A los pocos meses de llegar a Bogotá, Gabriela*, una mujer trans venezolana, se vio en la obligación de ejercer la prostitución para poder subsistir en la capital. La falta de oportunidades laborales, pero en especial la ausencia de un enfoque de género en los permisos especiales que brinda el Gobierno colombiano, la excluía por completo de las actividades económicas que quisiera tener.
Su tragedia se hizo más grande cuando, en medio del ejercicio de la prostitución, sus clientes comenzaron a solicitarle relaciones sexuales sin condón para “su mayor satisfacción”. A cambio, contaba la mujer, ellos iban a remunerar el servicio con más dinero. De nuevo, por la necesidad, se vio en la obligación de aceptar esas condiciones. En uno de sus encuentros con sus clientes, Gabriela contrajo el virus del VIH.
El estado de salud de Gabriela empeoró rápidamente. Su hermana le comentó que estaba trabajando como modelo webcam en Medellín y le propuso mudarse y trabajar con ella. En diciembre de 2020, ella decidió visitar la Casa Afirmativa de Caribe Afirmativo en Medellín, organización que ayuda a personas de la comunidad LGBTI+ en el país. Buscaba tener apoyo para poder ingresar a los programas de tratamiento al VIH en los hospitales locales, pues, como para muchas personas migrantes, el sistema le pone trabas para ingresar a este.
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Las barreras para acceder al sistema de salud y a un empleo continúan siendo las dos condiciones características de la precarización en la que viven las personas migrantes de la comunidad LGBT. En un informe presentado en septiembre de este año, Caribe Afirmativo también documentó la historia de una pareja de mujeres migrantes en condición de irregularidad que presentaban sangrado en el ombligo, pérdida de la conciencia, palidez y dolor de cabeza.
A ellas se les recomendó ir al Hospital General de Medellín, como lo recomiendan las organizaciones internacionales que trabajan con refugiados, pero al llegar al centro médico la pareja se encontró con unos funcionarios del lugar que les pedían un depósito superior a $300.000 para poder atenderlas. Al escuchar eso, las dos se fueron sin recibir atención médica.
“Entre 2020 y lo que va de 2021, solo en el área metropolitana de Barranquilla, documentamos la muerte de 14 personas en etapa sida, relacionadas con la demora de la prestación de servicios de salud. Estas ya estaban diagnosticadas al cruzar la frontera. Menciono lo del VIH porque es una situación recurrente, pero en términos generales, frente a la salud, la situación es muy complicada para los migrantes, pese a que el Ministerio de Salud de Colombia ha dicho que tienen cobertura universal. El problema se debe a la demora de meses para vincularlos, y también con la falta de especialistas en salud en las zonas fronterizas”, dijo Wilson Castañeda, director de la organización Caribe Afirmativo.
En cuanto a la empleabilidad, Castañeda dice que la mayoría de personas venezolanas LGBT que han entrevistado tienen una profesión, pero deben someterse a la informalidad. Esto, dice, se profundiza con la falta de un enfoque diferencial para apoyar a estas poblaciones. La consecuencia de la informalidad es la exposición al riesgo de trabajar en la calle. Los migrantes se enfrentan a la inseguridad, como todos los colombianos, a las malas pagas, a la falta de vinculación al sistema de salud y al de prestaciones sociales, así como a ataques por su nacionalidad. Sin embargo, advierte el informe, en la formalidad no hay un mejor panorama.
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“Nos preocupan incluso los sectores formales, como el hotelero. En el Caribe colombiano muchos hoteles han empleado a ciudadanía migrante y refugiada LGBT, y lo presentan como empleos formales, pero cuando vas a ver los están contratando por horas, sin contrato laboral y no les pagan bien”, explicó Castañeda.
Según el informe de Caribe Afirmativo, el 75 % de las personas migrantes LGBT en Colombia están en situación de pobreza extrema y tienen una ausencia de espacio habitacional. Esto se traduce en inseguridad alimentaria. Con los pocos recursos con los que cuentan, la población migrante LGBT puede comer una vez al día, incluso pasan varios días sin comer y tienen una alimentación poco saludable. La pandemia empeoró sus condiciones, pues al no tener cómo trabajar muchos terminaron en las calles.
Esta situación de precarización va acompañada de la vulnerabilidad. Los migrantes que llegan al país terminan en zonas donde hay altos niveles de violencia, siendo en muchos casos cooptados por los actores violentos o re victimizados.
“En ese orden de ideas, estamos viendo un crecimiento en el país de violencia frente a personas LGBT. En lo que va del año hemos documentado 14 homicidios y feminicidios de ciudadanía LGBT migrante y refugiada, más de 20 tentativas de homicidios, siete amenazas y 17 casos de violencia policial hacia la ciudadanía LGBT migrante, sobre todo contra personas trans”, advirtió Castañeda.
Para combatir estos problemas, Caribe Afirmativo envió derechos de petición a todas las alcaldías locales en el país. Solo Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, según reportan, le entregaron ayudas a la población migrante y refugiada durante la pandemia.
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“Recuerdo que en la Alcaldía de Ciénaga había un letrero que decía: ‘Entregamos ayudas alimentarias, pero no para venezolanos’”, lamentó Castañeda.
Caribe Afirmativo señaló que, al día de hoy, ninguno de los albergues que creó Colombia para atender a la población migrante y refugiada, como parte del programa de la Vicepresidencia, cuenta con un enfoque diferencial para atender a la población LGBT. Solo uno, en Cúcuta, el cual es acompañado por la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur), tiene un trato diferencial. Por otro lado, el albergue de personas LGBT en Bogotá, que ha tenido históricamente el distrito, ha empezado a acoger mujeres trans migrantes y retornadas. Sin embargo, en puntos claves como Cúcuta, Barranquilla, Maicao y Cartagena, los albergues son deficientes.
