¿Por qué una docena de estados está demandando al presidente Biden?

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha sido demandado por una coalición de doce estados con fiscales generales republicanos debido a la orden ejecutiva que firmó en enero dirigida a la protección del medio ambiente y a frenar la crisis climática.

¿Quiénes están demandando?

Los estados demandantes son Arkansas, Arizona, Indiana, Kansas, Montana, Missouri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee y Utah. Los fiscales de estos estados, de ideología conservadora, consideran que Biden no tiene la autoridad constitucional para implementar reglas sobre la emisión de gases de efecto invernadero, sino que esta es una tarea que le compete al Congreso.

¿Qué fue lo que ordenó Biden?

Horas después de tomar juramento como presidente, Biden firmó la Orden Ejecutiva 13990, la cual le pide a las agencias federales que calculen el costo social de la contaminación por gases de efecto invernadero.

¿Y qué es el costo social?

El costo social es el costo que debe afrontar la sociedad por el funcionamiento de una empresa. Este se mide por los efectos que la producción de una actividad económica pueden tener en la sociedad, los cuales pueden ser tanto negativos como positivos. A estos efectos los llamamos externalidades.

Un ejemplo de externalidad positiva es la educación, pues trae muchos beneficios para la población. Mientras que una externalidad negativa la podemos encontrar en la compra de un carro nuevo que emite gases. Este tiene un costo negativo para la sociedad a largo plazo por las emisiones de gases y los efectos que estos pueden tener en la salud de las personas.

Entendido esto, lo que quiere hacer Biden es realizar una proyección para evaluar los pros y los contras de las emisiones de carbono y a partir de dicha evaluación poder fijar una nueva tarifa en dólares para las emisiones de dióxido de carbono, de metano y de óxido nitroso.

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Todo esto implica que las compañías que usan energías no renovables, como aquellas vinculadas a la productividad agrícola, verían un aumento en sus gastos si no cambian por un proceso más amigable con el planeta. Y los republicanos consideran que así podrían perderse miles de empleos.

Los expertos llevan mucho tiempo discutiendo sobre cuál debería ser el costo exacto por tonelada de carbono liberada en la atmósfera. Los progresistas señalan, sustentados en la ciencia, que debería ser mucho más alto que el actual. Los conservadores, amparados en los deseos de las industrias, dicen que se están sobreestimando los riesgos del cambio climático, y por lo tanto se están inflando los costos de las emisiones de carbono y los beneficios de las regulaciones.

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“Establecer el ‘costo social’ de los gases de efecto invernadero es una tarea intrínsecamente especulativa, cargada de políticas e indeterminada, que implica intentar predecir contingencias desconocidas como futuras migraciones humanas, conflictos internacionales y catástrofes globales durante cientos de años en el futuro. Asignar tales valores es una acción legislativa por excelencia que cae dentro de la autoridad exclusiva del Congreso”, dice la demanda presentada.

Pero esas “contingencias desconocidas” que citan los republicanos no son tan desconocidas después de todo. Los efectos del cambio climático en el planeta son evidentes, solo que los conservadores los quieren negar para mantener a flote los negocios vinculados con energías no renovables.

El expresidente Donald Trump desmanteló el grupo de trabajo interinstitucional de expertos que estudiaba el costo social de los gases de efecto invernadero. También redujo el valor de la tonelada métrica de dióxido de carbono a aproximadamente entre US $1 y US $6, cuando el equipo de expertos lo había situado en US $45.

Ese precio se usó para numerosos procesos regulatorios sobre las emisiones de gases. Esto sin duda traía beneficios para las grandes compañías, pero un costo enorme para la humanidad y sobre todo para las futuras generaciones. En 2020, Estados Unidos experimentó un récord de 22 desastres meteorológicos extremos. El cambio, además, fue impulsado con falsos argumentos y movimientos ideológicos que desconocían la realidad del peligro de las emisiones de gas.

Biden, ahora, quiere aumentar el costo de la tonelada métrica de dióxido de carbono a US $51. Esta nueva estimación conduciría a regulaciones más estrictas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero aún no es suficiente. Durante los cuatro años de la administración Trump, con el ajuste abrupto y peligroso del costo social que se hizo sin tener en cuenta la evidencia científica, el mundo perdió tiempo, y Estados Unidos se atrasó en la lucha contra el cambio climático. El precio al que debería estar la tonelada métrica de dióxido de carbono debería ser US $125, según Union of Concerned Scientists.

Las demandas de los republicanos contra Biden solo buscan estropear un plan con el que se espera construir una economía verde y sostenible para beneficiar a las futuras generaciones y a todos los estadounidenses. Sin embargo, este es el peligro de pasar un proyecto de este tipo a través de una orden ejecutiva que puede ser cuestionada en los tribunales federales. Para que Biden pueda avanzar en su agenda necesita que estos proyectos pasen por el Congreso.

