¿Por qué los militares no deben controlar la migración?

La forma en la que México ha abordado a la población migrante, incluso a los turistas, ahora no es rebajada de “brusca” y “desagradable”. Cabe recordar de entrada las escenas vistas en 2021, poco después de que el éxodo de haitianos por la crisis en su país se convirtiera en un desafío regional: “Ahora sí, putos, valieron verga”, gritó un agente del Instituto Nacional de Migración (Inami) mientras perseguía a migrantes en Chiapas. Esto fue en septiembre. Un mes después el gobierno recibió varias denuncias, entre ellas del exdirector de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, por deportar a una familia afgana, con una madre con siete meses de embarazo.

La violencia contra la población migrante ya ha sido documentada por organizaciones y entidades gubernamentales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que hace un mes presentó una recomendación al comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, por las agresiones que sufrió una familia haitiana al momento de su detención en Frontera Comalapa, municipio de Chiapas.

“Se advirtió que personal de migración empleó el uso de la fuerza cuando una de las víctimas se encontraba sometida y sin que mediara agresión o resistencia de su parte; y en el caso de otra, fue golpeada en la boca causándole lesiones, por el hecho de encontrarse grabando con su teléfono celular, aplicando la fuerza de manera desproporcionada y vulnerando con ello el derecho humano a la integridad y seguridad personal”, señaló la CNDH.

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Desde 2015, al menos 26 personas han muerto bajo custodia del INM, nueve de ellas durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, según voces críticas como la de la senadora Kenia López Rabadán (Partido Acción Nacional), ha “criminalizado” la migración y trata “lamentablemente con una violencia que se vuelve terrible e inhumana” a las personas migrantes. El exdiputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, tampoco ha compartido la política migratoria del actual mandatario, criticando particularmente el nombramiento de Garduño para dirigir el Inem debido a que en el pasado fue el encargado de administrar las cárceles federales.

“Se dedicó a tareas carcelarias por 12 años, y es necesario que se vaya de donde está, a efecto de que las políticas públicas de ese nivel sean manejadas por gente responsable”, señaló Muñoz.

Sin embargo, el gobierno de López Obrador no ha cedido un centímetro en su política migratoria. En lugar de ello, el presidente endureció aún más su discurso entregándole esta semana a la secretaría de la Marina el control del aeropuerto de la Ciudad de México. Es decir, que los marines tendrán bajo supervisión la administración de Aduana y el área de Migración en la capital del país. El mensaje, con esto, ha sido claro: la migración es para el gobierno un asunto militar.

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Esto no es una sorpresa para un gobierno que ya había acordado en 2019 con la administración de Donald Trump el despliegue de miles de soldados de la Guardia Nacional para contener a los migrantes, a pesar de las críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la Fundación para la Justicia (FJEDD), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Para 2021, la orden era clara: “El principal objetivo es detener toda la migración... cubrir la frontera norte, la frontera sur, con efectivos para poder rescatar a los migrantes”, dijo el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.

López Obrador no ha sido el creador de la estrategia de delegarles a los militares el control de los asuntos migratorios. Desde el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, México adoptó un enfoque peligroso: considerar la migración como una amenaza a la seguridad nacional. Esto bajo el recién creado Plan Estratégico de la Patrulla Fronteriza de 1994 que se convirtió en la columna vertebral de la seguridad en la frontera méxico-estadounidense, según el periodista Alberto Nájar. Sin embargo, no se habían visto estos niveles de militarización en gobiernos anteriores. ¿Cuál es el problema de delegarles esta tarea a los militares?

Como explicaba Lina Arroyave, abogada y magíster en derecho con énfasis en investigación de la Universidad Eafit, que trabaja en el área de investigación de Dejusticia, “las fuerzas militares no son un cuerpo especializado para manejar el tema migratorio. Estas lo ven desde su enfoque de seguridad y de militarización de las fronteras, pero no tienen un enfoque de derechos humanos para poder tramitar todo lo que trae la inmigración y lo que esto implica”.

Para la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), el uso de militares para contener la migración ha derivado en múltiples violaciones a los derechos humanos, casos de detenciones ilegales, como se ha reportado en Chiapas y Ciudad de México, violencia sexual, en puestos de control, violencia excesiva, deportaciones ilegales y negativa de ayuda médica.

“México ha optado por la implementación de una política migratoria sin enfoque de derechos humanos. Hace uso de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares como un aparato de control migratorio, aun cuando esto va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria y el derecho internacional”, señaló la FJEDD.

Los expertos coinciden en que, además de atentar contra los derechos humanos, esta estrategia no es efectiva, pues fortalece a los traficantes de personas y prácticas denigrantes y peligrosas como el viaje en camiones que puede resultar en tragedia, como la vista en Chiapas en diciembre de 2021 o en julio de este año en Texas. El fortalecimiento de la visión militarista de la migración, bajo López Obrador, se da en medio de denuncias de operaciones arbitrarias del INM, denuncias de maltratos por parte de viajeros -especialmente colombianos- y un récord de detenciones de migrantes: 206.885 en los primeros siete meses de este año, 985 por día.

Que la Marina tome el control es preocupante, porque no tiene la formación para esta tarea. Es una “designación que no debería suceder”, le dijo el abogado especialista en derecho constitucional, Juvenal Lobato, a El Economista, resaltando que la migración es un tema que corresponde a civiles y que los militares que ejerzan esta tarea no podrán hacer uso del fuero militar, si llegan a solicitarlo.

