Planificación, un derecho que se escapa del bolsillo de los venezolanos

“Me hice una vasectomía por decisión propia, porque no quiero tener más hijos, porque la situación económica afecta a todas las familias venezolanas; esta crisis cada día está más difícil”, señala Darwin Cordero. Como él, decenas de venezolanos, cada vez más jóvenes, están tomando la decisión de realizarse este procedimiento quirúrgico. Cuenta el urólogo Douglas Ramírez que ha llegado a atender cerca de 30 esterilizaciones al día. Pero es difícil dar con datos precisos, debido a que el gobierno dejó de publicarlos hace cinco años.

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“Se habla más de la vasectomía, hay más hombres que vienen a solicitarla, y chicos muy jóvenes. Esto apunta a que el cuidado masculino está siendo una prioridad que antes era de cuestión solo de mujeres, pero también es una muestra de que las condiciones en nuestro país, y el desabastecimiento de comida y servicios por la crisis humanitaria que se vive, hace que muchos piensen en la idea de no ser padres”, señala Nelmary Díaz, de la Asociacion de Planificacion Familiar (Plafam), quien advierte que la organización solo puede dar una pequeña radiografía del panorama en el país.

Ydielyn Rico, coordinadora del programa de vasectomías y esterilizaciones de Plafam en 2019, explicó: “Hemos recibido a muchachos de 17 años que quieren esterilizarse motivados por el tema del país. Son chicos que hablan de la niñez abandonada y que muestran argumentos para justificar su decisión, pero esterilizamos a partir de los 24 años en adelante”, le dijo Rico al medio local Crónica Uno. A todos los pacientes, dice Plafam, se les hace un acompañamiento y se les explica de qué trata la decisión que están a punto de tomar. Además, la ley, como apunta Rico, pone limitaciones a estas prácticas.

El aumento en las esterilizaciones de hombres, un 19 % entre 2019 y 2020 según Plafam, se debe a que, por un lado, este método ha dejado de verse como un tabú en el país. Pero esencialmente a la crisis humanitaria que afronta y a que esta derivó en una escasez de anticonceptivos en el país. El gobierno hizo su última compra para saciar la demanda de anticonceptivos en 2015.

En 2018, a excepción de los condones, el í́ndice de Escasez de Mé́todos Anticonceptivos (IEMA) en cinco ciudades de Venezuela alertó que la insuficiencia era superior al 75 %, de acuerdo con fuentes citadas por Profamilia. Acceder a servicios de salud sexual y reproductiva en un país donde el salario mínimo mensual no supera los US$4,00 es una odisea: comprar una caja de condones cuesta 3’000.000 de bolívares (US $1,60), y los anticonceptivos orales se acercan a los 4’000.000 de bolívares (US$2,14), más de la mitad de un salario mínimo. En este contexto no es raro pensar que las cifras de embarazo adolescente son elevadas y la tasa de fecundidad en adolescentes en Venezuela es del 85,3 %, una de las más altas de la región, de acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa). Aunque las mujeres están teniendo menos hijos, los están teniendo muy temprano. Esto, al final de cuentas, perpetúa el ciclo de pobreza, ya que se traduce en falta de desarrollo de la mujer, porque obstaculiza su período de crecimiento y hace aún más difícil que acceda al mercado laboral.

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La crisis económica en el país llegó a tal punto, que el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores de Venezuela (Cenda) advirtió en febrero de este año que el salario mínimo solo alcanzaba para el 0,3 % de la canasta básica familiar. En otras palabras, una familia necesita noventa salarios mínimos para poder comprar alimentos como carne, huevos o pescado. Esto sin contar que la tasa de desempleo se acerca al 45 %, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). La decisión para muchos venezolanos entonces es comer o comprar anticonceptivos.

Todo esto se transforma en problemas mayores: cada vez son más las mujeres que recurren a abortos clandestinos que pueden costarles la vida. La situación es tan grave, que por cada cuatro partos se registra un aborto, de acuerdo con un estudio realizado en cuatro hospitales venezolanos en 2019 por la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa). El artículo 432 del Código Penal de Venezuela regula el aborto en el país; estamos hablando de una legislación del siglo XIX que no contempla ningún supuesto, ni siquiera el de violación. A esto se suma que los centros de salud no tienen la infraestructura básica, el personal médico capacitado, ni los medicamentos necesarios para atender a las mujeres. “Las últimas estadísticas oficiales muestran que las tasas de mortalidad materna aumentaron en un 65 % entre 2015 y 2016”, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Expertos aseguran que el problema no es nuevo, y que no siempre la crisis actual es la culpable de todos los males. “El embarazo adolescente es uno de los problemas más estructurales que ha padecido el país. Las elevadas tasas no son producto de la crisis económica, no es un problema de reciente data, ni coyuntural, lleva por lo menos 50 años sin modificarse”, explicó Jorge González Caro, representante nacional del Unfpa en Venezuela. De hecho, Gisela Díaz, entonces directora ejecutiva de Plafam, explicó en un medio local que en 1999, el 20 % de los embarazos en Venezuela eran de adolescentes menores de 18 años, y que el Estado solo brindaba asistencia y orientación al 14 % de las mujeres en edad fértil.

