Protección para migrantes en Colombia: ¿una política exitosa en riesgo?

Josefina Campo tiene 30 años, vive en Valledupar y es migrante venezolana. Con la ayuda de la organización Opción Legal, solicitó su Permiso por Protección Temporal (PPT) en junio de este año, y en cuestión de dos días recibió respuesta positiva: su documento de identificación ya estaba listo. La obtención de este permiso la ha beneficiado, sobre todo, para acceder a servicios de salud.

El proceso fue mucho más complicado para Yuleidy Alejos, quien empezó la solicitud en agosto de 2021, y apenas en mayo de este año, tras mucha insistencia y con el acompañamiento de Mercy Corps y Opción Legal, que trabajan en alianza, finalmente pudo recibir su permiso. Con el documento en mano, pudo suscribir un contrato laboral con todas las prestaciones de ley.

Son solo dos casos entre más de 1.800.000 permisos temporales que, desde que se empezaron a implementar, han sido entregados (en total, casi 2.000.000 han sido aprobados). También son una muestra del impacto que pueden tener en la vida de la población migrante políticas como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), puesto en marcha por el gobierno de Iván Duque.

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El ETPV fue “una continuación, perfeccionada y con un mayor alcance, de las acciones tomadas por su predecesor, Juan Manuel Santos, en cuyo gobierno se adelantaron las primeras decisiones para encauzar el fenómeno migratorio venezolano a través del Permiso Especial de Permanencia (PEP)”, en palabras de Txomin Las Heras Leizaola, investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.

El Estatuto, que tiene una vigencia de 10 años y, por lo tanto, continúa en marcha durante el gobierno de Gustavo Petro, es visto como un referente global. “El ETPV ha sido una medida de regularización innovadora y ejemplar, que ha significado una oportunidad de vida para miles de refugiados y migrantes venezolanos que necesitan acceso a derechos y oportunidades para reconstruir sus proyectos de vida en el país”, le dijo a este diario el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), coliderado por ACNUR y la OIM.

En particular sobre el PPT, Shanti Sattler, directora del consorcio VenEsperanza (que se dedica a la asistencia humanitaria con el apoyo de USAID junto con el Comité Internacional de Rescate, Mercy Corps, Save the Children y World Vision), estima que ha sido “una gran medida humanitaria para dignificar las condiciones de las personas migrantes procedentes de Venezuela que están en Colombia, con el cual muchas han tenido la posibilidad de tener un contrato de trabajo formal, acceder al sistema de salud o abrir una cuenta bancaria”.

Para Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela, sin ninguna duda el ETPV es un “éxito del Estado colombiano”, cuya implementación actual está lejos de ser óptima. Cita algunas cifras: del total de permisos aprobados, el 80 % se logró entre octubre de 2021 y agosto de 2022 (10 meses); mientras que apenas el 20 % ha sido aprobado en esta administración, que lleva 13 meses.

Aunque Rodríguez es consciente de que se podría argumentar que la mayor parte de la población buscaría regularizarse en los primeros meses, para él, lo que está detrás es que “para este gobierno el tema migratorio ya no es una prioridad, y por tanto no hay voluntad política”. Eso, agrega, se traduce en efectos negativos en la implementación del estatuto. Pone como ejemplo el hecho de que apenas en el último mes se retomaron los eventos de entregas masivas del PPT. Es decir, este tipo de acciones estuvieron detenidas casi todo un año.

Para este artículo, intentamos obtener una entrevista con Migración Colombia, pero no fue posible; sin embargo, en su página web, Migración ha informado que puso en marcha la estrategia “Tu PPT en un día”, que es “una solución efectiva para aquellos venezolanos que han estado esperando su PPT desde septiembre de 2021 y aún no lo han recibido”. Ha explicado que durante el primer semestre de este año se llevaron a cabo “50 pruebas piloto” a escala nacional, lo que permitió consolidar “esta innovadora estrategia, que resuelve las deficiencias que han afectado el proceso de entrega de los PPT desde 2021”.

