¿Qué hay detrás del maltrato a viajeros, incluyendo colombianos, en aeropuertos de México?
En los aeropuertos de Cancún y Ciudad de México se somete a los migrantes rechazados a un encierro inhumano, al parecer, en cooperación con la autoridad migratoria de Estados Unidos.
“Me llevaron a un cuarto grande de detención con un hacinamiento increíble”; “inmediatamente te quitan los celulares y el pasaporte”; “me trataron remal, me veían llorando y se reían de mí”; “la gente durmiendo en el piso, en diminutas y pocas colchonetas, mujeres en embarazo, mujeres sin toallas higiénicas, un salón insalubre, familias enteras con niños todos encerrados”; “a algunas personas les daban una sola comida al día, a pesar de que tuvieran niños, y esos niños llorando de hambre”. Así describen algunos viajeros el ‘cuartito’, como les dicen en México a las salas de tránsito de los aeropuertos, una bodega fría donde no es posible saber si afuera es de día o de noche. Allí, la autoridad migratoria mexicana, que, según testigos, estarían cooperando con agentes de migración estadounidenses, envía a discrecionalidad y sin dar motivos a personas que quieren ingresar al país.
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La ley mexicana obliga a que la situación de admisión o inadmisión se resuelva en un máximo de cuatro horas. Luego, una vez las personas son inadmitidas, se les traslada al ‘cuartito’, donde parece no haber ley que valga. En el mejor de los casos, los extranjeros pasan encerrados allí entre 24 y 72 horas que, para muchos, son traumáticas.
Muchas de las denuncias recopiladas provienen de colombianos. En ellas relatan que, aunque tienen sus papeles en orden y cumplen con toda la documentación requerida, los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, quienes verifican el papeleo en los aeropuertos internacionales de México, conjeturan razones arbitrarias para impedir la entrada al país y retener a los migrantes en esa habitación.
Eso le pasó a la colombiana María Paula Bustamante, quien iba a visitar Ciudad de México en un plan turístico. Llegó el pasado 24 de septiembre. Tenía en regla todos sus documentos. Como esperaba quedarse en la casa de una amiga que vivía allá, presentó una carta escrita por esa amiga que lo confirmaba. Sin embargo, cuando se acercó al puesto de migración, la funcionaria del INM que la atendió vio que la identificación de su amiga decía que ella había nacido en Toluca. Como María Paula reportaba que solo iba a Ciudad de México, la funcionaria asumió que ella necesariamente tenía intenciones ocultas de ir a Toluca.
“En ese momento cogí mi celular para escribirle a mi amiga mexicana que me iba a recoger, a lo que la señora llamó una militar para que se parara al lado mío, diciendo que no me había autorizado escribirle a nadie. La militar tomó mi celular y empezó a revisar mis conversaciones con mi amiga, preguntó de quién hablábamos, cómo nos conocimos, quién era la gente que mencionábamos en mi chat… luego revisó conversaciones con mi hermana y un chat que tengo con mi familia”, cuenta María Paula. Luego de un rato de discusión, María Paula logró pasar el filtro. En tono de amenaza, la funcionaria le dijo que si no mostraba su pasaporte a la salida del país no podría volver ingresar a México: una obviedad, pues ese es en realidad el procedimiento.
Aunque salió bien librada, todo el tiempo temió que la acabaran mandando al cuartito. Desde hace pocos meses, noticias y trinos en redes sociales se han hecho virales. Colombianos cuentan las pesadillas que viven en los cuartitos del aeropuerto Benito Juárez, de la capital, y el Aeropuerto Internacional de Cancún. Lo común es que, luego de experimentar lo que María Paula vivió, se envíe a los señalados al cuartito. Diversos testimonios cuentan también que, junto al funcionario del INM, hay también un funcionario estadounidense, vestido de civil, que pertenece a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés.
Así lo documentó El Espectador en estas dos notas:
- Cancún: un paraíso del Caribe donde terminé viviendo una pesadilla
- A nadie le importa el trato a viajeros rechazados en el aeropuerto de Cancún
México, ¿el portero de Estados Unidos?
Pero en México, la presencia de estos hombres estadounidenses no se ha documentado públicamente. Adam Isacson, director del Programa de Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos –organización que vela por los derechos humanos en la región–, ofrece una explicación: “Desde hace unos 7 años, funciona un programa en los que agentes del CBP, llamados ‘mentores’ o asesores, están cerca de las puertas de entrada dando asesoría en tiempo real”.
Esta ‘asesoría’ en realidad es una forma de “tener un ojo puesto en la llegada de ciudadanos de países que han sido origen de terroristas en el pasado”, según Isacson.
