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Luego de calificar las elecciones de Nicaragua como fraudulentas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se prepara para promulgar la Ley Renacer, la cual ya fue aprobada por el Congreso y busca presionar al régimen de Daniel Ortega. El Espectador le explica las claves de esta medida.
¿Por qué ahora y no antes de las elecciones?
Se esperaba que Biden firmara la ley el viernes, dos días antes de los comicios en Nicaragua. Sin embargo, el presidente no quería que la legislación enviara un mensaje equivocado y Correa aprovechara la medida para hacer propaganda contra Estados Unidos, justificando así todas las maneras en las que ha buscado atornillarse en el poder.
“Es importante que (la Casa Blanca) no haga nada que distraiga de lo que va a ser un claro abuso de poder en Nicaragua”, dijo un alto funcionario estadounidense. “La firma (antes de los comicios) no va a cambiar nada de lo que ya han hecho: robarse el poder”, agregó.
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La ley, cabe recordar, ya fue aprobada por el Congreso por 387 votos a favor. En la discusión final del proyecto de ley, solo 35 representantes a la Cámara votaron en contra de la legislación, destacando los votos negativos de seis republicanos y de los demócratas Alexandria Ocasio-Cortez y Jim McGovern.
Ahora, terminadas las elecciones, es cuestión de horas para que Biden promulgue la Ley Renacer. El lunes, al conocerse los resultados provisionales con los que Ortega tuvo la victoria, Biden recordó que Estados Unidos usará “todas las herramientas diplomáticas y económicas a su disposición para apoyar al pueblo de Nicaragua y hacer responsable al gobierno de Ortega-Murillo y a quienes facilitan sus abusos”.
“Impopular desde hace mucho tiempo y ahora sin un mandato democrático, la familia Ortega y Murillo desde ahora gobierna Nicaragua como autócrata”, recalcó el presidente estadounidense.
¿Qué hace la ley?
La Ley Renacer tiene dos objetivos principales: expandir la supervisión de los préstamos a las instituciones financieras internacionales de Nicaragua y alinear la diplomacia estadounidense y las sanciones selectivas para promover elecciones democráticas. Es decir, se busca que sea más difícil otorgar préstamos a Nicaragua a la vez que se promueven más sanciones contra el país.
Para fortalecer la supervisión de los préstamos, Estados Unidos demandará información clasificada sobre casos de corrupción relacionados con la familia de Ortega y los miembros de la cúpula de su gobierno, así como las actividades de gobiernos extranjeros, como el de Rusia, en Nicaragua, incluidas las ventas de equipo militar. También se pedirán informes sobre los abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses bajo el mandato de Ortega.
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Pero en Washington no quieren quedarse solo con la presión a Ortega. Para el congresista republicano Mario Díaz-Balart, también se debe “presionar a los países que están ayudando a Ortega, y le están otorgando financiamiento para mantener la represión sobre el pueblo nicaragüense”, le dijo a Voz de América.
Otras medidas que tomará Washington con esta ley son la revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés) y la adición del país a la lista de naciones con restricciones de visados por temas relacionados con la corrupción. Según Eddy Acevedo, jefe de Staff del Woodrow Wilson Center, le señaló a CNN que la administración Biden está considerando seriamente expulsar a Nicaragua del CAFTA.
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