El jueves 13 de julio de 2023, la Corte Internacional de Justicia emitirá su sentencia con respecto a la aspiración que tiene Nicaragua de que se le reconozca una plataforma continental más allá de 200 millas náuticas desde su costa. Meses después de que se llevaran a cabo unas audiencias orales sobre el tema, en las próximas dos semanas se espera conocer el veredicto del tribunal internacional.
A través de un comunicado, la Cancillería confirmó que la decisión será leída en el Palacio de la Paz, en La Haya, a las 3:00 p.m. (hora local), 8:00 a. m. hora Colombia. Según lo expresó la entidad nacional, “en el curso de este proceso, Colombia sometió a la Corte argumentos jurídicos, institucionales, científicos y relativos a los intereses de terceros Estados para sustentar que Nicaragua no posee dicha plataforma continental extendida y que la Corte no puede proceder a una delimitación de plataformas continentales como lo pretende Nicaragua”.
Estos son los principales argumentos que Colombia ha expuesto ante La Haya:
• El régimen jurídico de la plataforma continental más allá de 200 millas marinas que invoca Nicaragua no debería ser considerado como parte del derecho internacional consuetudinario y, por lo tanto, no es oponible a Colombia.
• De acuerdo con el derecho internacional consuetudinario, los derechos de Colombia a una zona económica exclusiva, con su correspondiente plataforma continental de 200 millas marinas, prevalecen sobre las pretensiones de plataforma continental extendida de Nicaragua.
• Nicaragua no demostró científicamente que tiene una plataforma continental que se extienda más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base, a partir de las cuales se mide la anchura de su mar territorial y en dirección hacia Colombia.
• Nicaragua no ha respetado el procedimiento convencional ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental ni ha cumplido su carga de la prueba en el proceso.
•Los derechos de terceros Estados se verían directamente afectados por la reclamación nicaragüense en el Caribe suroccidental.
El caso que estudia La Haya
Ante el tribunal, Nicaragua ha presentado tres demandas contra Colombia. La primera fue resuelta en sentencia de 2012, cuando se hizo una delimitación marítima entre los dos Estados. Entonces, se reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, pero hubo una reducción de espacio marítimo (Zona Económica Exclusiva) para Colombia.
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La segunda es la que estudia la Corte en este momento, aún por resolverse; mientras que la tercera, que alegaba un incumplimiento sobre la sentencia de 2012, se resolvió en abril de 2022. Entonces, las pretensiones de Nicaragua sobre cómo medir su mar territorial fueron frustradas, pero Colombia solo ganó una de seis demandas estudiadas.
Lo que dijeron Colombia y Nicaragua en las audiencias orales de diciembre
Durante las sesiones que se llevaron a cabo a finales del año pasado, los dos países dieron sus posturas con respecto a si un Estado puede “extenderse dentro de las 200 millas náuticas” de otro Estado; básicamente, si ese traslape de fronteras marítimas se ajustaría a lo que para el derecho se considera costumbre. Asimismo, argumentaron sobre cuáles creen que son los criterios en el derecho internacional consuetudinario (costumbre) para la determinación del límite de la plataforma continental más allá de las 200 millas. Esto fue lo que dijeron:
Colombia: El agente colombiano ante la Corte Internacional de Justicia, Eduardo Valencia-Ospina, resumió: “¿Puede la demanda de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas cruzar y amputar los derechos de otro Estado dentro de sus 200 millas náuticas de costa marítima? Una respuesta corta es: no”.
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Sobre la existencia de criterios en el derecho internacional consuetudinario (costumbre) para determinar el límite de la plataforma continental más allá de las 200 millas de “las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial”, reiteró: “La respuesta corta de nuevo: no. Esta es la postura colombiana”.
El agente colombiano subrayó que la postura de Bogotá “se ajusta a la ley del mar” y “está firmemente respaldada por la práctica de los Estado, y está en línea con los puntos de vista de los Estados vecinos del mar Caribe que han protestado contra la petición desorbitada” de Nicaragua, como Panamá, Costa Rica y Jamaica.
Valencia-Ospina no escatimó en calificar las pretensiones de Nicaragua como exorbitantes, al tiempo que exaltó la estrategia colombiana como coherente con la política de paz total puesta en marcha por el presidente Gustavo Petro: “Colombia está comprometida con el mantenimiento de la paz a través de la justicia, tanto en asuntos internos como externos”, señaló.
En suma, subrayó que Colombia espera que “cuando este procedimiento finalice, el tribunal haya confirmado lo que ya ha dicho en 1995, que la prolongación natural no podría nunca” estar dentro de las 200 millas náuticas de otro Estado.
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Nicaragua: Carlos Argüello, el agente de Nicaragua en el proceso, dijo que “la posición de Nicaragua es que la plataforma continental, como las áreas marítimas que se superponen entre estados, deben ser delimitadas de acuerdo con el derecho internacional”.
Para el abogado británico Vaughan Lowe, “se mire por donde se mire, la delimitación de los derechos superpuestos es una cuestión que debe determinar el tribunal”.
El agente colombiano, por su parte, cuestionó que Nicaragua se refiriera al asunto de la delimitación, dado que la Corte pidió referirse en estas sesiones orales exclusivamente a los dos temas en cuestión.
*Con información de Efe
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