Protestas en Perú: ocho muertos, 200 heridos, bloqueos y militares en las calles
La justicia peruana postergó hasta el jueves una audiencia para decidir si acepta un pedido de prisión preventiva de 18 meses contra el expresidente Pedro Castillo, mientras que el país sigue en protestas. Hasta la publicación de este video, siete personas habían muerto durante las manifestaciones. Sin embargo, las autoridades actualizaron la información y confirmaron que ya son ocho los fallecidos.
La justicia peruana postergó hasta el jueves una audiencia para decidir si acepta un pedido de prisión preventiva de 18 meses contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión y conspiración, tras su fallido autogolpe de Estado.
El magistrado, Juan Checkley, indicó que el exmandatario seguirá detenido otras 48 horas, a pesar de que este miércoles se cumple el plazo de siete días de detención que le impuso un juez hace una semana.
Un país en protestas:
Las violentas protestas que se registran en Perú en demanda de elecciones generales anticipadas y la liberación del destituido presidente Pedro Castillo pueden derivar en “una asonada” contra el poder, advirtió el martes 13 de diciembre la Defensoría del Pueblo.
Las manifestaciones y bloqueos de carreteras afectan a 13 de 24 regiones del país y han dejado desde el domingo siete muertos y unos 200 heridos, entre civiles y policías, según las autoridades. Además, se han quemado sedes judiciales, comisarías y se han tomado aeropuertos.
Según la Defensoría, seis personas murieron por arma de fuego de acuerdo a la necropsia y entre los 200 heridos, hay 119 policías, algunos de ellos con fracturas. Entre los fallecidos hay tres adolescentes que tenían entre 15 y 16 años.
En Chincheros, los manifestantes incendiaron la sede de la fiscalía y una comisaría. En el aeropuerto de Arequipa estalló una batalla campal cuando la policía desalojó a los manifestantes que bloquearon la pista de aterrizaje con piedras, palos y neumáticos en llamas. La policía los enfrentó con gases lacrimógenos y retomó el control de la pista al cabo de tres horas.
Los manifestantes, algunos vestidos con sombreros y trajes tradicionales, quemaron casetas de seguridad y destruyeron la iluminación de la pista de aterrizaje. El aeropuerto cerró y dejó varados a decenas de pasajeros. También en Arequipa, la fábrica de lácteos Gloria, una de las más grandes del país, fue ocupada a la fuerza por manifestantes, según imágenes de televisoras. En Lima, cientos de manifestantes fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos en su intento por llegar al Congreso.
La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial cerró la noche del lunes el aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco, debido a que manifestantes intentaron ingresar de forma violenta a sus instalaciones.
Paro Indefinido:
Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un “paro indefinido” a partir del martes 13 de diciembre, sumándose a los pedidos del cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú.
Militares en las calles:
El ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció estado de emergencia en las regiones de Arequipa e Ica (sur), que permite la intervención del ejército ante manifestaciones, vandalismo y bloqueos de carreteras. De hecho, las fuerzas armadas ya patrullan junto a la policía las calles de varias ciudades bajo el estado de emergencia. El gobierno lo declaró el lunes por 60 días en siete provincias de la región de Abancay (sur).
El respaldo de Castillo:
Algunos gobiernos de izquierda de Latinoamérica defienden a Castillo pese al autogolpe.
Argentina, Bolivia, Colombia y México respaldaron el lunes a Castillo y pidieron respetar “la voluntad popular expresada con el libre sufragio”. La Cancillería peruana replicó que Castillo fue destituido con respeto a la Constitución porque perpetró un “golpe de Estado”, y pidió a los países ayudar a Perú a “resguardar la institucionalidad democrática y el Estado de derecho”.
¿Por qué fue destituido Pedro Castillo?
Antes de su fallido autogolpe, la fiscalía investigaba a Castillo por liderar una “organización criminal” que beneficiaba a allegados y familiares. La fiscal de la nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso en octubre una denuncia constitucional contra Castillo por supuesta corrupción.
Fue una denuncia inédita contra un presidente en funciones, en un país que tiene el récord de cinco exmandatarios procesados por corrupción desde el 2001. Esta denuncia llevó a Castillo a pedir la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), invocando la Carta Democrática Interamericana.
Según Castillo, la fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso, le atribuían delitos que no cometió y buscaban dar un golpe de Estado en su contra.
El miércoles 7 de diciembre, Castillo ordenó en un mensaje al país la disolución del parlamento y la intervención del sistema judicial, horas antes que el parlamento debatiera su destitución por presunta corrupción. Fue detenido por sus guardaespaldas cuando se dirigía a la embajada de México para asilarse.
