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El 19 de abril se cumplen 10 años del ascenso de Nicolás Maduro Moros a la presidencia de Venezuela, y la mayoría de balances de su gestión son negativos, y lo mismo en cuanto a su relación con Colombia. Maduro ha sido el peor presidente de Venezuela para los colombianos, los intereses del Estado colombiano y la relación bilateral, lo cual no deja de resultar paradójico al tratarse del hijo de una colombiana.
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Al despuntar el gobierno de Maduro, en 2013-2014, los colombianos en Venezuela descubrieron que las cosas cambiaban para ellos tras la muerte de Chávez. Por ejemplo, cuando los colombianos que habían sido regularizados en el marco de la “Misión Identidad”, una década antes, se acercaron a renovar su cédula venezolana, la cual se vence precisamente cada 10 años, fueron notificados por las autoridades de que no les sería renovada, en momentos en que era necesario presentar el documento vigente para acceder a los productos de la canasta básica comercializados por el Estado.
Los colombianos fueron regularizados como parte de la estrategia para ampliar el caudal electoral del chavismo de cara al referendo revocatorio de 2004, votos sin los cuales Chávez muy seguramente no hubiese podido continuar en el poder. Pero las cosas cambiaron y en las elecciones celebradas en 2013 y 2014 en las circunscripciones con una importante presencia de colombianos empezó a crecer el voto por la oposición, el caudal electoral de los colombianos en Venezuela ya no le pertenecía al chavismo.
Antes de responsabilizar a las sanciones internacionales de la crisis el chivo expiatorio de Maduro eran los colombianos; de hecho, entre 2014 y 2015, el presidente venezolano responsabilizaba al contrabando de extracción en dirección a Colombia de la crisis económica.
En varias alocuciones señaló que la caída de la economía que experimentaba Venezuela era responsabilidad del contrabando que extraía los productos subsidiados. Los colombianos pasaban la frontera y adquirían los productos que resultaban más económicos, como lo hicieron los venezolanos en los años dorados del “está barato, dame dos” antes de la Revolución Bolivariana y como lo hacen ahora ante la inflación.
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Igual sucedió con los temas de seguridad. En los primeros años del mandato de Nicolás Maduro hubo un gran aumento de la violencia y la criminalidad. Venezuela llegó a ser uno de los países más violentos de la región y del mundo, con gran número de muertes violentas. En 2015, con un discurso xenófobo, Maduro acusaba de la violencia a los paramilitares y la criminalidad colombiana; de hecho, las Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP) que medían su éxito en el número de bajas solían reseñar la muerte de colombianos a quienes atribuían el liderazgo de las bandas.
Durante el primer período de Maduro en la presidencia (2013-2018) se dieron 155.760 muertes violentas, según el Observatorio Venezolano de Violencia, y en 2017 y 2018 en la categoría de “resistencia a la autoridad” murieron 13.053 personas (no hay información sobre cuantos de ellos eran colombianos).
En mayo de 2015 el gobierno presidido por Maduro expidió el Decreto 1787, que creó las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular (Zodimain). Lo llamativo de dicho decreto era que usaba coordenadas en territorio colombiano, en un intento por establecer un antecedente en el diferendo limítrofe que existe por las zonas marinas y submarinas entre los dos Estados.
La mala fe del decreto era evidente: todos los países que limitan con Venezuela eran nombrados excepto Colombia y solo se hacía referencia a las coordenadas, quizás esperando que fuera pasado por alto por la embajada y la cancillería colombiana, como en efecto ocurrió; por suerte, la relación bilateral es de interés de diferentes actores que no tardaron en advertir al Estado colombiano, que presentó la respectiva protesta. El decreto fue remplazado por otro sin las coordenadas, pero nunca se contestó la nota de protesta.
En la misma materia, sobre todo en los primeros años de la gestión de Maduro, se hicieron habituales los pasos a territorio colombiano de militares, pero sobre todo de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. En algunos casos se presentaron incidentes con la población colombiana, que denuncia haber sido maltratada por los uniformados venezolanos. Pero lo más llamativo es que un gran número de dichos pasos ocurrieron en zonas en las cuales la geografía cambió desde la firma del tratado limítrofe de 1941, lo que de hecho requeriría un diálogo entre los dos Estados para fijar de nuevo la frontera con las herramientas de posicionamiento geográfico que existen hoy. Preocupa que las autoridades venezolanas estén intentando establecer antecedentes de cara a la negociación, pues en todos los casos los militares y la guardia venezolana alegaron que estaban en territorio venezolano.
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El 19 de agosto de 2015 miles de colombianos cruzaron la frontera entre el estado del Táchira y el departamento de Norte de Santander huyendo de las OLP que Maduro llevó a la zona de frontera para supuestamente enfrentar la criminalidad. Dicha acción se convertiría en la mayor agresión del Estado venezolano contra Colombia en los casi 200 años desde la separación. Más de 23.000 colombianos, 33.000 según la información de las organizaciones de la sociedad civil, salieron de Venezuela cuando los cuerpos de seguridad derribaron sus casas. Dicho episodio es el inicio del fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela que enfrentamos hoy.
*Vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y coordinador del Radar Colombia Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.