La prisión dotada de alta tecnología para la vigilancia, fue inaugurada a principios de febrero por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Construida en un valle rural en las afueras de la ciudad de Tecoluca, unos 74 kilómetros al sureste de San Salvador, el ‘Centro de Confinamiento del Terrorismo’ (CECOT) se destaca por sus rigurosos controles de ingreso y los particulares regímenes bajo los que los presos viven en la cárcel.
La nueva megacárcel, fue inaugurada por el mandatario a comienzos de febrero de 2023 y este viernes el presidente de El Salvador informó que el Gobierno del país trasladó a 2.000 supuestos pandilleros al CECOT.
Dentro de las reglas del Centro se encuentra que a los familiares de los detenidos bajo el Régimen de Excepción se les exigen 170 dólares al mes para brindarle alimentos y productos básicos a los detenidos. “Son siete pequeños paquetes cuyos contenidos no aparecen detallados en las hojas que los carceleros han pegado en los muros de las prisiones. Los familiares solo saben que dan 35 dólares por alimentación, 15 por artículos de higiene, 30 por vestimenta, 20 por limpieza de área y 70 por misceláneos”, publicó el portal Prensa Libre, de Guatemala.
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Así mismo, el pago de esos productos de primera necesidad es responsabilidad de los allegados de los prisioneros en el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Según las cifras oficiales, replicadas por EFE, bajo el régimen de excepción, aprobado en marzo pasado tras una escalada de asesinatos, se ha detenido a más de 64.000 personas a quienes el Gobierno acusa de ser pandilleros. Aún así, se han liberado a más de 3.300.
¿Cómo es la prisión?
En el país con la mayor tasa de población carcelaria del mundo, el recinto penitenciario tendrá la capacidad de albergar a miles de reclusos en el contexto de lo que el gobierno salvadoreño califica como una “guerra” contra el crimen iniciada en marzo del año pasado.
El complejo, construido en una zona rural cerca de Tecoluca, unos 74 kilómetros al sureste de la capital San Salvador, será custodiado por más de 600 efectivos de las Fuerzas Armadas y 250 de la Policía Nacional Civil, según datos entregados por el gobierno.
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La nueva prisión tiene 23 hectáreas de construcción y Amnistía Internacional (AI) expresó su “profunda preocupación”, debido a que “la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos”.
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