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La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció un supuesto “golpe de Estado” en curso, horas después de que se publicara un video en que aparece su cuñado, Carlos Zelaya, en una reunión con narcos en 2013 pidiendo aportes para su campaña electoral de ese año.
“Ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo [...] por un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe detener”, dijo la mandataria izquierdista.
Este martes, InSight Crime, un portal especializado en investigaciones sobre crimen y corrupción, publicó un video de la reunión entre Zelaya, quien se desempeñaba como secretario del Congreso, causando la molestia de la mandataria.
“Un video exclusivo de InSight Crime muestra a narcotraficantes hondureños ofreciendo sobornos a un miembro de la familia presidencial. Esto evidencia la gravedad de la narcocorrupción en el país”, destacó Insight Crime en la red X.
Zelaya reconoció que sí existió la reunión, por lo que el pasado sábado renunció a su cargo junto con su hijo, José Manuel Zelaya, quien se desempeñaba como ministro de Defensa.
“En relación con el video [...] condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos. El plan para destruir mi gobierno socialista, democrático, y el próximo proceso electoral están en marcha”, dijo Castro en su mensaje al país, el martes en la noche.
Castro cancela tratado de extradición
La primera reacción de la presidenta hondureña tras destaparse este narcoescándalo fue cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos, el cual permitió en el pasado el encarcelamiento centenares de poderosos narcotraficantes y políticos como el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).
El Gobierno asegura que con este cambio esperaba que Washington no usara este tratado contra militares que le son leales y facilitara así un intento de golpe de Estado. Castro también acusó de “injerencia” a la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, por criticar una reunión del ministro Zelaya y del jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas con el titular de Defensa venezolano, general Vladimir Padrino López, a quien Washington acusa de narcotráfico.
Sin embargo, la oposición afirmó que detrás de la cancelación del tratado estaba la intención de Castro de proteger a miembros de su gobierno y de su familia.
“Han llegado al máximo nivel del cinismo [en el gobierno], al apartarse de la realidad de los hechos y construir una verdad de lo que ellos creen, que es distante de las pruebas que pudiera haber en Estados Unidos”, dijo a la AFP la analista Ana Pineda, quien fue ministra de Derechos Humanos en el gobierno derechista de Porfirio Lobo (2010-2014).
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