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Para muchos ciudadanos de la región, Chile es el “sueño latinoamericano”. Por eso, aunque les cierren las puertas, venezolanos, peruanos, haitianos y, en cuarto lugar, colombianos siguen arriesgándose a cruzar las fronteras de ese país suramericano, a pesar de saber que muchos migrantes han sido detenidos, judicializados y expulsados sin contemplación.
Las autoridades chilenas deportaron este miércoles a 77 extranjeros, entre presos y migrantes irregulares de Perú, Bolivia y Venezuela, principalmente, en un nuevo vuelo de expulsión. Es la quinta deportación masiva de migrantes durante 2021. En los tres vuelos de este año Chile expulsó a 185 migrantes venezolanos —mayor comunidad extranjera en el país y principales protagonistas de la ola migratoria irregular en Chile en los últimos años—, 105 colombianos, 99 bolivianos, 26 dominicanos, 24 peruanos y 31 de otras nacionalidades, según datos oficiales.
De acuerdo con cifras publicadas en la prensa chilena, hasta la fecha van 547 personas deportadas desde Chile vía aérea. Durante 2020 fueron expulsados 1.365 extranjeros, pero este año la meta es más alta, de acuerdo con Juan Francisco Galli, subsecretario de Interior chileno, quien anunció que “se pretende sacar del país a unas 1.500 personas extranjeras, que serían embarcadas en quince vuelos contratados especialmente para tal efecto”.
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¿Por qué Chile los expulsa? Todo se hace en el marco de una nueva ley de migración, tramitada durante ocho años, y aprobada el pasado mes de abril, luego de la crisis migratoria que se generó en Colchane (frontera con Bolivia), cuando la población local se vio superada por los migrantes. Entonces, el gobierno de Sebastián Piñera aceleró la implementación ante los reclamos de sectores políticos y de la ciudadanía chilena. “El objetivo es poner orden en nuestra casa a través una política ordenada, segura y regular y permitir la migración legal y combatir la inmigración ilegal”, explicó el mandatario.
Y aunque antes de la nueva ley, el 10 de febrero un primer vuelo de la Fuerza Aérea de Chile sacó a 138 extranjeros, los vuelos de expulsión se han hecho más frecuentes desde hace cuatro meses y todo se aceleró en las semanas recientes. En mayo, el periódico La Tercera reveló que se había firmado un convenio con la aerolínea SKY para realizar al menos quince vuelos con hasta 180 pasajeros a bordo. Esto, con el fin de concretar la expulsión de cerca de 2.700 migrantes durante este año, con lo que compañía recibirá más de US$750 por cada extranjero expulsado, en un contrato que supera los US$2 millones. Van cuatro vuelos fletados.
Para Macarena Rodríguez, presidenta del Directorio del Servicio Jesuita de Migrantes, estas cifras reflejan un objetivo perverso de haber transformado el proceso de control migratorio en una carrera por cumplir las metas de expulsiones trazadas por el gobierno de Sebastián Piñera.
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“El contrato hay que ejecutarlo y por tanto las expulsiones hay que hacerlas. En el fondo lo importante pasa a ser cumplir con ellas y no el cumplir con el análisis de cada situación individual. ¿Es realmente esto prioritario, con las necesidades que tiene el país en pandemia, destinar estos fondos a una expulsión?”, cuestiona Rodríguez en diálogo con la Agencia Anadolu.
Según las autoridades, los grupos migrantes que han sido expulsados recientemente han salido por motivos judiciales, pues muchos “estaban en Chile cumpliendo condena por delitos como “homicidio simple, robo con violencia, robo con intimidación, tenencia de armas y tráfico de drogas, entre otros”, informó el Ministerio del Interior. Sin embargo, organizaciones humanitarias hablan de expulsiones sumarias de migrantes, especialmente venezolanos.
La nueva normativa migratoria chilena establece que si un migrante entra de manera clandestina por los pasos “no legales” tiene un plazo de 180 días para abandonar el país sin sanción. “Quienes intenten ingresar clandestinamente no solo cometen un delito, sino que se arriesgan a ser sujetos de expulsión”, advirtió el mandatario chileno. La normativa también contempla la figura de “autodenuncia”, que le pide al migrante que entró clandestinamente presentarse ante las autoridades y así comenzar un proceso de regularización.