No obstante, el sentir entre quienes han hecho seguimiento al fenómeno migratorio venezolano en el país es que ha habido un cambio en las prioridades, que repercute de forma negativa en la coordinación de esfuerzos y que se refleja desde las narrativas.

Desde los primeros meses de esta administración, comentarios de funcionarios del Gobierno, del presidente para abajo, han causado, por lo menos, sorpresa al sugerir, por ejemplo, que ha habido una migración “a la inversa”; es decir, de venezolanos regresando masivamente a su país de origen. Eso, sabiendo que entre comienzos de 2021 y el mismo período de 2022 la población venezolana en Colombia había pasado de 1,7 millones de personas a 2,4 millones. Ya vamos en casi tres millones, según la cifra de la plataforma R4V, que se basa en los datos suministrados por Migración Colombia.

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Otra narrativa, más reciente, es que “los venezolanos están de paso”. Si bien es cierto que los cruces por la selva del Darién han roto todos los récords (al llegar ya a los 400.000 en lo corrido del año, mientras que en 2022 la cifra fue de casi 250.000) y que al menos la mitad de esas travesías son emprendidas por ciudadanos venezolanos, los expertos señalan que no se puede desconocer a los ya mencionados tres millones de personas del vecino país con vocación de permanencia en Colombia.

Esta especie de negacionismo viene preocupando a los expertos, para quienes hablar de integración parece cada vez más lejano. Hay que recordar que el gobierno anterior dejó documentos como el CONPES 4100, que pretendía trascender del enfoque de la regularización con instrumentos como el PPT a un enfoque de integración real de la población migrante en Colombia, por ejemplo, en materia económica.

Según Rodríguez, aunque es cierto que ese CONPES pudo quedar mejor financiado desde el gobierno anterior y ser más que una “exposición de motivos y voluntades”, quedó enterrado en esta administración.

Pero para no ir tan lejos, señala que sigue habiendo problemas de socialización del PPT, pues no solo es importante que la población venezolana lo conozca, sino también la población receptora, que al final son quienes acogen, pueden dar empleo, prestan servicios como el de salud, etc. “La mayoría de los colombianos no saben qué es un PPT”.

Iván José Chinchilla, por ejemplo, tuvo problemas derivados de las demoras con su permiso. Llegó a Colombia en 2014 y se instaló en Guateque, Boyacá. Fue allí en donde escuchó por primera vez hablar del estatuto. Empezó las gestiones para obtener el permiso, pero cuenta que lo mandaban para Tunja, y de allí para Bogotá y de allí de vuelta a Tunja. Cuando se radicó en Medellín, al fin pudo obtener un certificado de que su permiso estaba en proceso, supuestamente para poder conseguir trabajo, pero en ningún lado se lo aceptaban. En junio de 2023, consiguió empleo, pero, de nuevo, le pidieron el PPT original. Buscó la asesoría de Opción Legal, que lo ayudó a presentar una tutela. Tras 15 días de logrado eso, obtuvo su permiso, pero en la empresa ya habían contratado a otra persona. Hoy trabaja “jornaleando”, pero sigue en la búsqueda de un empleo estable y con un salario justo.

Como resaltó el GIFMM para este diario, “una de las principales barreras a la integración que enfrenta la población refugiada y migrante venezolana en Colombia es el acceso a un trabajo formal y digno. De acuerdo con los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (2023), en el 2022 la tasa de desempleo de la población venezolana que vivía hace un año en Venezuela se ubicó en 21,7 %, mientras que la de la comunidad de acogida fue 10,7 %; una diferencia de 11 puntos porcentuales”. Y agregó: “Dadas las dificultades que enfrenta la población refugiada y migrante venezolana para acceder al mercado laboral formal en Colombia, esta población ve la necesidad de acceder a trabajos informales. De acuerdo con la información presentada en la GEIH (2023), el 85,9 % de los trabajadores de nacionalidad venezolana y el 56,2 % de la comunidad de acogida no cotizan a salud y pensión (son informales), una diferencia de 30 puntos porcentuales. Eso aumenta su inestabilidad laboral, su vulnerabilidad económica y carencia de protección social”.

