¿Puede Donald Trump expulsar a tantas personas como promete?
Donald Trump promete expulsar a millones de migrantes pero sus planes son tan logísticamente complejos que parecen imposibles de cumplir. Su idea de eliminar el programa de ‘parole’ genera más preguntas que soluciones.
Camilo Gómez Forero
El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, continúa poniendo a la migración en el centro de su campaña electoral. El miércoles, el expresidente prometió que si gana las elecciones eliminará el programa de ‘parole’ así como la aplicación CPB One, lo que aterró a las personas que buscaban conseguir o ya han conseguido una suerte de estatus legal para permanecer en Estados Unidos.
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El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, continúa poniendo a la migración en el centro de su campaña electoral. El miércoles, el expresidente prometió que si gana las elecciones eliminará el programa de ‘parole’ así como la aplicación CPB One, lo que aterró a las personas que buscaban conseguir o ya han conseguido una suerte de estatus legal para permanecer en Estados Unidos.
“Que se preparen para irse, especialmente los criminales”, dijo Trump en entrevista con Fox News.
Según sostiene Trump, estas medidas son necesarias para atender los desafíos que trae la migración para Estados Unidos, a la cual sigue culpando de algunos de los problemas más profundos del país, como el crimen y la inseguridad. Sobre esto hay que hacer una gran aclaración: aunque los republicanos culpen a los migrantes del crimen en las calles, lo cierto es que las cifras oficiales dicen otra cosa.
Según el Centro Brennan para la Justicia en Estados Unidos, “no hay evidencia de que la inmigración (y en particular la reciente afluencia de inmigrantes a las ciudades gobernadas por los demócratas) esté causando una ‘ola de delincuencia’”. De hecho, una investigación minuciosa destaca que en los lugares donde se han asentado la mayoría de los migrantes, en los estados demócratas, la delincuencia en general, incluidos delitos violentos, ha tendido a disminuir a excepción de pequeños aumentos de los robos. Y esto último no estaría relacionado directamente con la migración.
“En los casos en que se produjeron aumentos, incluidas las categorías de robo y hurto en tiendas, esas tendencias comenzaron en 2021, antes del actual aumento de inmigrantes indocumentados. Tampoco ha habido un aumento de la delincuencia violenta en los estados y condados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México que corresponda a mayores flujos de inmigración”, señaló el Centro en un informe.
También es mentira lo que dice Trump sobre la relación entre migrantes y trabajo: los migrantes no se han robado trabajos. De hecho, según Giovanni Peri, economista de la Universidad de California y director del Centro de Migración Global, el efecto que ha ocurrido es positivo. Los migrantes contribuyen al crecimiento laboral.
“Los inmigrantes son emprendedores. Crean empresas a un ritmo mucho mayor que los estadounidenses, lo que contribuye a la creación de empleo al generar demanda de mano de obra. En segundo lugar, muchos inmigrantes son científicos, ingenieros e innovadores que contribuyen al crecimiento de la productividad. En tercer lugar, también son consumidores, lo que aumenta la demanda de bienes y servicios, lo que a su vez impulsa la demanda de mano de obra”, señaló Peri en El País de España.
Aunque estos datos son públicos, los republicanos insisten en su retórica antinmigración. Pero el problema no solo es que su retórica parte de un análisis incorrecto de la migración, sino que además se está vendiendo una “solución” que podría profundizar el problema. Empecemos por entender esa figura del ‘parole’.
¿Qué es ‘parole humanitario’ y cómo funciona?
Esta fue una figura creada en 1952, también conocida como el programa CHNV, le ha permitido a varios presidentes (incluido Trump) autorizar la entrada a migrantes por razones humanitarias urgentes o por beneficio para el público estadounidense. Es importante destacar que cada caso se examina por separado.
Desde su creación, varios presidentes han usado este mecanismo para ayudar a refugiados de países como Irán, Cuba, Chile, Vietnam o Haití. Recientemente, el presidente Joe Biden se acogió a este mecanismo en abril de 2022 para ayudar a las personas provenientes de Ucrania, Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití.
