El nuevo proceso constituyente arrancó este lunes en Chile con la instalación del comité de expertos designados por el Parlamento, que tienen como tarea la elaboración de un borrador de nueva Constitución que sirva de base a los consejeros que serán elegidos en mayo próximo en las urnas.
Los 24 expertos, de los cuales 12 fueron escogidos por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado, tomaron posesión de sus cargos en el edificio del antiguo Congreso de Santiago en una ceremonia sobria que convive con la falta de expectativas y de interés ciudadano que despierta este segundo intento constituyente.
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El órgano, que integran varias figuras veteranas de la política chilena, tiene tres meses para redactar el anteproyecto de Carta Fundamental y entregárselo a los 50 consejeros que elaborarán la propuesta final que podría reemplazar a la heredada por la dictadura militar (1973-1990).
“HAY CANSANCIO CON EL PROCESO CONSTITUYENTE”
De acuerdo a la última edición de la encuesta chilena Pulso Ciudadano, publicada en febrero, un 57 % de la población chilena tiene nada, o poca, confianza en el proceso constituyente, lo que se traduce en 2,3 puntos más con relación a la medición de enero pasado. Un 16,7 % tiene mucha confianza, o algo de confianza, y un 26,2 % tiene mediana confianza.
“La ciudadanía está experimentando una suerte de fatiga constitucional, hay un cansancio relacionado con el proceso constituyente, especialmente por los excesos que tuvo el primero”, dijo a EFE el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno.
“La gente le tiene cierta distancia, conoce poco respecto del mismo y está enfocada en otras prioridades como la inseguridad, el orden público, la migración y el manejo de la economía”, agregó.
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Por su parte, la politóloga de la Universidad de Chile María Cristina Escudero destacó, que si bien más del 50 % de los encuestados manifiestan la necesidad de tener una nueva Constitución, “no hay demasiado apego en la participación en el proceso que va a empezar”.
En opinión de Moreno, “la gente quiere delegar en los expertos la redacción del nuevo texto constitucional y con eso distanciarse de un rol mayor que en la anterior discusión”.
Una vez entregado el anteproyecto, los profesionales elegidos por los parlamentarios, que cuentan con un perfil académico y con experiencia en posiciones de la administración estatal, tendrán derecho a tomar la palabra, pero no a votar.
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