Chile rechazó el proyecto de Constitución, pero anhela un cambio
Chile rechazó en las urnas la propuesta de una nueva Constitución, pero eso no significa que quieran seguir con la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Los chilenos tienen un objetivo claro: un cambio sustancial en su país.
María Paula Ardila
María José Noriega Ramírez
Los chilenos rechazaron este domingo, por una abrumadora mayoría del 62,0 % de los votos, la propuesta de nueva Constitución, de acuerdo con resultados del 98, 08 % de votos escrutados. Esta propuesta buscaba establecer mayores derechos sociales y dejar atrás la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
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Hay incertidumbre, pero es más fuerte la necesidad de reformas
Ahora hay una inflación del 13 % y un aumento en los niveles de inseguridad que están presionando a muchas familias. Sin embargo, con toda esa incertidumbre, y pese a los resultados, los chilenos tienen un objetivo claro: el cambio en su país.
“Estas dos dimensiones se potencian y es bien desestabilizador que en un momento de cambios tan profundos las percepciones de inseguridad y fragilidad estén tan altas. Pero lo cierto es que necesitamos responder a esta crisis coyuntural sin desatender el deseo de cambio que sigue estando ahí”, le comentó a este diario Pía Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público en Chile.
De hecho, una encuesta realizada por Espacio Público e Ipsos Chile, unos días antes de los resultados de este domingo, arrojó que, de aprobarse la propuesta de nueva Constitución, un 84 % indicó que la propuesta debía modificarse en el corto plazo; y de rechazarse, un 86 % señaló que la actual Constitución debería enfrentar reformas.
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Ahora bien, Germán Campos-Herrera, académico e investigador asociado del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales, de la Universidad Diego Portales, no desconoce que hay un miedo latente, un escepticismo y una desconfianza al cambio. “Ello, en buena parte, tiene que ver con la situación económica del país, pues en los indicadores económicos aquella no parece ser la mejor. El chileno promedio prefiere ciertas actitudes conservadoras y, en lugar de las grandes reformas, prefiere que se hagan cosas más mesuradas”, comentó el experto.
Y es que los chilenos enfrentan una situación crítica desde años atrás, que resultó en el estallido social de 2019: en ese momento el incremento en el precio de los pasajes del metro, de 30 pesos, alcanzando un máximo de 830 pesos (US$1,17 aproximadamente), fue la gota que derramó el vaso.
A sus espaldas, los chilenos cargaban con una fuerte desigualdad, representada, por ejemplo, en que el 1 % más adinerado del país se quedó con el 26,5 % de la riqueza en 2017, mientras que el 50 % de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1 % de la riqueza neta del país, según lo reveló el informe Panorama Social de América Latina, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Además, si el salario mínimo era de 301.000 pesos (US$423) y si, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la mitad de los trabajadores recibía un sueldo igual o inferior a 400.000 pesos (US$562) al mes, el incremento en el pasaje del metro resultaba insólito.
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Y en ese contexto, según Germán Campos-Herrera, la Convención Constitucional fue una salida institucional a todo ello. “Había unas demandas pendientes de más de treinta años, pese a que ya había democracia. La Convención intentó capturar buena parte de ese malestar y eso se ve, por ejemplo, en que el texto que se votó, que promovía un Estado de bienestar, una serie de derechos fundamentales (como educación, salud y vivienda) y algunos mecanismos para combatir la corrupción y los abusos”, sostuvo el experto.
Ello trató de responder a las preocupaciones actuales de los ciudadanos: según el informe “Lo que preocupa al mundo”, realizado por la consultora internacional Ipsos, el 38 % de los chilenos se inquietan por la pobreza y la desigualdad, mientras que el 26 % por la corrupción política y financiera. Por encima de ello están el crimen y la violencia, con un 48 %.
Y lo cierto es que esas reformas y esa necesidad de un cambio vienen desde hace años: El texto actual lleva la firma del expresidente Ricardo Lagos, que sacó algunos de los puntos más autoritarios en 2005. Pero en la campaña presidencial de 2009 apareció otra vez esa idea de un nuevo texto, de ahí que en el último gobierno de Michelle Bachelet (2014 - 2018), se llevó a cabo un proceso para una propuesta de nueva Constitución, pero no tuvo mayores avances, pues fue presentado en los últimos días de su administración.
¿Qué sigue?
En términos prácticos, seguirá en vigencia la Constitución de 1980, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Pero algunos analistas dicen que ya no hay vuelta atrás pues, como lo mencionamos, el cambio es inevitable, y en medio de esto, vendrán nuevos interrogantes.
“La gran pregunta es cómo continúa el proceso constituyente. Hay consciencia mayoritaria de que el tema constitucional tiene que ser afrontado, que Chile requiere un nuevo pacto. Uno esperaría que los esfuerzos posteriores a los resultados del plebiscito estén en línea con un nuevo acuerdo que permita darle certidumbre a la ciudadanía sobre cómo esto va a continuar”, sostuvo Pía Mundaca.