Un solicitante debe llenar el Formulario I-131 y el Formulario I-134. En estos documentos se deberá explicar las razones por las que se solicita el permiso y una declaración de apoyo financiero en la que demuestren cómo se mantendrán financieramente en Estados Unidos -deberá tener un patrocinador financiero en el país-. Además, deberán incluir pruebas que sirvan para corroborar la solicitud. El documento no se le da a todo el mundo.
Una vez aprobado el permiso, el solicitante podrá presentarse en un aeropuerto con un pasaporte válido y viajar para residir y trabajar legalmente en el país por un período de máximo dos años. Pero este permiso es temporal: cuando expire, deberá renovarse, y hay casos en los que no se logra la renovación por diferentes circunstancias.
“Una vez son admitidos por un agente de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), tienen dos años para cambiar sus estatus bajo cualquier otro programa legal vigente, como el asilo, o de lo contrario deberán salir del país o el DHS les iniciará un proceso de deportación”, señala el periodista Jorge Cancino de Univisión.
Lo que quiere hacer el equipo de Trump es borrar este mecanismo y, además, deportar a las personas que se encuentran acogidas al permiso, según ha dejado ver en su campaña. El expresidente ha prometido expulsar entre un millón y 12 millones de migrantes si vuelve a la Casa Blanca. Cerca de un millón de personas se encuentran acogidas al ‘parole’. Y acá es donde aparecen los problemas.
¿Puede Trump eliminar el ‘parole humanitario’? ¿Puede deportar a tantas personas como dice?
Si Trump vuelve a la Casa Blanca, fácilmente podría emitir una declaración de emergencia señalando que hay una “invasión” de migrantes, así esto no esté ocurriendo en la frontera.
“Realmente hay mucha interpretación y flexibilidad para declarar que algo es una emergencia”, señala Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
Con esto, el mecanismo del parole podría ser, en efecto, suspendido. Para revertir una declaración de emergencia, dice Isacson, “ambas cámaras tienen que rechazar la medida con el voto de dos terceras partes”. Y, por ahora, “si los republicanos tienen la mitad del Congreso, un poco más o un poco menos, es probable que no se tenga una gran mayoría para rechazar las declaraciones de Trump”, remata el experto.
Ahora que sabemos que sí podría detener este mercanismo, viene la pregunta clave: ¿es conveniente el siguiente paso? Deportar a millones de personas no es tan fácil. Se trata de todo un desafío logístico que requiere de recursos financieros y de personal.
“Sobre la capacidad de deportación, es cierto que la misión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), nuestra agencia de inmigración, por sí misma no tiene la capacidad de hacer deportación masiva. Ni siquiera tienen aviones para esa tarea”, señala Isacson.
El presupuesto del ICE para transporte y deportación en 2023 fue de 420 millones de dólares (327 millones de libras esterlinas). Ese año, la agencia deportó a poco más de 140.000 personas. Es decir, habría que asignar muchos más fondos para cumplir con las promesas de Trump.
Deportar un migrante no es tan fácil: no se trata de subirlo a un avión y sacarlo del país. Las autoridades tienen que entrar en un proceso de detención e identificación que implica que sea llevado ante un juez, y en el sistema actual eso puede demorarse años.
“Recaudar esa cantidad de dinero, en un solo año, a un millón requeriría una inyección masiva de recursos que probablemente no existen”, le dijo a la BBC Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas del Consejo Americano de Inmigración.
Además, Trump tendría que apoyarse de las Fuerzas Armadas, tanto de las Guardias Nacionales estatales y algunos de los militares regulares, con tal vez un gran despliegue de militares que están ya estacionados en otros países para atender la situación. Históricamente, los militares no se han metido en las tareas relacionadas con la migración.