En efecto, la CBP tiene el programa ‘preclearance’ (autorización previa), que consiste en “el estacionamiento estratégico del personal de CBP en aeropuertos extranjeros designados para inspeccionar a los viajeros antes de abordar vuelos con destino a EE. UU.”, según reza en el sitio web de la entidad. Aunque parece que en México está funcionando una dinámica como la de ese programa, el mismo sitio web no menciona a México en la lista de países que lo han implementado.
A la fecha de publicación, El Espectador contactó a las oficinas de transparencia de los aeropuertos de Ciudad de México y Cancún y al Instituto Nacional de Migración para preguntar si existe un acuerdo de esa naturaleza con la autoridad migratoria estadounidense, así como a la Embajada de México en Colombia sobre la situación, pero no ha habido respuesta. Eso sí, el INM, en respuesta a este diario para un artículo anterior, sostuvo que las salas de tránsito en el aeropuerto “no dependen del Instituto Nacional de Migración; la administración y seguridad es brindada por el concesionario de las instalaciones aeroportuarias”.
Aunque estos casos se han venido a conocer recientemente, vendrían, al menos, desde 2019. Ese año, Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, declaró una “emergencia migratoria”. Parte de su solución fue asustar al vecino y, vía Twitter, el 30 de mayo advirtió que en los próximos 10 días se pondría una tarifa del 5 % a todos los productos que entraran desde México hasta que ese país cooperara para detener el flujo de migrantes. Si México no obedecía, el impuesto iría se encarecería y eso sería muy grave, pues el 80 % de todas las manufacturas mexicanas se exportan a Estados Unidos.
Dos días antes del ultimátum, el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto a su canciller Marcelo Ebrard, anunció que se había evitado el impuesto mediante dos compromisos asumidos con Estados Unidos: revivir el programa Quédate en México, que nació en la administración Trump, pero que estaba suspendido, y que obliga que los migrantes se queden en territorio latino mientras un juez resuelve si le dan asilo o no en Estados Unidos. Solo en lo que restó del año, México aceptó hospedar 8.000 migrantes.
Segundo, el gobierno de López Obrador desplegó 6.000 uniformados de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para impedir que las caravanas de centroamericanos lograran llegar a los estados del sur. A todo esto, el periodista Juan José Jaramillo, quien documentó el caso para Cuestión Pública, lo calificó como un modo de convertir a México en un “guardia de seguridad migratoria de los Estados Unidos”.
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Aunque Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, ha relajado las políticas migratorias, Adam Isacson afirma que Biden piensa que la vasta mayoría de migrantes hispanos que pasan de México a Estados Unidos no están buscando protección, sino que son migrantes económicos. México no le pide visa a Colombia y aunque, de acuerdo con Isacson, ya se ha sugerido, no puede hacerlo porque ambos países son miembros de la Alianza del Pacífico y tienen un acuerdo de libre circulación. Así, los Estados Unidos estarían buscando otros métodos para apretar el brazo del control migratorio mexicano. Un criterio para retener individuos ha sido documentado por este diario: no contar con la visa estadounidense.
¿Por qué debería importarnos?
Entre octubre de 2021 y agosto de 2022, la CBP ha detenido 116.470 migrantes colombianos en Estados Unidos. En el mismo periodo, el año anterior, se detuvieron 7.908 migrantes colombianos. Esto representa un estrepitoso crecimiento de más del 1.300 %.
Pero no son solo colombianos. En el cuartito hay extranjeros de otros países latinoamericanos y de Europa del Este. En 2021, casi 30.000 extranjeros fueron rechazados en el aeropuerto Internacional de Cancún. Solo le supera el aeropuerto Benito Juárez, en Ciudad de México, con 40.000 casos el año pasado, según datos del INM. En total, durante 2021 México obligó a regresar a 72.895 personas, equivalente a 200 expulsiones diarias. La cifra de 2021 es cuatro veces mayor que la de 2020 (16.286) y más del doble que la de 2019 (31.008).
A este respecto, el diario LA Times reportó que “los colombianos fueron detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México más de 15.000 veces en marzo, lo que supone un aumento de 60 % en comparación con febrero y casi 100 veces más que las detenciones que se registraron en 2022, según datos de la Patrulla Fronteriza”.
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El volumen de denuncias de colombianos afectados obligó a un pronunciamiento de la Cancillería colombiana. “Estamos hablando con México, el tema es difícil y necesitamos tratarlo bilateralmente con todo el cuidado que merece. México, de otro lado, es muy importante para Colombia en temas regionales como la Alianza del Pacífico”, le respondió a El Espectador la Cancillería colombiana.
Desde la institución se informó además que ya hubo una conversación entre el vicecanciller de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, y su homólogo en México. Al respecto, aseveró que “fue una conversación amable, aunque difícil, pues se trata de un tema en donde ambos países tienen preocupaciones legítimas”. El Ministerio confirmó, además, que el 24 de octubre una delegación colombiana viajará a México a conocer el tema en detalle.