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El presidente de Chile, Gabriel Boric, ya había anunciado que el Gobierno convocaría nuevamente a una votación para que los chilenos elijan a los miembros de una segunda Convención Constituyente y así redactar otra propuesta de Constitución. Boric explicó que el proceso se extendería por año y medio más.
“Para que este escenario ocurra, el Congreso debe aprobarlo”, comentó la periodista chilena Antonia Laborde, en una publicación de El País de España. “Desde el Congreso aseguran que están trabajando en una coordinación tripartita entre el Ejecutivo y ambas cámaras (Diputados y Senado) para definir la ruta a seguir”, agregó Laborde.
Pero el reto no solo tiene que ver con lo práctico, y es que si algo dejó el reciente proceso constitucional fue la sombra provocada por algunos cuestionamientos alrededor de su legitimidad. Sobre esto, Campos-Herrera expresó una preocupación común a sus compatriotas: “la percepción era que en la Convención estaban saliendo a flote unos egos personalistas”. Algo que, en últimas, terminó afectando la credibilidad y la confianza en el órgano.
Y en este punto las noticias falsas sobre algunos decretos del nuevo texto jugaron un papel determinante. Por ejemplo, no es verdad que se haya querido acabar con la educación privada. Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, escribió en una columna en El Mercurio que si bien se “privilegia la educación provista por el Estado”, pues se defiende a las instituciones “reconocidas” por él, la educación privada puede derivar de otros derechos fundamentales, como la autonomía o la libertad religiosa.
Por otro lado, aunque durante la discusión convencional se descartó una iniciativa popular que planteaba el carácter “inalienable” de los ahorros de los fondos pensionales, ello no significaba que el nuevo documento apelaría a la pérdida de dichos recursos. “La Convención tuvo que salir constantemente a clarificar, incluso a desmentir estos y varios asuntos más, lo que fue un desgaste para la convención, y que impactó negativamente el proceso”, advirtió Campos-Herrera.
Pía Mundaca sostuvo que todo lo que huele a política está desacreditado y los grandes problemas de la humanidad se resuelven en la cancha política. “Y sí, es un problema grave el nivel de desconfianza que genera lo político. Y esto no se va a resolver de la noche a la mañana; la legitimidad de los partidos y de las instituciones es baja, y eso no se va a revertir con el plebiscito de este domingo, pero tiene que haber un esfuerzo para que esto cambie”, agregó la experta.
Los chilenos rechazaron este domingo, por una abrumadora mayoría del 62,0 % de los votos, la propuesta de nueva Constitución, de acuerdo con resultados del 98, 08 % de votos escrutados. Esta propuesta buscaba establecer mayores derechos sociales y dejar atrás la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
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Hay incertidumbre, pero es más fuerte la necesidad de reformas
Ahora hay una inflación del 13 % y un aumento en los niveles de inseguridad que están presionando a muchas familias. Sin embargo, con toda esa incertidumbre, y pese a los resultados, los chilenos tienen un objetivo claro: el cambio en su país.
“Estas dos dimensiones se potencian y es bien desestabilizador que en un momento de cambios tan profundos las percepciones de inseguridad y fragilidad estén tan altas. Pero lo cierto es que necesitamos responder a esta crisis coyuntural sin desatender el deseo de cambio que sigue estando ahí”, le comentó a este diario Pía Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público en Chile.
De hecho, una encuesta realizada por Espacio Público e Ipsos Chile, unos días antes de los resultados de este domingo, arrojó que, de aprobarse la propuesta de nueva Constitución, un 84 % indicó que la propuesta debía modificarse en el corto plazo; y de rechazarse, un 86 % señaló que la actual Constitución debería enfrentar reformas.
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Ahora bien, Germán Campos-Herrera, académico e investigador asociado del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales, de la Universidad Diego Portales, no desconoce que hay un miedo latente, un escepticismo y una desconfianza al cambio. “Ello, en buena parte, tiene que ver con la situación económica del país, pues en los indicadores económicos aquella no parece ser la mejor. El chileno promedio prefiere ciertas actitudes conservadoras y, en lugar de las grandes reformas, prefiere que se hagan cosas más mesuradas”, comentó el experto.
Y es que los chilenos enfrentan una situación crítica desde años atrás, que resultó en el estallido social de 2019: en ese momento el incremento en el precio de los pasajes del metro, de 30 pesos, alcanzando un máximo de 830 pesos (US$1,17 aproximadamente), fue la gota que derramó el vaso.
