¿Por qué Colombia necesita una ley migratoria?

Colombia, como país emisor de más de cinco millones de colombianos hacia el exterior, como nuevo receptor de un número creciente de migrantes con vocación de permanencia, como lugar de tránsito de una cifra incierta de migrantes venezolanos y extracontinentales, y ahora también como país de retorno, tiene la urgente necesidad de construir y ejecutar un marco jurídico integral capaz de gestionar acertadamente los diversos flujos poblacionales que de manera simultánea se presentan en el interior del territorio nacional y que lo posicionan en la escena global de la movilidad humana.

Se trata de una ardua tarea que requerirá del trabajo conjunto de diferentes sectores del Estado, del Gobierno y de la sociedad, con el propósito de concertar visiones positivas y acciones eficaces frente a un tema tan sensible para la opinión pública como lo es el rol del migrante y del extranjero en la sociedad de acogida.

(Aquí puede leer nuestro especial sobre salud mental en migrantes venezolanos)

Desde hace casi dos décadas recibimos migración en tránsito de algunos países del Caribe, del Cuerno de África y del golfo de Bengala. Flujos con dirección a Estados Unidos y Canadá, que en gran proporción han sido mediados por redes de tráfico de migrantes y trata de personas, compuestos por una población que requiere el acompañamiento del Estado y la activación de protocolos de protección internacional.

Asimismo, el ingreso de turistas e inversionistas extranjeros al país ha aumentado sustancialmente en los últimos cinco años, así como se han diversificado los destinos y los perfiles de los migrantes colombianos. En 2017, por primera vez, la inmigración superó la emigración de connacionales.

La crisis humanitaria de Venezuela se ha manifestado en Colombia con la migración más grande que ha recibido el país en toda su historia. Un flujo mixto de población que llega por motivos económicos o en busca de las condiciones más básicas de protección internacional y que genera grandes presiones económicas, operativas, jurídicas y sociales a un país sin experiencia en la recepción migratoria.

El documento Conpes 3950, como estrategia para la atención de la migración desde Venezuela, identificó la necesidad de construir una ley de migración. El Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja junto con otras instituciones del Estado en la construcción de un proyecto de ley que será entregado próximamente al Congreso.

Este instrumento jurídico debe ayudar a Colombia a prepararse para asumir los desafíos de un mundo cada vez más móvil, especialmente cuando es el receptor de 1’260.594 venezolanos, el 32 % de los cuatro millones que hasta la fecha han salido de Venezuela.

Según un reciente informe de la OEA, esta cifra oscilará a finales del 2019 entre 5,3 y 5,7 millones de personas, y entre 7,5 y 8,2 millones en 2020, lo que para Colombia significaría, si se mantiene el porcentaje de recepción del 32 %, 1,7 millones en 2019 y 2,6 millones en 2020.

(Ver más: Migrantes venezolanos: vivir a la deriva y con miedo al futuro)

Si bien hay una relación directa entre el fracaso del proyecto bolivariano y la diáspora, creer que una vez derrocada la dictadura la migración regresará a Venezuela, y la normalidad con ella, es una postura simplista y errónea. Pensar en una normalidad anclada en el pasado es ignorar la profunda incertidumbre política que vive el vecino país y que, como muchos otros procesos migratorios, éste difícilmente se revertirá. Una vez el migrante logra echar raíces, busca la reintegración familiar y se le hace más difícil retornar, aunque esa sea siempre su añoranza.

La normalidad es la transformación continua, es ser conscientes de que hacemos parte de un mundo en movimiento, hoy es Venezuela, ayer fue Colombia —y lo sigue siendo—, mañana no sabemos. Implementar acciones a mediano y largo plazo para la gestión migratoria y buscar la integración social de una población que ha llegado para quedarse y aportar a nuestra sociedad con su capital humano, cultural y económico, requiere movilizar voluntades políticas, poner en marcha y perfeccionar el funcionamiento institucional, y abrir espacios de consenso social.

Los preocupantes acontecimientos en Venezuela muestran una realidad cuyo mayor testimonio es el migrante. Los hechos y las cifras hacen de ese país y la migración asuntos principales en las agendas de los gobiernos que afectan directamente la vida de millones de personas y temas mediáticos de gran consumo que deben ser abordados con responsabilidad.