Ahora, Dina Boluarte, actual presidenta de Perú, busca negociar con el Congreso adelantar las elecciones generales de abril de 2026 a abril de 2024 o incluso 2023, aunque los seguidores de Castillo las piden inmediatamente.
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La justicia peruana postergó hasta el jueves una audiencia para decidir si acepta un pedido de prisión preventiva de 18 meses contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión y conspiración, tras su fallido autogolpe de Estado.
El magistrado, Juan Checkley, indicó que el exmandatario seguirá detenido otras 48 horas, a pesar de que este miércoles se cumple el plazo de siete días de detención que le impuso un juez hace una semana.
Un país en protestas:
Las violentas protestas que se registran en Perú en demanda de elecciones generales anticipadas y la liberación del destituido presidente Pedro Castillo pueden derivar en “una asonada” contra el poder, advirtió el martes 13 de diciembre la Defensoría del Pueblo.
Las manifestaciones y bloqueos de carreteras afectan a 13 de 24 regiones del país y han dejado desde el domingo siete muertos y unos 200 heridos, entre civiles y policías, según las autoridades. Además, se han quemado sedes judiciales, comisarías y se han tomado aeropuertos.
Según la Defensoría, seis personas murieron por arma de fuego de acuerdo a la necropsia y entre los 200 heridos, hay 119 policías, algunos de ellos con fracturas. Entre los fallecidos hay tres adolescentes que tenían entre 15 y 16 años.
En Chincheros, los manifestantes incendiaron la sede de la fiscalía y una comisaría. En el aeropuerto de Arequipa estalló una batalla campal cuando la policía desalojó a los manifestantes que bloquearon la pista de aterrizaje con piedras, palos y neumáticos en llamas. La policía los enfrentó con gases lacrimógenos y retomó el control de la pista al cabo de tres horas.
Los manifestantes, algunos vestidos con sombreros y trajes tradicionales, quemaron casetas de seguridad y destruyeron la iluminación de la pista de aterrizaje. El aeropuerto cerró y dejó varados a decenas de pasajeros. También en Arequipa, la fábrica de lácteos Gloria, una de las más grandes del país, fue ocupada a la fuerza por manifestantes, según imágenes de televisoras. En Lima, cientos de manifestantes fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos en su intento por llegar al Congreso.
La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial cerró la noche del lunes el aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco, debido a que manifestantes intentaron ingresar de forma violenta a sus instalaciones.
Paro Indefinido:
Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un “paro indefinido” a partir del martes 13 de diciembre, sumándose a los pedidos del cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú.
Militares en las calles:
El ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció estado de emergencia en las regiones de Arequipa e Ica (sur), que permite la intervención del ejército ante manifestaciones, vandalismo y bloqueos de carreteras. De hecho, las fuerzas armadas ya patrullan junto a la policía las calles de varias ciudades bajo el estado de emergencia. El gobierno lo declaró el lunes por 60 días en siete provincias de la región de Abancay (sur).
El respaldo de Castillo:
Algunos gobiernos de izquierda de Latinoamérica defienden a Castillo pese al autogolpe.
Argentina, Bolivia, Colombia y México respaldaron el lunes a Castillo y pidieron respetar “la voluntad popular expresada con el libre sufragio”. La Cancillería peruana replicó que Castillo fue destituido con respeto a la Constitución porque perpetró un “golpe de Estado”, y pidió a los países ayudar a Perú a “resguardar la institucionalidad democrática y el Estado de derecho”.
¿Por qué fue destituido Pedro Castillo?
Antes de su fallido autogolpe, la fiscalía investigaba a Castillo por liderar una “organización criminal” que beneficiaba a allegados y familiares. La fiscal de la nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso en octubre una denuncia constitucional contra Castillo por supuesta corrupción.
Fue una denuncia inédita contra un presidente en funciones, en un país que tiene el récord de cinco exmandatarios procesados por corrupción desde el 2001. Esta denuncia llevó a Castillo a pedir la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), invocando la Carta Democrática Interamericana.
Según Castillo, la fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso, le atribuían delitos que no cometió y buscaban dar un golpe de Estado en su contra.
El miércoles 7 de diciembre, Castillo ordenó en un mensaje al país la disolución del parlamento y la intervención del sistema judicial, horas antes que el parlamento debatiera su destitución por presunta corrupción. Fue detenido por sus guardaespaldas cuando se dirigía a la embajada de México para asilarse.
Ahora, Dina Boluarte, actual presidenta de Perú, busca negociar con el Congreso adelantar las elecciones generales de abril de 2026 a abril de 2024 o incluso 2023, aunque los seguidores de Castillo las piden inmediatamente.
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