzo, Boluarte comenzó a ser investigada por la Fiscalía por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos. Una semana después, el 22 de marzo, la mandataria negó tener irregularidades en su patrimonio y explicó que los bienes en cuestión eran antiguos y fruto de su trabajo.
Con la noticia del allanamiento, el primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, consideró un “atropello a la dignidad” de la presidenta. Algunos congresistas como el conservador Diego Bazán lo tildaron como “un espectáculo lamentable, muy distante a la verdadera búsqueda de justicia”, mientras que otros manifestaron su deseo de apoyar una destitución de la mandataria y la celebración de nuevas elecciones.
En caso de que Boluarte sea acusada formalmente, solo podrá ser sometida a juicio cuando termine su mandato en julio de 2026, según fija la Constitución. Sin embargo, si la moción que presentó el partido Perú Libre, que debe ser sometida a aprobación del Legislativo, deriva en la destitución de la mandataria, el resultado puede ser diferente.
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