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Sin embargo, un informe de Human Rights Watch señala esto como “engañoso”. José Miguel Vivanco, director para las Américas de esta ONG, aseguró que “se engaña a los inmigrantes venezolanos, porque se les invita a autodenunciarse para ilusionarlos con regular su situación, pero luego reciben una orden de expulsión”.
Vivanco se refiere específicamente a los migrantes venezolanos, porque es el grupo poblacional migrantes más grande en Chile. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Departamento de Extranjería y Migración de Chile, en el país ha aumentado exponencialmente el número de extranjeros: “En 2010 se contaban 305.000 migrantes, pero en 2020 la cifra ya era de 1’500.000; es decir el 7,5 % de la población”.
Esa explosión migratoria responde, principalmente, a la crisis venezolana, que afecta a toda la región desde hace cinco años. De acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a finales de 2020, en la región había cerca de 5,4 millones de refugiados venezolanos; de ellos, 2,4 millones tenían un permiso de residencia temporal y solo 143.664 tenían un estatus legal en los países de acogida. Colombia es el principal receptor de migrantes venezolanos, con 29,9 % del total de venezolanos migrantes; Perú, con 19,8 %; Chile, con 19,7 %, y Argentina, con 8,9 %. La ONU expresó, a inicios de junio, su “preocupación” sobre los “procesos de expulsión de personas extranjeras” y especialmente venezolanos.
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) denunció que los operativos de expulsión no se ajustan al derecho y que no se estarían respetando los derechos humanos de los afectados. En una intervención ante el Senado, Carlos Figueroa, director del SJM, pidió al gobierno que cese estos operativos por razones “administrativas por ingreso por paso no habilitado”.
“El gobierno tiene razón al decir que algunas expulsiones están justificadas por delitos, pero falta a la verdad al decir que todas ellas lo están”, expresó Figueroa. Asimismo, afirmó que “no es digno el trato que se da y está en poder del gobierno revertirlo”. “Hemos presenciado la inhumanidad con que se trata a familias, padres separados de sus hijos (la paternidad no solo es biológica), personas que son dejadas en la carretera, personas subidas a aviones con overoles blancos”, agregó.
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Si bien la ONU reconoce el derecho de Chile de hacer respetar sus fronteras, expertos en temas migratorios de este organismo han llamado al gobierno a considerar la suspensión temporal de las deportaciones o retornos forzados de migrantes, más aún bajo el contexto de la crisis del COVID-19. HRW denunció que los documentos de expulsión son iguales para todos y pidió hacer un análisis caso a caso y no expulsarlos en masa.
¿Chile puede cambiar esta política? “Si bien esto detonó hace meses a raíz de lo sucedido en Colchane, la crisis migratoria no es nueva; se valora la prontitud del presidente Piñera en implementar la política migratoria, el problema es que ha sido mal gestionada y se ha saltado procedimientos para hacer efectiva la expulsión de extranjeros; actualmente hay dos procesos: uno administrativo para migrantes que no tienen su situación definida; y el otro es de carácter judicial, en donde se expulsa a quienes hayan cometido delitos”, explica Germán Campos-Herrera, investigador asociado del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales.
El ministro chileno Juan Francisco Galli defiende la ley: “Se nos pide terminar con las expulsiones y la verdad es que eso sería renunciar a cumplir la ley en Chile (…) tanto la ley migratoria vigente como la ley nueva que entrará en vigencia establecen la expulsión como resultado de graves infracciones migratorias en nuestro país”.
“Hasta ahora tenemos 33.000 expulsiones decretadas, 13.000 de las cuales corresponden a personas con antecedentes penales en Chile o en su país de origen (…), lo que corresponde al gobierno es hacer cumplir la ley y materializar esas expulsiones, obviamente con pleno respeto al debido proceso (…) y en caso de que hubieran situaciones excepcionales, como personas con vínculos con niños y adolescentes en Chile, una persona que tiene una situación humanitario en nuestro país, las expulsiones no se materializan“, afirmó el subsecretario.
