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El costo de vida, principalmente por el alza en los precios de los combustibles, mantienen en las calles a estudiantes e indígenas que protestan contra el Gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador. Las movilizaciones, que se iniciaron el lunes pasado, se han tomado las carreteras e incluso vías de la capital, Quito.
Lasso insiste en que tiene disposición de diálogo, con la medicación de la Iglesia, la academia y las Naciones Unidas, mientras que protestas como la registrada el jueves en la plaza de Santo Domingo, a unas cuadras de la sede presidencial, han sido dispersadas por bombas lacrimógenas lanzadas por los policías.
En Ecuador, entre mayo de 2020 y octubre de 2021, los combustibles subieron de precio: el diésel se trepó 90 % y la gasolina extra, 46 % (1,75 a 2,55). Este incremento es la principal razón de la inconformidad de los indígenas representados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
Por eso entre los principales reclamos están la congelación de los precios de los combustibles que están liberalizados, el control de precios en los mercados, evitar las privatizaciones de empresas del Estado y mayores presupuestos para la educación y la salud, entre otros.
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El líder de la Conaie, Leonidas Iza (quien fue detenido a comienzos de semana y posteriormente liberado), ha dicho que el Gobierno no ofrece garantías para entablar conversaciones pues en el último año no ha atendido pedidos de los pueblos indígenas, que representan un millón de los 17,7 millones de ecuatorianos.
“Mientras no tengamos esta respuesta, continuamos las acciones de movilización en todo el territorio nacional, hasta lograr que el gobierno despierte de su indiferencia”, señaló Iza. La Conaie participó en las revueltas que derrocaron a tres mandatarios entre 1997 y 2005.
Este viernes, Iza, quien se encuentra en la provincia de Cotopaxi, anunció que en un plazo de 48 horas emprenderá un recorrido hacia la capital. Mientras tanto, agregó, las protestas se mantienen de forma indefinida. Hizo un llamado a que se desarrollen de forma pacífica.
“Debemos cerrar cualquier proceso de vandalismo, debe ser controlada. No aceptamos que una lucha que hemos llevado hasta este día se pretenda convertir en un acto delictivo en este país. Esta lucha, esta resistencia, la llevamos con dignidad de pie, pero que jamás sea confundida con actos de violencia o peor vandalismos”, afirmó.
El Gobierno sostiene que hasta el momento el paro ha tenido un costo de US$50 millones en ventas.
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