¿Y entonces?

Rodríguez, del Observatorio, enumeró en su entrevista con este diario varias falencias en Migración Colombia, pero también reconoció que el desafío supera las competencias de esa institución.

“La disminución de la infraestructura en política nacional en temas migratorios es palpable desde el cierre de la Gerencia de Fronteras, no tenemos a un alto funcionario encargado de ese tema, que ahora será competencia del Ministerio de la Igualdad; es decir, ya no es del resorte presidencial, sino de un viceministerio de un nuevo ministerio que no termina de estructurarse”, explica Rodríguez, quien concluye: “Como no hay coordinación y esto sobrepasa las capacidades de Migración Colombia, el resultado es que no hay continuidad, se hacen mesas y encuentros, pero con resultados que no se logran materializar en la política o acciones concretas”.

Entre las fuentes consultadas por este diario hay consenso en que quedan muchos desafíos pendientes, empezando por ofrecer una solución para las personas migrantes que se instalaron en Colombia de manera irregular después del 31 de enero de 2021 (fecha máxima de ingreso al país para acogerse al PPT). Por cierto, para quienes entraron de manera regular (con sello en el pasaporte), el plazo para inscribirse en el Registro Único de Migrantes (requisito previo del PPT) quedó establecido para el 24 de noviembre de este año, según la resolución 971 de 2021, que implementa el estatuto.

“Ante los últimos meses de este proceso, desde VenEsperanza creemos que es importante seguir apostando por medidas que creen oportunidades de empleo y faciliten la integración de la población migrante que tiene la intención de construir una nueva vida en Colombia, al mismo tiempo que es necesario atender a quienes siguen llegando. Recordamos que este movimiento migratorio desde Venezuela es el segundo más importante del mundo, solo por detrás de Ucrania”, señaló la directora del consorcio y añadió: “Consideramos que iniciativas como este proceso de regularización reconocen la migración como una oportunidad para el desarrollo social y económico de Colombia y que, por tanto, deberíamos seguir generando nuevas medidas que sigan facilitando ese camino a esta población”.

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En un sentido similar, el GIFMM recalcó “que la regularización genera condiciones de mayor estabilidad social y económica que no solo beneficia a las personas provenientes de Venezuela, sino también a la sociedad colombiana”. Habla, por ejemplo, de su “valiosa fuerza productiva para la economía del país, el impulso de soluciones e ideas, el desarrollo de emprendimientos, la ampliación y diversificación de la oferta laboral y la activación de movilizaciones culturales que estimulan transformaciones sociales”.

Añadió que, con la formalización de la actividad laboral, en este caso de la población migrante, se hace “un especial aporte al presupuesto público con el pago de impuestos. Tanto es así que el BID establece que “si se hace una inversión en ayuda humanitaria, salud, vivienda y apoyo en la búsqueda de empleo en el largo plazo, esta inversión podría reportar un incremento del PIB hasta de 4,5 puntos porcentuales para 2030 en los países de acogida”. Es más, según el Banco de la República, entre 2015 y 2030, la población refugiada y migrante aportaría entre 0,14 y 0,17 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en Colombia”.

Para Ronal Rodríguez, en definitiva, hay por lo menos que “replantear los tiempos del PPT para la población venezolana, ampliarlo y no crear nuevos documentos. Si se quiere atender a otras poblaciones, debe hacerse en el marco de la ley migratoria”. Enfatizó en que el ETPV fue una política que se creó por todas las particularidades de la migración venezolana, características que por el momento no tiene ningún otro flujo en Colombia.

