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La Justicia cubana condenó este lunes por sedición a 20 manifestantes que participaron de las protestas antigubernamentales, realizadas el 11 de julio del año pasado, cinco de ellos menores de edad. Las condenas oscilaron entre cinco y 20 años de cárcel, según informaron varios activistas por los derechos humanos.
Este fallo del Tribunal Provincial de Holguín, ubicado al oriente del país, es, según explicó a EFE la activista de justicia Salomé García Bacallao, la primera sentencia conjunta por el delito de sedición que se dicta en el país a raíz de las manifestaciones ocurridas en el mes de julio del año pasado.
Asimismo, los 15 condenados mayores de edad, personas —en su mayoría hombres— de entre 18 y 59 años, han recibido penas de cárcel por debajo de la petición de la fiscalía. Ninguno de los acusados ha sido declarado no culpable.
Las sentencias quedaron así: dos condenados a 20 años de prisión; tres a 18 años; dos a 17; uno a 15; dos a 14; dos a 12 y dos a siete. Además, un joven de 18 años fue sentenciado a 5 años de “trabajo correccional sin internamiento”.
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Por otro lado, las condenas para los cinco menores de edad, en donde hay cuatro jóvenes de 17 años y uno de 16, para quienes la fiscalía solicitaba entre 15 y 18 años de cárcel, han sido sentenciados a “cinco años de limitación de libertad”. En Cuba la edad mínima para ser procesado penalmente es 16 años. Sin embargo, las personas de 16 y 17 años pueden recibir una reducción de hasta la mitad del tiempo de condena.
En dicha sentencia no aparece Yasmani Crespo, quien estaba incluido en el expediente y no se presentó al juicio, según García. Se especula que exista la posibilidad de que haya abandonado el país.
Algunos activistas denunciaron que varios de los condenados fueron llevados directamente a prisión tras la lectura del fallo, pese a que la sentencia fijaba que podían quedar en libertad bajo fianza hasta el momento de la apelación. Hasta el momento, la Justicia cubana no difundió públicamente estas sentencias y los medios oficiales no informaron sobre el fallo.
Varios defensores de los derechos humanos y ONG han denunciado falta de garantías, fabricación de pruebas y penas excesivas en estos procesos en torno a las mayores protestas antigubernamentales que sucedieron en el país en décadas. A su vez, han señalado el empleo del delito de sedición en los juicios a los manifestantes por su connotación política y su ambigua probatoria.
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La Fiscalía General de Cuba argumentó recientemente que se optó por acusar de sedición en algunos casos por “el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas”, que ocurrieron “de manera tumultuaria” con el “deliberado propósito de subvertir el orden constitucional” y la “perturbación grave del orden público”.
Asimismo, indicó que se ha verificado en los juicios “el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso” pese a las “manipulaciones” que “pretenden acusar a Cuba de violaciones de los derechos humanos”.
El Gobierno de Cuba informó del procesamiento de 790 personas por hechos relevantes relacionados con las protestas del 11 de julio, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años. Otros 27 tienen menos de 16 años, a los que se han aplicado medidas alternativas al no alcanzar la edad mínima penal.
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