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Ante la escasez de anticonceptivos, la esterilización ha aparecido como la opción más viable para las parejas. Algo similar ha ocurrido con las mujeres. El uso de la esterilización es más frecuente por el bajo acceso a otros métodos, y por una baja participación masculina en la anticoncepción, de acuerdo con la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa). Los datos más recientes del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en 2010, arrojan que el 26 % de las mujeres optaron por esterilización quirúrgica. Acceder a una esterilización, sin embargo, no es fácil. Por un lado, en el país hay una hiperinflación tan grande, que ha encarecido estos procedimientos en el sector privado, por el otro, la pandemia de coronavirus ha llevado a que los centros de salud pública que prestaban estos servicios reduzcan sus operaciones, pues deben enfocarse en el tratamiento de los pacientes con COVID-19.

Plafam ha dispuesto para la población unos precios mucho más económicos que los que se encuentran en el servicio público. Una vasectomía en esta organización cuesta alrededor de 4’000.000 de bolívares, aproximadamente US$22, pues Plafam asume los costos del procedimiento y los pacientes solo pagan los preoperatorios. Pero este costo sigue siendo muy alto para la población. El precio de una esterilización para mujeres es más elevado, lo que lleva a que las parejas que ya tienen hijos o que no desean tener tomen una decisión conjunta para que sea el hombre el que se opere.

Las esterilizaciones quirúrgicas son un método anticonceptivo de elección válido. Sin embargo, que estas decisiones se estén tomando por una crisis humanitaria sin precedentes demuestra, una vez más, la incapacidad del Estado de proteger los derechos a la salud sexual y reproductiva. “Preocupa que la decisión la estén tomando en base al temor de tener un embarazo no deseado y al desespero derivado de no contar con otros métodos. Con esto queda claro que no se trata de una decisión libre, y no se sabe hasta qué punto está informada, de las mujeres”, se lee en el informe de Avesa.

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El temor a un embarazo no deseado debido a la incapacidad para responder por la paternidad es el reflejo de la crisis que se vive en el país y demuestra que el estado está fallando en la protección de los derechos a la salud sexual y reproductiva. Advierte la socióloga Betty Núñez, directora de la ONG Comunidades 180, que esta situación podría conducir a un cambio estructural en la sociedad venezolana, pues quienes están buscando la esterilización son los más jóvenes, y Venezuela en la actualidad ya se enfrenta a un problema grande por el envejecimiento de su población debido a la diáspora de nacionales que obliga al Estado a repensar las políticas para atender las necesidades personales de los grupos de mayor edad.

“Me hice una vasectomía por decisión propia, porque no quiero tener más hijos, porque la situación económica afecta a todas las familias venezolanas; esta crisis cada día está más difícil”, señala Darwin Cordero. Como él, decenas de venezolanos, cada vez más jóvenes, están tomando la decisión de realizarse este procedimiento quirúrgico. Cuenta el urólogo Douglas Ramírez que ha llegado a atender cerca de 30 esterilizaciones al día. Pero es difícil dar con datos precisos, debido a que el gobierno dejó de publicarlos hace cinco años.

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“Se habla más de la vasectomía, hay más hombres que vienen a solicitarla, y chicos muy jóvenes. Esto apunta a que el cuidado masculino está siendo una prioridad que antes era de cuestión solo de mujeres, pero también es una muestra de que las condiciones en nuestro país, y el desabastecimiento de comida y servicios por la crisis humanitaria que se vive, hace que muchos piensen en la idea de no ser padres”, señala Nelmary Díaz, de la Asociacion de Planificacion Familiar (Plafam), quien advierte que la organización solo puede dar una pequeña radiografía del panorama en el país.

Ydielyn Rico, coordinadora del programa de vasectomías y esterilizaciones de Plafam en 2019, explicó: “Hemos recibido a muchachos de 17 años que quieren esterilizarse motivados por el tema del país. Son chicos que hablan de la niñez abandonada y que muestran argumentos para justificar su decisión, pero esterilizamos a partir de los 24 años en adelante”, le dijo Rico al medio local Crónica Uno. A todos los pacientes, dice Plafam, se les hace un acompañamiento y se les explica de qué trata la decisión que están a punto de tomar. Además, la ley, como apunta Rico, pone limitaciones a estas prácticas.

El aumento en las esterilizaciones de hombres, un 19 % entre 2019 y 2020 según Plafam, se debe a que, por un lado, este método ha dejado de verse como un tabú en el país. Pero esencialmente a la crisis humanitaria que afronta y a que esta derivó en una escasez de anticonceptivos en el país. El gobierno hizo su última compra para saciar la demanda de anticonceptivos en 2015.