A sus espaldas, los chilenos cargaban con una fuerte desigualdad, representada, por ejemplo, en que el 1 % más adinerado del país se quedó con el 26,5 % de la riqueza en 2017, mientras que el 50 % de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1 % de la riqueza neta del país, según lo reveló el informe Panorama Social de América Latina, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Además, si el salario mínimo era de 301.000 pesos (US$423) y si, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la mitad de los trabajadores recibía un sueldo igual o inferior a 400.000 pesos (US$562) al mes, el incremento en el pasaje del metro resultaba insólito.
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Y en ese contexto, según Germán Campos-Herrera, la Convención Constitucional fue una salida institucional a todo ello. “Había unas demandas pendientes de más de treinta años, pese a que ya había democracia. La Convención intentó capturar buena parte de ese malestar y eso se ve, por ejemplo, en que el texto que se votó, que promovía un Estado de bienestar, una serie de derechos fundamentales (como educación, salud y vivienda) y algunos mecanismos para combatir la corrupción y los abusos”, sostuvo el experto.
Ello trató de responder a las preocupaciones actuales de los ciudadanos: según el informe “Lo que preocupa al mundo”, realizado por la consultora internacional Ipsos, el 38 % de los chilenos se inquietan por la pobreza y la desigualdad, mientras que el 26 % por la corrupción política y financiera. Por encima de ello están el crimen y la violencia, con un 48 %.
Y lo cierto es que esas reformas y esa necesidad de un cambio vienen desde hace años: El texto actual lleva la firma del expresidente Ricardo Lagos, que sacó algunos de los puntos más autoritarios en 2005. Pero en la campaña presidencial de 2009 apareció otra vez esa idea de un nuevo texto, de ahí que en el último gobierno de Michelle Bachelet (2014 - 2018), se llevó a cabo un proceso para una propuesta de nueva Constitución, pero no tuvo mayores avances, pues fue presentado en los últimos días de su administración.
¿Qué sigue?
En términos prácticos, seguirá en vigencia la Constitución de 1980, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Pero algunos analistas dicen que ya no hay vuelta atrás pues, como lo mencionamos, el cambio es inevitable, y en medio de esto, vendrán nuevos interrogantes.
“La gran pregunta es cómo continúa el proceso constituyente. Hay consciencia mayoritaria de que el tema constitucional tiene que ser afrontado, que Chile requiere un nuevo pacto. Uno esperaría que los esfuerzos posteriores a los resultados del plebiscito estén en línea con un nuevo acuerdo que permita darle certidumbre a la ciudadanía sobre cómo esto va a continuar”, sostuvo Pía Mundaca.
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El presidente de Chile, Gabriel Boric, ya había anunciado que el Gobierno convocaría nuevamente a una votación para que los chilenos elijan a los miembros de una segunda Convención Constituyente y así redactar otra propuesta de Constitución. Boric explicó que el proceso se extendería por año y medio más.
“Para que este escenario ocurra, el Congreso debe aprobarlo”, comentó la periodista chilena Antonia Laborde, en una publicación de El País de España. “Desde el Congreso aseguran que están trabajando en una coordinación tripartita entre el Ejecutivo y ambas cámaras (Diputados y Senado) para definir la ruta a seguir”, agregó Laborde.
Pero el reto no solo tiene que ver con lo práctico, y es que si algo dejó el reciente proceso constitucional fue la sombra provocada por algunos cuestionamientos alrededor de su legitimidad. Sobre esto, Campos-Herrera expresó una preocupación común a sus compatriotas: “la percepción era que en la Convención estaban saliendo a flote unos egos personalistas”. Algo que, en últimas, terminó afectando la credibilidad y la confianza en el órgano.
Y en este punto las noticias falsas sobre algunos decretos del nuevo texto jugaron un papel determinante. Por ejemplo, no es verdad que se haya querido acabar con la educación privada. Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, escribió en una columna en El Mercurio que si bien se “privilegia la educación provista por el Estado”, pues se defiende a las instituciones “reconocidas” por él, la educación privada puede derivar de otros derechos fundamentales, como la autonomía o la libertad religiosa.
Por otro lado, aunque durante la discusión convencional se descartó una iniciativa popular que planteaba el carácter “inalienable” de los ahorros de los fondos pensionales, ello no significaba que el nuevo documento apelaría a la pérdida de dichos recursos. “La Convención tuvo que salir constantemente a clarificar, incluso a desmentir estos y varios asuntos más, lo que fue un desgaste para la convención, y que impactó negativamente el proceso”, advirtió Campos-Herrera.
Pía Mundaca sostuvo que todo lo que huele a política está desacreditado y los grandes problemas de la humanidad se resuelven en la cancha política. “Y sí, es un problema grave el nivel de desconfianza que genera lo político. Y esto no se va a resolver de la noche a la mañana; la legitimidad de los partidos y de las instituciones es baja, y eso no se va a revertir con el plebiscito de este domingo, pero tiene que haber un esfuerzo para que esto cambie”, agregó la experta.