En un contexto nacional donde no ha habido tradición en la gestión de la migración, pero se vive un complejo panorama de movilidad humana, donde se carece de un marco jurídico en la materia, donde el tema se ha politizado profundamente y presenta altos niveles de polarización, y donde, según recientes encuestas, la percepción negativa de la migración venezolana empieza a aumentar junto con la presión presupuestal y las tensiones sociales en ámbitos locales, será muy complejo impulsar una ley migratoria integral acorde a nuestras necesidades y a los actuales lineamientos globales frente a la migración y el refugio.

En un año en el que se debatirá la ley migratoria y en el que habrá elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de las juntas de administración local, se corre el gran riesgo de instrumentalizar este tema con fines populistas, como ya se ha observado con las afirmaciones de algunos líderes políticos de diversas vertientes ideológicas que en sus discursos nutren posicionamientos xenófobos y discriminatorios.

Hay que reconocer la importancia de campañas como Somos Panas Colombia, de Acnur, junto con acciones que han surgido desde el Ejecutivo y valiosas iniciativas, como el Pacto Interpartidista contra la Xenofobia, liderado en la Cámara de Representantes con el objetivo de eliminar discursos o prácticas de odio contra los venezolanos como estrategia política en las elecciones regionales del 27 de octubre.

(Le puede interesar: ¿Y la salud mental de los migrantes?)

El proyecto “Edificando consensos para la migración”, adelantado por el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer, busca contribuir en este proceso sociopolítico mediante la elaboración de cinco documentos claves: La migración colombo-venezolana, La migración en frontera y los desafíos en seguridad, Xenofobia e integración social, Acceso a derechos y Niñez, adolescencia y mujer migrante. Publicaciones que serán entregadas al Congreso, a miembros de partidos políticos y a funcionarios públicos como material preparatorio para el debate nacional de esta ley migratoria.

Este Gobierno tiene la gran responsabilidad de impulsar un marco jurídico idóneo que garantice que la migración sea segura, ordenada y regular, pero también que brinde las condiciones necesarias para que, desde un enfoque sostenible, holístico y positivo, los migrantes puedan integrarse social y laboralmente en Colombia.

Una labor que no tendrá los resultados esperados y necesarios sin el apoyo de la ciudadanía.

* Investigadora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la U. del Rosario.

Colombia, como país emisor de más de cinco millones de colombianos hacia el exterior, como nuevo receptor de un número creciente de migrantes con vocación de permanencia, como lugar de tránsito de una cifra incierta de migrantes venezolanos y extracontinentales, y ahora también como país de retorno, tiene la urgente necesidad de construir y ejecutar un marco jurídico integral capaz de gestionar acertadamente los diversos flujos poblacionales que de manera simultánea se presentan en el interior del territorio nacional y que lo posicionan en la escena global de la movilidad humana.

Se trata de una ardua tarea que requerirá del trabajo conjunto de diferentes sectores del Estado, del Gobierno y de la sociedad, con el propósito de concertar visiones positivas y acciones eficaces frente a un tema tan sensible para la opinión pública como lo es el rol del migrante y del extranjero en la sociedad de acogida.

(Aquí puede leer nuestro especial sobre salud mental en migrantes venezolanos)

Desde hace casi dos décadas recibimos migración en tránsito de algunos países del Caribe, del Cuerno de África y del golfo de Bengala. Flujos con dirección a Estados Unidos y Canadá, que en gran proporción han sido mediados por redes de tráfico de migrantes y trata de personas, compuestos por una población que requiere el acompañamiento del Estado y la activación de protocolos de protección internacional.

Asimismo, el ingreso de turistas e inversionistas extranjeros al país ha aumentado sustancialmente en los últimos cinco años, así como se han diversificado los destinos y los perfiles de los migrantes colombianos. En 2017, por primera vez, la inmigración superó la emigración de connacionales.

La crisis humanitaria de Venezuela se ha manifestado en Colombia con la migración más grande que ha recibido el país en toda su historia. Un flujo mixto de población que llega por motivos económicos o en busca de las condiciones más básicas de protección internacional y que genera grandes presiones económicas, operativas, jurídicas y sociales a un país sin experiencia en la recepción migratoria.

El documento Conpes 3950, como estrategia para la atención de la migración desde Venezuela, identificó la necesidad de construir una ley de migración. El Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja junto con otras instituciones del Estado en la construcción de un proyecto de ley que será entregado próximamente al Congreso.