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La forma en la que México ha abordado a la población migrante, incluso a los turistas, ahora no es rebajada de “brusca” y “desagradable”. Cabe recordar de entrada las escenas vistas en 2021, poco después de que el éxodo de haitianos por la crisis en su país se convirtiera en un desafío regional: “Ahora sí, putos, valieron verga”, gritó un agente del Instituto Nacional de Migración (Inami) mientras perseguía a migrantes en Chiapas. Esto fue en septiembre. Un mes después el gobierno recibió varias denuncias, entre ellas del exdirector de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, por deportar a una familia afgana, con una madre con siete meses de embarazo.

La violencia contra la población migrante ya ha sido documentada por organizaciones y entidades gubernamentales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que hace un mes presentó una recomendación al comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, por las agresiones que sufrió una familia haitiana al momento de su detención en Frontera Comalapa, municipio de Chiapas.

“Se advirtió que personal de migración empleó el uso de la fuerza cuando una de las víctimas se encontraba sometida y sin que mediara agresión o resistencia de su parte; y en el caso de otra, fue golpeada en la boca causándole lesiones, por el hecho de encontrarse grabando con su teléfono celular, aplicando la fuerza de manera desproporcionada y vulnerando con ello el derecho humano a la integridad y seguridad personal”, señaló la CNDH.

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Desde 2015, al menos 26 personas han muerto bajo custodia del INM, nueve de ellas durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, según voces críticas como la de la senadora Kenia López Rabadán (Partido Acción Nacional), ha “criminalizado” la migración y trata “lamentablemente con una violencia que se vuelve terrible e inhumana” a las personas migrantes. El exdiputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, tampoco ha compartido la política migratoria del actual mandatario, criticando particularmente el nombramiento de Garduño para dirigir el Inem debido a que en el pasado fue el encargado de administrar las cárceles federales.

“Se dedicó a tareas carcelarias por 12 años, y es necesario que se vaya de donde está, a efecto de que las políticas públicas de ese nivel sean manejadas por gente responsable”, señaló Muñoz.

Sin embargo, el gobierno de López Obrador no ha cedido un centímetro en su política migratoria. En lugar de ello, el presidente endureció aún más su discurso entregándole esta semana a la secretaría de la Marina el control del aeropuerto de la Ciudad de México. Es decir, que los marines tendrán bajo supervisión la administración de Aduana y el área de Migración en la capital del país. El mensaje, con esto, ha sido claro: la migración es para el gobierno un asunto militar.

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Esto no es una sorpresa para un gobierno que ya había acordado en 2019 con la administración de Donald Trump el despliegue de miles de soldados de la Guardia Nacional para contener a los migrantes, a pesar de las críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la Fundación para la Justicia (FJEDD), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Para 2021, la orden era clara: “El principal objetivo es detener toda la migración... cubrir la frontera norte, la frontera sur, con efectivos para poder rescatar a los migrantes”, dijo el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.

López Obrador no ha sido el creador de la estrategia de delegarles a los militares el control de los asuntos migratorios. Desde el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, México adoptó un enfoque peligroso: considerar la migración como una amenaza a la seguridad nacional. Esto bajo el recién creado Plan Estratégico de la Patrulla Fronteriza de 1994 que se convirtió en la columna vertebral de la seguridad en la frontera méxico-estadounidense, según el periodista Alberto Nájar. Sin embargo, no se habían visto estos niveles de militarización en gobiernos anteriores. ¿Cuál es el problema de delegarles esta tarea a los militares?

Como explicaba Lina Arroyave, abogada y magíster en derecho con énfasis en investigación de la Universidad Eafit, que trabaja en el área de investigación de Dejusticia, “las fuerzas militares no son un cuerpo especializado para manejar el tema migratorio. Estas lo ven desde su enfoque de seguridad y de militarización de las fronteras, pero no tienen un enfoque de derechos humanos para poder tramitar todo lo que trae la inmigración y lo que esto implica”.

Para la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), el uso de militares para contener la migración ha derivado en múltiples violaciones a los derechos humanos, casos de detenciones ilegales, como se ha reportado en Chiapas y Ciudad de México, violencia sexual, en puestos de control, violencia excesiva, deportaciones ilegales y negativa de ayuda médica.

“México ha optado por la implementación de una política migratoria sin enfoque de derechos humanos. Hace uso de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares como un aparato de control migratorio, aun cuando esto va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria y el derecho internacional”, señaló la FJEDD.

Los expertos coinciden en que, además de atentar contra los derechos humanos, esta estrategia no es efectiva, pues fortalece a los traficantes de personas y prácticas denigrantes y peligrosas como el viaje en camiones que puede resultar en tragedia, como la vista en Chiapas en diciembre de 2021 o en julio de este año en Texas. El fortalecimiento de la visión militarista de la migración, bajo López Obrador, se da en medio de denuncias de operaciones arbitrarias del INM, denuncias de maltratos por parte de viajeros -especialmente colombianos- y un récord de detenciones de migrantes: 206.885 en los primeros siete meses de este año, 985 por día.

Que la Marina tome el control es preocupante, porque no tiene la formación para esta tarea. Es una “designación que no debería suceder”, le dijo el abogado especialista en derecho constitucional, Juvenal Lobato, a El Economista, resaltando que la migración es un tema que corresponde a civiles y que los militares que ejerzan esta tarea no podrán hacer uso del fuero militar, si llegan a solicitarlo.

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