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Aunque solo renovarán parcialmente al Congreso de Argentina, las elecciones de medio término del 14 de noviembre tendrán un impacto crucial en la presidencia de Alberto Fernández, pues definirán la gobernabilidad para la segunda mitad de su mandato, según opinaron analistas.
El gobierno sufrió un revés en las primarias obligatorias (PASO) de septiembre cuando la coalición oficialista Frente de Todos (peronismo de centro-izquierda) obtuvo el 33 % de los votos a nivel nacional, en lo que se considera un sondeo a escala real. La coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio, del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), obtuvo el 37%.
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El oficialismo ahora busca evitar que un resultado adverso le impida conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados o ponga en riesgo la que tiene en el Senado, cuando a Fernández le faltan dos años de mandato.
¿Qué se elige y con cuáles consecuencias?
Las legislativas renovarán un tercio de las bancas del Senado y la mitad de diputados. Fernández no arriesga su gobierno en esta elección, pero sí la posibilidad de gobernar con holgado apoyo parlamentario. En la Cámara Baja, el oficialismo tiene 120 de los 257 escaños y en el Senado tiene la mayoría absoluta, con el apoyo de 41 senadores, entre los 72 legisladores que lo conforman.
“Si se repitieran los resultados de las PASO, el oficialismo podría perder la mayoría que tiene en el Senado y no solo no lograría mayoría en diputados, sino que perdería bancas”, dijo Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría.
El analista político Gabriel Puricelli consideró que “la composición del Congreso que surja de estas elecciones determinará las condiciones de gobernabilidad” hasta 2023, cuando termina el mandato de Fernández. Sin embargo, “son una puesta a prueba de la viabilidad de las dos principales coaliciones como vehículo para las próximas presidenciales”, dijo al referirse al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio.
Otro factor a tener en cuenta “será cuánto poder tendrá la oposición en el Congreso. Si alcanza poder de bloqueo, lo más probable es que lo utilice”, remarcó Puricelli. Por su parte, el politólogo Carlos Fara consideró que una derrota “pondrá un freno al kirchnerismo en las dos Cámaras y eso puede obstaculizarle en el Senado cuestiones institucionales, como el nombramiento de jueces”.
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¿Puede el gobierno recuperar el voto perdido?
Las primarias abrieron una crisis en la coalición gobernante. Luego de reproches públicos de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, Fernández renovó parte de su gabinete. Pero aun si gana en la estratégica provincia de Buenos Aires, la más poblada con casi 40 % del padrón nacional, no alcanzará para reparar el daño político, subrayaron analistas.
“Es posible para el gobierno mejorar la elección, pero no sustancialmente”, consideró Fraga. En opinión de este analista, “el problema político central será, cualquiera sea el resultado, la división en el oficialismo entre el presidente y la vicepresidenta. Esta disputa va a continuar e incluso se puede agravar. Será un problema para la gobernabilidad”.
Mario Riorda, politólogo y académico de la Universidad Austral, precisó que “el Frente de Todos descendió 19 puntos en todo el país desde las presidenciales de 2019 y ya no tiene núcleos imbatibles”, mientras que la fuerza opositora Juntos por el Cambio, “prácticamente, no se ha movido de su última cifra nacional”. La segunda mitad del gobierno de Fernández transcurrirá “en un equilibrio complejísimo de tensiones internas que pueden jaquear la gobernabilidad”, opinó.
¿Cuánto pesó la economía?
Argentina votará estremecida por una inflación del 40 % en lo que va del año, una de las más altas del mundo. El gobierno lanzó el congelamiento de precios durante tres meses para 1.500 artículos de la canasta básica, además de ayudas sociales para enfrentar la pobreza, que alcanza al 40 % de los 45 millones de habitantes.
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La derrota en las primarias fue “un castigo a la gestión de Alberto Fernández”, opinó Fara, consecuencia “del impacto económico que se fue generando entre lo que heredó (del gobierno anterior) y lo que se produjo por la pandemia”.
El país busca un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que reemplace el stand-by por 44.000 millones de dólares de 2018 y cuyos vencimientos de capital por más de 19.000 millones comienzan el año próximo.
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