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Protesta indígena en Ecuador: ¿en jaque el gobierno de Guillermo Lasso?

No solo se trata del rechazo de los indígenas. Analistas sugieren que a estas protestas se sumaron otros sectores que también piden un cambio en la política económica del país.

22 de junio de 2022 - 02:20 a. m.
Indígenas y campesinos permanecen en un bloqueo en el barrio Cutuglagua, al sur de Quito. / AFP
Indígenas y campesinos permanecen en un bloqueo en el barrio Cutuglagua, al sur de Quito. / AFP
Foto: AFP - CRISTINA VEGA RHOR
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Ecuador cumple este miércoles 10 días de protesta contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso, un movimiento convocado por la opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que también participó en las revueltas que derrocaron a tres mandatarios entre 1997 y 2005. ¿Qué piden los manifestantes?

Los indígenas, que representan más de un millón de los 17,7 millones de ecuatorianos, exigen que Lasso atienda un pliego de 10 demandas, una lista que incluye una prohibición de concesiones mineras en sus territorios, una moratoria para el pago de deudas de campesinos con la banca, el control de precios agrícolas, más empleo, entre otros.

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“A nosotros los pequeños agricultores nos han subido bastantísimo los insumos y abonos, y nuestros productos no suben nada”, señaló a la AFP Tito Zamora, indígena de la aldea de Sigchos, en Cotopaxi. Este explicó que mientras un litro de leche se vende hasta en un dólar en Ecuador, ellos reciben por esa misma cantidad 0,35 centavos.

Édison Hurtado, sociólogo y profesor investigador de Flacso Ecuador, explica que hay políticas que fueron implementadas en el gobierno de Lenín Moreno, que se suman a otras reformas actuales, que resultaron en todo este descontento social: “Estas medidas concentraron la riqueza, lo que generó pobreza en algunos sectores. Hay varios ejemplos: la ley de defensa de la dolarización, la ley de fomento productivo y más recientemente la reforma tributaria”, comentó el experto.

El asunto no es de poca monta, pues la Conaie protagonizó violentas protestas en 2019 que dejaron 11 muertos, más de 1.000 heridos y que obligaron al expresidente Moreno a dar marcha atrás en un plan para eliminar los subsidios a los combustibles como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Por ahora, el panorama es preocupante: tras bloquear una importante vía de Quito, miles de indígenas se enfrentaron con la policía, que intentó dispersar las marchas con gases lacrimógenos. Hasta el momento, en el marco de las manifestaciones, se reportó un muerto y decenas de heridos y detenidos. De hecho, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos informó sobre 79 detenidos y 55 civiles heridos. Hay un total de 63 agentes heridos y otros 21 retenidos y liberados, según la Policía.

¿Qué puede pasar en Ecuador?

“Es poco probable que exista un diálogo franco y abierto”, aseveró Édison Hurtado. “La palabra del presidente está bastante desacreditada; en enero y febrero se realizó un ciclo de diálogos, pero Lasso no fue claro con los indígenas. Ahí se desató otra protesta y el presidente salió con unas medidas bastante tibias para apaciguar las cosas”, agregó el analista.

Hurtado añadió que las protestas están en un ciclo de crispación del conflicto, lo que complica aún más el diálogo. “El gobierno ha desplegado muchas dinámicas represivas, sacó dos decretos con estados de excepción que son fuertes, incluso manifestando la idea del uso potencial de la fuerza letal para reprimir las protestas”, señaló.

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Aseguró, asimismo, que pese a que el panorama es incierto, en este punto hay dos posibles escenarios: “Puede ocurrir la mayor radicalización de todos los frentes, el gobierno se vuelve mucho más represivo, por ejemplo, aumenta la protesta, y se crispa el conflicto. Y ahí la única salida sería la destitución del presidente”, comentó Hurtado.

📃📃 Un dato: esto sería posible a través de un mecanismo que en Ecuador se conoce como la muerte cruzada. Desde la Constitución de 2008, el presidente tiene la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional y esta, por su parte, tiene la capacidad de destituirlo sin un juicio político previo.

Sin embargo, el analista tampoco descarta del todo una salida negociada. “A la larga, esto no solo se trata de demandas corporativas para el movimiento indígena, sino que todo esto tiene que ver con una reorientación de una política económica del gobierno, que ha sido bastante pro élite, sin política social y recortando presupuesto en el sector salud”, agregó.

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