El Espectador también intentó obtener una entrevista con el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el desarrollo y el futuro de la política migratoria, pero no fue posible.

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Josefina Campo tiene 30 años, vive en Valledupar y es migrante venezolana. Con la ayuda de la organización Opción Legal, solicitó su Permiso por Protección Temporal (PPT) en junio de este año, y en cuestión de dos días recibió respuesta positiva: su documento de identificación ya estaba listo. La obtención de este permiso la ha beneficiado, sobre todo, para acceder a servicios de salud.

El proceso fue mucho más complicado para Yuleidy Alejos, quien empezó la solicitud en agosto de 2021, y apenas en mayo de este año, tras mucha insistencia y con el acompañamiento de Mercy Corps y Opción Legal, que trabajan en alianza, finalmente pudo recibir su permiso. Con el documento en mano, pudo suscribir un contrato laboral con todas las prestaciones de ley.

Son solo dos casos entre más de 1.800.000 permisos temporales que, desde que se empezaron a implementar, han sido entregados (en total, casi 2.000.000 han sido aprobados). También son una muestra del impacto que pueden tener en la vida de la población migrante políticas como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), puesto en marcha por el gobierno de Iván Duque.

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El ETPV fue “una continuación, perfeccionada y con un mayor alcance, de las acciones tomadas por su predecesor, Juan Manuel Santos, en cuyo gobierno se adelantaron las primeras decisiones para encauzar el fenómeno migratorio venezolano a través del Permiso Especial de Permanencia (PEP)”, en palabras de Txomin Las Heras Leizaola, investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.

El Estatuto, que tiene una vigencia de 10 años y, por lo tanto, continúa en marcha durante el gobierno de Gustavo Petro, es visto como un referente global. “El ETPV ha sido una medida de regularización innovadora y ejemplar, que ha significado una oportunidad de vida para miles de refugiados y migrantes venezolanos que necesitan acceso a derechos y oportunidades para reconstruir sus proyectos de vida en el país”, le dijo a este diario el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), coliderado por ACNUR y la OIM.

En particular sobre el PPT, Shanti Sattler, directora del consorcio VenEsperanza (que se dedica a la asistencia humanitaria con el apoyo de USAID junto con el Comité Internacional de Rescate, Mercy Corps, Save the Children y World Vision), estima que ha sido “una gran medida humanitaria para dignificar las condiciones de las personas migrantes procedentes de Venezuela que están en Colombia, con el cual muchas han tenido la posibilidad de tener un contrato de trabajo formal, acceder al sistema de salud o abrir una cuenta bancaria”.

Para Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela, sin ninguna duda el ETPV es un “éxito del Estado colombiano”, cuya implementación actual está lejos de ser óptima. Cita algunas cifras: del total de permisos aprobados, el 80 % se logró entre octubre de 2021 y agosto de 2022 (10 meses); mientras que apenas el 20 % ha sido aprobado en esta administración, que lleva 13 meses.

Aunque Rodríguez es consciente de que se podría argumentar que la mayor parte de la población buscaría regularizarse en los primeros meses, para él, lo que está detrás es que “para este gobierno el tema migratorio ya no es una prioridad, y por tanto no hay voluntad política”. Eso, agrega, se traduce en efectos negativos en la implementación del estatuto. Pone como ejemplo el hecho de que apenas en el último mes se retomaron los eventos de entregas masivas del PPT. Es decir, este tipo de acciones estuvieron detenidas casi todo un año.

Para este artículo, intentamos obtener una entrevista con Migración Colombia, pero no fue posible; sin embargo, en su página web, Migración ha informado que puso en marcha la estrategia “Tu PPT en un día”, que es “una solución efectiva para aquellos venezolanos que han estado esperando su PPT desde septiembre de 2021 y aún no lo han recibido”. Ha explicado que durante el primer semestre de este año se llevaron a cabo “50 pruebas piloto” a escala nacional, lo que permitió consolidar “esta innovadora estrategia, que resuelve las deficiencias que han afectado el proceso de entrega de los PPT desde 2021”.