Finalmente, sentenció: “Nosotros vamos a seguir insistiendo en la importancia de desincentivar el ingreso clandestino o por pasos no habilitados a nuestro país (…) porque hay un riesgo de vida o integridad física para aquellas personas”. El problema es que está sucediendo todo lo contrario y ha aumentado el paso por los pasos ilegales.
“Al implementarse políticas tan restrictivas lo que sucede es que los migrantes buscan pasos ilegales y peligrosos porque van a seguir migrando, una ley no frena el fenómeno. Para los investigadores, estas leyes, aunque se amparan en un discurso inclusivo donde se dice que lo que se busca es proteger al migrante con una regularización ordenada, lo cierto es que esto aumenta el cruce por pasos peligrosos”, explica Campos-Herrera.
De acuerdo con cifras publicadas en la prensa chilena, entre enero de 2018 y enero de 2021, se produjeron más de 35.400 de estos ingresos, lo que representa el 79 % del total de las entradas irregulares desde 2010, según datos de SJM con información de la Policía de Investigaciones (PDI).
“Estas políticas responden a la preocupación de los ciudadanos chilenos frente a la sensación de crisis causada por la migración. Está documentado que estas medidas tienen un impacto muy bajo, los chilenos consideran que pueden deportar mil extranjeros en un año, pero ingresa ese número en un solo día… Esto genera una desconfianza en las instituciones por no abordar el fenómeno de una manera eficaz y, además, aumenta el rechazo al migrante”, advierte el experto de la Universidad Diego Portales.
Las dinámicas migratorias en América Latina durante la pandemia se enfrentaron en varios países con dos acciones: cerrar fronteras y militarizarlas, como el caso de Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Pero los migrantes siguen llegando por los pasos irregulares de ciudades como Iquique, lugar de destino de muchos colombianos, y Colchane, en la frontera con Bolivia, ubicada a más de 3.600 metros de altura.
La migración a Chile
Chile ha sido visto por varios años como el mejor país de Suramérica para migrar y por eso, a pesar de sus duras políticas migratorias, sigue siendo un destino soñado, particularmente para venezolanos, peruanos, bolivianos, haitianos y colombianos. Durante los últimos años esta nación ha visto un incremento explosivo de la migración, particularmente la venezolana: pasó de tener una comunidad de 8.000 personas en 2012 a 500.000 en 2020; los haitianos son parte del otro grupo migratorio principal: de 1.600 personas de ese país, el año pasado eran más de 200.000.
Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) lo confirman: hoy los venezolanos son el grupo más grande en Chile (30,5 %), seguido de peruanos (15,8 %) y haitianos (12,5 %). Algo que causa grandes desafíos a este país, que optó por endurecer su normativa. El Departamento de Extranjería dice que hay 1,4 millones de migrantes en el país, es decir el 7 % de la población.
En las décadas de 1970 y 1980 fue al revés, miles de chilenos dejaron su nación huyendo de la dictadura de Augusto Pinochet; sin embargo, en los años 90 comenzó a revertirse esta tendencia, según relatan historiadores. “El progreso económico del país lo hizo un lugar atractivo para migrantes”, dice María Roca, profesora de Historia en Santiago de Chile, quien recuerda que llegaban de países cercanos como Argentina, Bolivia y Perú.
A partir del año 2000 son los colombianos los que comienzan a llegar a ese país, según datos del INE. Hasta el 2005 la colombiana era la migración que más rápido creció en el país y llegó a ser el 86,6 % del total de ciudadanos extranjeros, que llegaba también de Cuba y Venezuela. Hoy el panorama es otro, los colombianos cayeron al cuarto lugar, con 160.000 ciudadanos en ese país, mientras que los venezolanos, peruanos y haitianos son mayoría.
¿Qué piensan los chilenos? Germán Campos-Herrera cita una encuesta de hace un año de Activa Research, que mostraba que el 54 % de los chilenos decía que la migración se asociaba con el alza del desempleo en el país; un 36 % opinaba que la migración aumenta la delincuencia. “Se sabe por investigaciones que en este último aspecto no hay una relación directa, pero otra encuesta de febrero de este año, realizada por Criteria, confirma la percepción negativa del migrante, pues apenas el 25 % está de acuerdo con su llegada y el presidente Piñera está respondiendo a esto”, concluye el investigador.