Este instrumento jurídico debe ayudar a Colombia a prepararse para asumir los desafíos de un mundo cada vez más móvil, especialmente cuando es el receptor de 1’260.594 venezolanos, el 32 % de los cuatro millones que hasta la fecha han salido de Venezuela.

Según un reciente informe de la OEA, esta cifra oscilará a finales del 2019 entre 5,3 y 5,7 millones de personas, y entre 7,5 y 8,2 millones en 2020, lo que para Colombia significaría, si se mantiene el porcentaje de recepción del 32 %, 1,7 millones en 2019 y 2,6 millones en 2020.

(Ver más: Migrantes venezolanos: vivir a la deriva y con miedo al futuro)

Si bien hay una relación directa entre el fracaso del proyecto bolivariano y la diáspora, creer que una vez derrocada la dictadura la migración regresará a Venezuela, y la normalidad con ella, es una postura simplista y errónea. Pensar en una normalidad anclada en el pasado es ignorar la profunda incertidumbre política que vive el vecino país y que, como muchos otros procesos migratorios, éste difícilmente se revertirá. Una vez el migrante logra echar raíces, busca la reintegración familiar y se le hace más difícil retornar, aunque esa sea siempre su añoranza.

La normalidad es la transformación continua, es ser conscientes de que hacemos parte de un mundo en movimiento, hoy es Venezuela, ayer fue Colombia —y lo sigue siendo—, mañana no sabemos. Implementar acciones a mediano y largo plazo para la gestión migratoria y buscar la integración social de una población que ha llegado para quedarse y aportar a nuestra sociedad con su capital humano, cultural y económico, requiere movilizar voluntades políticas, poner en marcha y perfeccionar el funcionamiento institucional, y abrir espacios de consenso social.

Los preocupantes acontecimientos en Venezuela muestran una realidad cuyo mayor testimonio es el migrante. Los hechos y las cifras hacen de ese país y la migración asuntos principales en las agendas de los gobiernos que afectan directamente la vida de millones de personas y temas mediáticos de gran consumo que deben ser abordados con responsabilidad.

En un contexto nacional donde no ha habido tradición en la gestión de la migración, pero se vive un complejo panorama de movilidad humana, donde se carece de un marco jurídico en la materia, donde el tema se ha politizado profundamente y presenta altos niveles de polarización, y donde, según recientes encuestas, la percepción negativa de la migración venezolana empieza a aumentar junto con la presión presupuestal y las tensiones sociales en ámbitos locales, será muy complejo impulsar una ley migratoria integral acorde a nuestras necesidades y a los actuales lineamientos globales frente a la migración y el refugio.

En un año en el que se debatirá la ley migratoria y en el que habrá elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de las juntas de administración local, se corre el gran riesgo de instrumentalizar este tema con fines populistas, como ya se ha observado con las afirmaciones de algunos líderes políticos de diversas vertientes ideológicas que en sus discursos nutren posicionamientos xenófobos y discriminatorios.

Hay que reconocer la importancia de campañas como Somos Panas Colombia, de Acnur, junto con acciones que han surgido desde el Ejecutivo y valiosas iniciativas, como el Pacto Interpartidista contra la Xenofobia, liderado en la Cámara de Representantes con el objetivo de eliminar discursos o prácticas de odio contra los venezolanos como estrategia política en las elecciones regionales del 27 de octubre.

(Le puede interesar: ¿Y la salud mental de los migrantes?)

El proyecto “Edificando consensos para la migración”, adelantado por el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer, busca contribuir en este proceso sociopolítico mediante la elaboración de cinco documentos claves: La migración colombo-venezolana, La migración en frontera y los desafíos en seguridad, Xenofobia e integración social, Acceso a derechos y Niñez, adolescencia y mujer migrante. Publicaciones que serán entregadas al Congreso, a miembros de partidos políticos y a funcionarios públicos como material preparatorio para el debate nacional de esta ley migratoria.

Este Gobierno tiene la gran responsabilidad de impulsar un marco jurídico idóneo que garantice que la migración sea segura, ordenada y regular, pero también que brinde las condiciones necesarias para que, desde un enfoque sostenible, holístico y positivo, los migrantes puedan integrarse social y laboralmente en Colombia.

Una labor que no tendrá los resultados esperados y necesarios sin el apoyo de la ciudadanía.

* Investigadora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la U. del Rosario.