En 2018, a excepción de los condones, el í́ndice de Escasez de Mé́todos Anticonceptivos (IEMA) en cinco ciudades de Venezuela alertó que la insuficiencia era superior al 75 %, de acuerdo con fuentes citadas por Profamilia. Acceder a servicios de salud sexual y reproductiva en un país donde el salario mínimo mensual no supera los US$4,00 es una odisea: comprar una caja de condones cuesta 3’000.000 de bolívares (US $1,60), y los anticonceptivos orales se acercan a los 4’000.000 de bolívares (US$2,14), más de la mitad de un salario mínimo. En este contexto no es raro pensar que las cifras de embarazo adolescente son elevadas y la tasa de fecundidad en adolescentes en Venezuela es del 85,3 %, una de las más altas de la región, de acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa). Aunque las mujeres están teniendo menos hijos, los están teniendo muy temprano. Esto, al final de cuentas, perpetúa el ciclo de pobreza, ya que se traduce en falta de desarrollo de la mujer, porque obstaculiza su período de crecimiento y hace aún más difícil que acceda al mercado laboral.

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La crisis económica en el país llegó a tal punto, que el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores de Venezuela (Cenda) advirtió en febrero de este año que el salario mínimo solo alcanzaba para el 0,3 % de la canasta básica familiar. En otras palabras, una familia necesita noventa salarios mínimos para poder comprar alimentos como carne, huevos o pescado. Esto sin contar que la tasa de desempleo se acerca al 45 %, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). La decisión para muchos venezolanos entonces es comer o comprar anticonceptivos.

Todo esto se transforma en problemas mayores: cada vez son más las mujeres que recurren a abortos clandestinos que pueden costarles la vida. La situación es tan grave, que por cada cuatro partos se registra un aborto, de acuerdo con un estudio realizado en cuatro hospitales venezolanos en 2019 por la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa). El artículo 432 del Código Penal de Venezuela regula el aborto en el país; estamos hablando de una legislación del siglo XIX que no contempla ningún supuesto, ni siquiera el de violación. A esto se suma que los centros de salud no tienen la infraestructura básica, el personal médico capacitado, ni los medicamentos necesarios para atender a las mujeres. “Las últimas estadísticas oficiales muestran que las tasas de mortalidad materna aumentaron en un 65 % entre 2015 y 2016”, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Expertos aseguran que el problema no es nuevo, y que no siempre la crisis actual es la culpable de todos los males. “El embarazo adolescente es uno de los problemas más estructurales que ha padecido el país. Las elevadas tasas no son producto de la crisis económica, no es un problema de reciente data, ni coyuntural, lleva por lo menos 50 años sin modificarse”, explicó Jorge González Caro, representante nacional del Unfpa en Venezuela. De hecho, Gisela Díaz, entonces directora ejecutiva de Plafam, explicó en un medio local que en 1999, el 20 % de los embarazos en Venezuela eran de adolescentes menores de 18 años, y que el Estado solo brindaba asistencia y orientación al 14 % de las mujeres en edad fértil.

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Ante la escasez de anticonceptivos, la esterilización ha aparecido como la opción más viable para las parejas. Algo similar ha ocurrido con las mujeres. El uso de la esterilización es más frecuente por el bajo acceso a otros métodos, y por una baja participación masculina en la anticoncepción, de acuerdo con la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa). Los datos más recientes del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en 2010, arrojan que el 26 % de las mujeres optaron por esterilización quirúrgica. Acceder a una esterilización, sin embargo, no es fácil. Por un lado, en el país hay una hiperinflación tan grande, que ha encarecido estos procedimientos en el sector privado, por el otro, la pandemia de coronavirus ha llevado a que los centros de salud pública que prestaban estos servicios reduzcan sus operaciones, pues deben enfocarse en el tratamiento de los pacientes con COVID-19.

Plafam ha dispuesto para la población unos precios mucho más económicos que los que se encuentran en el servicio público. Una vasectomía en esta organización cuesta alrededor de 4’000.000 de bolívares, aproximadamente US$22, pues Plafam asume los costos del procedimiento y los pacientes solo pagan los preoperatorios. Pero este costo sigue siendo muy alto para la población. El precio de una esterilización para mujeres es más elevado, lo que lleva a que las parejas que ya tienen hijos o que no desean tener tomen una decisión conjunta para que sea el hombre el que se opere.

Las esterilizaciones quirúrgicas son un método anticonceptivo de elección válido. Sin embargo, que estas decisiones se estén tomando por una crisis humanitaria sin precedentes demuestra, una vez más, la incapacidad del Estado de proteger los derechos a la salud sexual y reproductiva. “Preocupa que la decisión la estén tomando en base al temor de tener un embarazo no deseado y al desespero derivado de no contar con otros métodos. Con esto queda claro que no se trata de una decisión libre, y no se sabe hasta qué punto está informada, de las mujeres”, se lee en el informe de Avesa.

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El temor a un embarazo no deseado debido a la incapacidad para responder por la paternidad es el reflejo de la crisis que se vive en el país y demuestra que el estado está fallando en la protección de los derechos a la salud sexual y reproductiva. Advierte la socióloga Betty Núñez, directora de la ONG Comunidades 180, que esta situación podría conducir a un cambio estructural en la sociedad venezolana, pues quienes están buscando la esterilización son los más jóvenes, y Venezuela en la actualidad ya se enfrenta a un problema grande por el envejecimiento de su población debido a la diáspora de nacionales que obliga al Estado a repensar las políticas para atender las necesidades personales de los grupos de mayor edad.