No obstante, el sentir entre quienes han hecho seguimiento al fenómeno migratorio venezolano en el país es que ha habido un cambio en las prioridades, que repercute de forma negativa en la coordinación de esfuerzos y que se refleja desde las narrativas.

Desde los primeros meses de esta administración, comentarios de funcionarios del Gobierno, del presidente para abajo, han causado, por lo menos, sorpresa al sugerir, por ejemplo, que ha habido una migración “a la inversa”; es decir, de venezolanos regresando masivamente a su país de origen. Eso, sabiendo que entre comienzos de 2021 y el mismo período de 2022 la población venezolana en Colombia había pasado de 1,7 millones de personas a 2,4 millones. Ya vamos en casi tres millones, según la cifra de la plataforma R4V, que se basa en los datos suministrados por Migración Colombia.

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Otra narrativa, más reciente, es que “los venezolanos están de paso”. Si bien es cierto que los cruces por la selva del Darién han roto todos los récords (al llegar ya a los 400.000 en lo corrido del año, mientras que en 2022 la cifra fue de casi 250.000) y que al menos la mitad de esas travesías son emprendidas por ciudadanos venezolanos, los expertos señalan que no se puede desconocer a los ya mencionados tres millones de personas del vecino país con vocación de permanencia en Colombia.

Esta especie de negacionismo viene preocupando a los expertos, para quienes hablar de integración parece cada vez más lejano. Hay que recordar que el gobierno anterior dejó documentos como el CONPES 4100, que pretendía trascender del enfoque de la regularización con instrumentos como el PPT a un enfoque de integración real de la población migrante en Colombia, por ejemplo, en materia económica.

Según Rodríguez, aunque es cierto que ese CONPES pudo quedar mejor financiado desde el gobierno anterior y ser más que una “exposición de motivos y voluntades”, quedó enterrado en esta administración.

Pero para no ir tan lejos, señala que sigue habiendo problemas de socialización del PPT, pues no solo es importante que la población venezolana lo conozca, sino también la población receptora, que al final son quienes acogen, pueden dar empleo, prestan servicios como el de salud, etc. “La mayoría de los colombianos no saben qué es un PPT”.

Iván José Chinchilla, por ejemplo, tuvo problemas derivados de las demoras con su permiso. Llegó a Colombia en 2014 y se instaló en Guateque, Boyacá. Fue allí en donde escuchó por primera vez hablar del estatuto. Empezó las gestiones para obtener el permiso, pero cuenta que lo mandaban para Tunja, y de allí para Bogotá y de allí de vuelta a Tunja. Cuando se radicó en Medellín, al fin pudo obtener un certificado de que su permiso estaba en proceso, supuestamente para poder conseguir trabajo, pero en ningún lado se lo aceptaban. En junio de 2023, consiguió empleo, pero, de nuevo, le pidieron el PPT original. Buscó la asesoría de Opción Legal, que lo ayudó a presentar una tutela. Tras 15 días de logrado eso, obtuvo su permiso, pero en la empresa ya habían contratado a otra persona. Hoy trabaja “jornaleando”, pero sigue en la búsqueda de un empleo estable y con un salario justo.

Como resaltó el GIFMM para este diario, “una de las principales barreras a la integración que enfrenta la población refugiada y migrante venezolana en Colombia es el acceso a un trabajo formal y digno. De acuerdo con los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (2023), en el 2022 la tasa de desempleo de la población venezolana que vivía hace un año en Venezuela se ubicó en 21,7 %, mientras que la de la comunidad de acogida fue 10,7 %; una diferencia de 11 puntos porcentuales”. Y agregó: “Dadas las dificultades que enfrenta la población refugiada y migrante venezolana para acceder al mercado laboral formal en Colombia, esta población ve la necesidad de acceder a trabajos informales. De acuerdo con la información presentada en la GEIH (2023), el 85,9 % de los trabajadores de nacionalidad venezolana y el 56,2 % de la comunidad de acogida no cotizan a salud y pensión (son informales), una diferencia de 30 puntos porcentuales. Eso aumenta su inestabilidad laboral, su vulnerabilidad económica y carencia de protección social”.