“La ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe a los militares desempeñar un papel de seguridad en el interior, pero tiene excepciones para emergencias nacionales. Hay otra ley, que se llama la Ley de Insurrecciones y otra que se llama la Ley de Extranjería y Sedición que también los limitan, pero también tienen esa flexibilidad. Y si es una operación de la Guardia Nacional, este cuerpo también tiene muchas excepciones”, dice Isacson.
Con estas explicaciones, a escena, entonces, es preocupante. “Con una declaratoria de emergencia, Trump sí puede redireccionar a soldados siempre bajo ese asunto de emergencia y despegarlos para apoyar esos operativos como allanamientos y capturas, así como para las operaciones en los campamentos de logística, que yo digo que son campamentos de concentración, así como los vuelos, sirviéndose de aviones militares”, dice el experto de WOLA.
Tenemos que revisar los casos de otros países del continente, como Ecuador, Colombia y México, que han visto un aumento de militares que siguen de cerca las tareas de migración en la frontera. En primer lugar, el Ejército no ve con buenos ojos que entren a desempeñar un papel activo en un área que históricamente no ha atendido y que no está entrenada para ello. En segundo lugar, no están preparados para esta labor.
Como explicaba Lina Arroyave, abogada y magíster en derecho con énfasis en investigación de la Universidad Eafit, que trabaja en el área de investigación de Dejusticia, “las fuerzas militares no son un cuerpo especializado para manejar el tema migratorio. Estas lo ven desde su enfoque de seguridad y de militarización de las fronteras, pero no tienen un enfoque de derechos humanos para poder tramitar todo lo que trae la inmigración y lo que esto implica”.
En el caso estadounidense, Isacson advierte que “estaríamos usando a soldados que no tienen formación para relacionarse con civiles en suelo estadounidense y que son entrenados para combate para vencer a un enemigo con el uso máximo de la fuerza. Ya en el estado de Texas, el gobernador, Gregg Abott, ha desplegado su Guardia Nacional y hemos registrado muchos incidentes recientemente en ese estado. Es una fuerza militar, que tiene la misma formación y las mismas armas que los militares regulares que se enviaron a Irak. Hace dos semanas, publicamos algo sobre el uso de fuerza en la frontera, porque no tienen ese entrenamiento. Y al final están escalando los problemas, están hiriendo a civiles y disparándoles”.
La gran pregunta es cómo se lo van a tomar los militares. Para Isacson, están en medio de una dinámica interesante de observar. Por un lado, los planes de Trump implican recortes para el Pentágono y una redirección de los recursos hacia asuntos migratorios. Ya en su último gobierno, Trump le quitó al Pentágono y a los militares casi US$9.000 millones de fondos para la construcción de bases y los redireccionó a la construcción del muro fronterizo, lo que es inédito den las relaciones cívico-militares en Estados Unidos.
“No hemos visto a soldados jugando un papel interno así en el país”, dice Isacson.
Pero, por otro lado, “muchos militares están de acuerdo con eso (las posiciones migratorias de Trump), aunque no crean que sea bueno para la institución. Es cierto que la resistencia interna de los militares, detrás de bambalinas, va a ser muy fuerte como ha sido en muchas cosas para los que él los quería usar. Buscaba usarlos, por ejemplo, contra los manifestantes cuando ocurrió el caso de las protestas por el asesinato de George Floyd, y el señor general Mark Miley quien se resistió fuertemente, y al final ganó”, dice Isacson.
El problema es que ahora Trump entiende mejor la presidencia y no van a nombrar a gente del establecimiento tradicional de seguridad nacional como su personal civil en el Departamento de Defensa. “Va a nombrar a gente muy extrema y leal a él desde el inicio. No vamos a ver al general Kelly o al general McMaster. No va a haber frenos esta vez”, concluye Isacson.
En síntesis, Trump no tiene frenos para sus planes de deportación. Sin embargo, la ejecución de este plan maestro implica tanta logística y recursos que difícilmente pueda cumplir con sus propósitos, si es que vuelve a la Casa Blanca.
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