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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está empeñado en meterle la mano a la independencia judicial de su país. En mayo la Asamblea Legislativa aprobó la destitución de varios magistrados, creando un enredo legal por la existencia de dos salas de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, había contenido varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción, porque consideró que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía, por lo que muchos acusaron a Bukele de dar un “golpe constitucional”.
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Este miércoles, de nuevo la Asamblea aprobó otra medida respaldada por el mandatarios salvadoreño: imponer el retiro obligatorio a los jueces cuando cumplan 60 años. Hoy lo acusan de acabar con la independencia judicial.
El juez José Alberto Franco, leyó un pronunciamiento de sus pares en el que se tacha de “inconstitucional” esa decisión. Consideran que los diputados “no tienen iniciativa de ley en lo concerniente a la carrera judicial” y sostienen que se “vulnera la independencia judicial”.
El Salvador dio otro salto drástico hacia la socavación del #EstadodeDerecho, la independencia del poder judicial, la obstrucción de casos significativos y la politización de la justicia.
— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) September 2, 2021
El martes, la Asamblea Legislativa, afín al presidente Nayib Bukele, reformó dos leyes que permitirán enviar a retiro a jueces mayores de 60 años. Para los jueves “se ha producido (una) violación de derechos constitucionales consolidados como el derecho al trabajo”.
También el martes, el parlamento reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) para retirar a los fiscales mayores de 60 años.
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La Presidencia salvadoreña aseguró que con el decreto legislativo del martes “inicia el proceso de depuración del sistema judicial”.
Los jueces, en cambio, consideran que ya “existen mecanismos institucionales previamente establecidos que determinan la forma de sancionar o remover magistrados y jueces”.
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Instancias legales
Un grupo de jueces salvadoreños anunció que recurrirá en instancias nacionales e internacionales la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa. ”Recurriremos a las instancias legales nacionales e internacionales para restituir el estado constitucional y democrático de derecho gravemente afectado”, señalaron en un comunicado.
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Los jueces se concentraron en el Centro Judicial Isidro Meléndez de San Salvador, que aglutina a la mayoría de tribunales de paz, instrucción y sentencia del país. Manifestaron su “enérgico rechazo” a los señalamientos de los partidos oficialistas, que señalaron que con el cese de los jueces de 60 años de vida o 30 de carrera se terminaría la supuesta corrupción en los tribunales.
Advirtieron que el decreto aprobado, que cesa automáticamente a los jueces sexagenarios al entrar en vigor, generaría un “despido masivo” y rechazaron que la reforma también dé a la CSJ “la facultad de traslados de forma subjetiva e imprecisa”.
EE. UU. rechaza reformas
Estados Unidos y la organización Human Rights Watch (HRW) están preocupados por las reformas aprobadas por el Congreso de El Salvador que cesan a los jueces y fiscales sexagenarios, lo que catalogan como una amenaza a la independencia judicial en ese país.
La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, publicó un tuit en el que expresó su preocupación por “las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y Fiscalía”, ya que “un sistema judicial independiente y la separación de poderes son vitales para la democracia”.
Nos preocupan las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y Fiscalía. Un sistema judicial independiente y la separación de poderes son vitales para la democracia. 1/2
— Jean Manes (@USAmbSV) September 2, 2021
Por su parte, HRW indicó que las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa “amenazan la independencia judicial al permitir que las autoridades destituyan a todos los jueces y fiscales que tengan 60 años o más”.
La organización señaló que, si bien no está claro cuántos jueces se verán afectados, algunas estimaciones indican que más de 200, de los aproximadamente 700 jueces en el país, podrían ser destituidos y reemplazados por jueces designados por la Corte Suprema, cuyos magistrados fueron designados por el oficialismo y sus aliados en el Congreso el 1 de mayo pasado.
Desde que los partidarios de (Nayib) Bukele tomaron el control de la Asamblea de El Salvador en mayo, han tomado medidas drásticas que parecen tener como objetivo destruir la independencia de la Corte Suprema y la Fiscalía General”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, según un comunicado emitido en Washington y difundido este jueves.