¿Y entonces?

Rodríguez, del Observatorio, enumeró en su entrevista con este diario varias falencias en Migración Colombia, pero también reconoció que el desafío supera las competencias de esa institución.

“La disminución de la infraestructura en política nacional en temas migratorios es palpable desde el cierre de la Gerencia de Fronteras, no tenemos a un alto funcionario encargado de ese tema, que ahora será competencia del Ministerio de la Igualdad; es decir, ya no es del resorte presidencial, sino de un viceministerio de un nuevo ministerio que no termina de estructurarse”, explica Rodríguez, quien concluye: “Como no hay coordinación y esto sobrepasa las capacidades de Migración Colombia, el resultado es que no hay continuidad, se hacen mesas y encuentros, pero con resultados que no se logran materializar en la política o acciones concretas”.

Entre las fuentes consultadas por este diario hay consenso en que quedan muchos desafíos pendientes, empezando por ofrecer una solución para las personas migrantes que se instalaron en Colombia de manera irregular después del 31 de enero de 2021 (fecha máxima de ingreso al país para acogerse al PPT). Por cierto, para quienes entraron de manera regular (con sello en el pasaporte), el plazo para inscribirse en el Registro Único de Migrantes (requisito previo del PPT) quedó establecido para el 24 de noviembre de este año, según la resolución 971 de 2021, que implementa el estatuto.

“Ante los últimos meses de este proceso, desde VenEsperanza creemos que es importante seguir apostando por medidas que creen oportunidades de empleo y faciliten la integración de la población migrante que tiene la intención de construir una nueva vida en Colombia, al mismo tiempo que es necesario atender a quienes siguen llegando. Recordamos que este movimiento migratorio desde Venezuela es el segundo más importante del mundo, solo por detrás de Ucrania”, señaló la directora del consorcio y añadió: “Consideramos que iniciativas como este proceso de regularización reconocen la migración como una oportunidad para el desarrollo social y económico de Colombia y que, por tanto, deberíamos seguir generando nuevas medidas que sigan facilitando ese camino a esta población”.

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En un sentido similar, el GIFMM recalcó “que la regularización genera condiciones de mayor estabilidad social y económica que no solo beneficia a las personas provenientes de Venezuela, sino también a la sociedad colombiana”. Habla, por ejemplo, de su “valiosa fuerza productiva para la economía del país, el impulso de soluciones e ideas, el desarrollo de emprendimientos, la ampliación y diversificación de la oferta laboral y la activación de movilizaciones culturales que estimulan transformaciones sociales”.

Añadió que, con la formalización de la actividad laboral, en este caso de la población migrante, se hace “un especial aporte al presupuesto público con el pago de impuestos. Tanto es así que el BID establece que “si se hace una inversión en ayuda humanitaria, salud, vivienda y apoyo en la búsqueda de empleo en el largo plazo, esta inversión podría reportar un incremento del PIB hasta de 4,5 puntos porcentuales para 2030 en los países de acogida”. Es más, según el Banco de la República, entre 2015 y 2030, la población refugiada y migrante aportaría entre 0,14 y 0,17 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en Colombia”.

Para Ronal Rodríguez, en definitiva, hay por lo menos que “replantear los tiempos del PPT para la población venezolana, ampliarlo y no crear nuevos documentos. Si se quiere atender a otras poblaciones, debe hacerse en el marco de la ley migratoria”. Enfatizó en que el ETPV fue una política que se creó por todas las particularidades de la migración venezolana, características que por el momento no tiene ningún otro flujo en Colombia.

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