Sin albergues y sistemas adecuados para atender a los migrantes LGBT en las zonas de mayor tránsito en la frontera, como en Cúcuta, es apenas lógico que los migrantes continúen con su travesía hasta llegar a ciudades con una mayor infraestructura administrativa.
“Ahí tenemos una tarea urgente, y es que un país que siempre ha privilegiado el centro y ha olvidado la periferia, tiene que reconocer que los grandes retos de la migración están en la periferia. La razón por la que Bogotá tiene tanta población migrante es porque quienes llegan a Cúcuta y al no encontrar servicios avanza y avanza hasta llegar a ciudades donde hay una mejor red de servicios”, advirtió Castañeda.
La falta de un enfoque diferencial no es un problema exclusivo de Colombia. En otros países que han afrontado las consecuencias de la migración venezolana, al igual que en territorio colombiano, las campañas por el cambio han sido casi exclusivas de organizaciones de la sociedad civil, como Caribe Afirmativo.
Castañeda contó que en la frontera de Brasil hay un programa, “Casinha” (Casita, en español), que logró articular a las alcaldías locales para pagarles a las familias locales que acogen personas de la comunidad LGBT el equivalente a un arriendo. Estas familias deberán recibir una certificación de las organizaciones LGBT que corrobore que en esos hogares se respeta la diversidad sexual y de género.
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“Ese es un programa maravilloso porque, por un lado, las familias que quedaron muy pobres por la pandemia reciben una ayuda monetaria, pero antes de eso se están formando y sensibilizando sobre los derechos de la comunidad LGBT. Esa formación ayuda a derribar prejuicios. Por otro lado, una persona LGBT llega a un hogar, no a un refugio frío, a una familia que lo respeta. Ese ejemplo de Brasil se lo hemos presentado al Gobierno colombiano para mostrarle que incluso es una solución más económica que un refugio que requiere a la sociedad civil y los gobiernos locales, y transforma realidades sociales”, destacó el director de Caribe Afirmativo.
En Ecuador se encuentra una iniciativa de la sociedad civil llamada “Tu casa fuera de casa”, que es financiada por la Embajada de Canadá, y trata de que en las grandes ciudades, como Cuenca, Guayaquil y Quito, hay unas casas de atención jurídica, psicosocial y de salud, que conecta con refugios especializados para la población LGBT, similar a lo que hace Caribe Afirmativo con las “Casas Afirmativas” en ciudades colombianas.
En Chile hay un programa acompañado por la Acnur y la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, que históricamente ha manejado refugios para migrantes y ahora ha comenzado a crear en estos experiencias concretas de acogida para la población migrante y refugiada. Hay algo similar en México, pero más con la migración que va de Centroamérica a Estados Unidos. Aunque las características de los cuatro países son las mismas: son iniciativas de la sociedad civil, apoyadas con cooperación internacional, y que han tenido éxito porque las han logrado articular con gobiernos locales fronterizos, más que con órdenes del gobierno nacional.
En la región hay una urgencia porque los gobiernos adopten una respuesta regional con base en un enfoque diferencial que garantice acciones diferenciales para no revictimizar a las personas LGBT que están en procesos migratorios.
“En migración está todo por hacerse. A Colombia la migración la agarró fuera de base. Somos un país que expulsaba y que no recibía. Hemos visto con agrado cómo alcaldías, gobernaciones y centros humanitarios han empezado a desarrollar líneas de acogida para los migrantes y refugiados. Casi todas las alcaldías tienen hoy oficinas de migraciones. Pero hasta ahora están pensando la migración en términos generales, y todavía no la piensan en términos diferenciales. Esas son las discusiones que estamos teniendo con la gerencia de Medellín, con la oficina de Bogotá, porque es una necesidad, pero todavía no se desarrolla”, explicó Castañeda.
Caribe Afirmativo lanzó con su informe cuatro advertencias para el Gobierno Nacional. La primera es que, si bien se saluda que el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos reconoce a las personas trans, este les exige una declaración juramentada notarial. Ese proceso, además de ser discriminatorio, le representa un costo inalcanzable a la ciudadanía migrante, pues esta no cuenta con dinero para pagar los cerca de $70.000 que cuesta el documento.
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La segunda recomendación es trabajar en la construcción de albergues con enfoque diferencial. Esto se puede mejorar a través de la compañía de organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con alcaldías y gobernaciones locales y con la cooperación de las agencias de ayuda internacional. En tercer lugar, es necesario formar a las personas que atienden en Migración Colombia. Hay prácticas naturalizadas de xenofobia y homofobia en la función pública, porque se les encomendó la tarea de lidiar con los migrantes de la noche a la mañana, sin educarlos antes al respecto. Esto debido a la sorpresa con la que agarró la migración al país. Por la ignorancia en el tema se terminan reproduciendo imaginarios sobre la comunidad migrante LGBT que son nocivos para esta población.
Finalmente, la cuarta solicitud que se hace es la de una mayor inversión en procesos de inclusión laboral para la población migrante y refugiada, pero teniendo en cuenta el enfoque diferencial.
“La Gerencia de la Frontera ha estado muy atenta, más que Migración Colombia y la Cancillería, pero aún no se han materializado los cambios”, concluyó Castañeda.
* El nombre de Gabriela, la migrante citada al principio de este artículo, fue cambiado para mantener su identidad en privado.
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