Le recomendamos: Donald Trump y el cambio climático, un desastre natural

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha sido demandado por una coalición de doce estados con fiscales generales republicanos debido a la orden ejecutiva que firmó en enero dirigida a la protección del medio ambiente y a frenar la crisis climática.

¿Quiénes están demandando?

Los estados demandantes son Arkansas, Arizona, Indiana, Kansas, Montana, Missouri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee y Utah. Los fiscales de estos estados, de ideología conservadora, consideran que Biden no tiene la autoridad constitucional para implementar reglas sobre la emisión de gases de efecto invernadero, sino que esta es una tarea que le compete al Congreso.

¿Qué fue lo que ordenó Biden?

Horas después de tomar juramento como presidente, Biden firmó la Orden Ejecutiva 13990, la cual le pide a las agencias federales que calculen el costo social de la contaminación por gases de efecto invernadero.

¿Y qué es el costo social?

El costo social es el costo que debe afrontar la sociedad por el funcionamiento de una empresa. Este se mide por los efectos que la producción de una actividad económica pueden tener en la sociedad, los cuales pueden ser tanto negativos como positivos. A estos efectos los llamamos externalidades.

Un ejemplo de externalidad positiva es la educación, pues trae muchos beneficios para la población. Mientras que una externalidad negativa la podemos encontrar en la compra de un carro nuevo que emite gases. Este tiene un costo negativo para la sociedad a largo plazo por las emisiones de gases y los efectos que estos pueden tener en la salud de las personas.

Entendido esto, lo que quiere hacer Biden es realizar una proyección para evaluar los pros y los contras de las emisiones de carbono y a partir de dicha evaluación poder fijar una nueva tarifa en dólares para las emisiones de dióxido de carbono, de metano y de óxido nitroso.

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Todo esto implica que las compañías que usan energías no renovables, como aquellas vinculadas a la productividad agrícola, verían un aumento en sus gastos si no cambian por un proceso más amigable con el planeta. Y los republicanos consideran que así podrían perderse miles de empleos.

Los expertos llevan mucho tiempo discutiendo sobre cuál debería ser el costo exacto por tonelada de carbono liberada en la atmósfera. Los progresistas señalan, sustentados en la ciencia, que debería ser mucho más alto que el actual. Los conservadores, amparados en los deseos de las industrias, dicen que se están sobreestimando los riesgos del cambio climático, y por lo tanto se están inflando los costos de las emisiones de carbono y los beneficios de las regulaciones.

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“Establecer el ‘costo social’ de los gases de efecto invernadero es una tarea intrínsecamente especulativa, cargada de políticas e indeterminada, que implica intentar predecir contingencias desconocidas como futuras migraciones humanas, conflictos internacionales y catástrofes globales durante cientos de años en el futuro. Asignar tales valores es una acción legislativa por excelencia que cae dentro de la autoridad exclusiva del Congreso”, dice la demanda presentada.

Pero esas “contingencias desconocidas” que citan los republicanos no son tan desconocidas después de todo. Los efectos del cambio climático en el planeta son evidentes, solo que los conservadores los quieren negar para mantener a flote los negocios vinculados con energías no renovables.

El expresidente Donald Trump desmanteló el grupo de trabajo interinstitucional de expertos que estudiaba el costo social de los gases de efecto invernadero. También redujo el valor de la tonelada métrica de dióxido de carbono a aproximadamente entre US $1 y US $6, cuando el equipo de expertos lo había situado en US $45.

Ese precio se usó para numerosos procesos regulatorios sobre las emisiones de gases. Esto sin duda traía beneficios para las grandes compañías, pero un costo enorme para la humanidad y sobre todo para las futuras generaciones. En 2020, Estados Unidos experimentó un récord de 22 desastres meteorológicos extremos. El cambio, además, fue impulsado con falsos argumentos y movimientos ideológicos que desconocían la realidad del peligro de las emisiones de gas.

Biden, ahora, quiere aumentar el costo de la tonelada métrica de dióxido de carbono a US $51. Esta nueva estimación conduciría a regulaciones más estrictas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero aún no es suficiente. Durante los cuatro años de la administración Trump, con el ajuste abrupto y peligroso del costo social que se hizo sin tener en cuenta la evidencia científica, el mundo perdió tiempo, y Estados Unidos se atrasó en la lucha contra el cambio climático. El precio al que debería estar la tonelada métrica de dióxido de carbono debería ser US $125, según Union of Concerned Scientists.

Las demandas de los republicanos contra Biden solo buscan estropear un plan con el que se espera construir una economía verde y sostenible para beneficiar a las futuras generaciones y a todos los estadounidenses. Sin embargo, este es el peligro de pasar un proyecto de este tipo a través de una orden ejecutiva que puede ser cuestionada en los tribunales federales. Para que Biden pueda avanzar en su agenda necesita que estos proyectos pasen por el Congreso.

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