Entretanto, la misma entidad emitió un comunicado advirtiendo lo que podría pasarles a quienes viajen a México y cuáles son las recomendaciones: total honestidad, contar con un itinerario de viaje claramente definido, traer documentos pruebas de que hay intención de regresar a Colombia y demostrar solvencia, que se traduce en entre 100 y 500 dólares americanos por día.
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“Me llevaron a un cuarto grande de detención con un hacinamiento increíble”; “inmediatamente te quitan los celulares y el pasaporte”; “me trataron remal, me veían llorando y se reían de mí”; “la gente durmiendo en el piso, en diminutas y pocas colchonetas, mujeres en embarazo, mujeres sin toallas higiénicas, un salón insalubre, familias enteras con niños todos encerrados”; “a algunas personas les daban una sola comida al día, a pesar de que tuvieran niños, y esos niños llorando de hambre”. Así describen algunos viajeros el ‘cuartito’, como les dicen en México a las salas de tránsito de los aeropuertos, una bodega fría donde no es posible saber si afuera es de día o de noche. Allí, la autoridad migratoria mexicana, que, según testigos, estarían cooperando con agentes de migración estadounidenses, envía a discrecionalidad y sin dar motivos a personas que quieren ingresar al país.
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La ley mexicana obliga a que la situación de admisión o inadmisión se resuelva en un máximo de cuatro horas. Luego, una vez las personas son inadmitidas, se les traslada al ‘cuartito’, donde parece no haber ley que valga. En el mejor de los casos, los extranjeros pasan encerrados allí entre 24 y 72 horas que, para muchos, son traumáticas.
Muchas de las denuncias recopiladas provienen de colombianos. En ellas relatan que, aunque tienen sus papeles en orden y cumplen con toda la documentación requerida, los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, quienes verifican el papeleo en los aeropuertos internacionales de México, conjeturan razones arbitrarias para impedir la entrada al país y retener a los migrantes en esa habitación.
Eso le pasó a la colombiana María Paula Bustamante, quien iba a visitar Ciudad de México en un plan turístico. Llegó el pasado 24 de septiembre. Tenía en regla todos sus documentos. Como esperaba quedarse en la casa de una amiga que vivía allá, presentó una carta escrita por esa amiga que lo confirmaba. Sin embargo, cuando se acercó al puesto de migración, la funcionaria del INM que la atendió vio que la identificación de su amiga decía que ella había nacido en Toluca. Como María Paula reportaba que solo iba a Ciudad de México, la funcionaria asumió que ella necesariamente tenía intenciones ocultas de ir a Toluca.
“En ese momento cogí mi celular para escribirle a mi amiga mexicana que me iba a recoger, a lo que la señora llamó una militar para que se parara al lado mío, diciendo que no me había autorizado escribirle a nadie. La militar tomó mi celular y empezó a revisar mis conversaciones con mi amiga, preguntó de quién hablábamos, cómo nos conocimos, quién era la gente que mencionábamos en mi chat… luego revisó conversaciones con mi hermana y un chat que tengo con mi familia”, cuenta María Paula. Luego de un rato de discusión, María Paula logró pasar el filtro. En tono de amenaza, la funcionaria le dijo que si no mostraba su pasaporte a la salida del país no podría volver ingresar a México: una obviedad, pues ese es en realidad el procedimiento.
Aunque salió bien librada, todo el tiempo temió que la acabaran mandando al cuartito. Desde hace pocos meses, noticias y trinos en redes sociales se han hecho virales. Colombianos cuentan las pesadillas que viven en los cuartitos del aeropuerto Benito Juárez, de la capital, y el Aeropuerto Internacional de Cancún. Lo común es que, luego de experimentar lo que María Paula vivió, se envíe a los señalados al cuartito. Diversos testimonios cuentan también que, junto al funcionario del INM, hay también un funcionario estadounidense, vestido de civil, que pertenece a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés.
Así lo documentó El Espectador en estas dos notas:
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- A nadie le importa el trato a viajeros rechazados en el aeropuerto de Cancún
México, ¿el portero de Estados Unidos?
Pero en México, la presencia de estos hombres estadounidenses no se ha documentado públicamente. Adam Isacson, director del Programa de Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos –organización que vela por los derechos humanos en la región–, ofrece una explicación: “Desde hace unos 7 años, funciona un programa en los que agentes del CBP, llamados ‘mentores’ o asesores, están cerca de las puertas de entrada dando asesoría en tiempo real”.
Esta ‘asesoría’ en realidad es una forma de “tener un ojo puesto en la llegada de ciudadanos de países que han sido origen de terroristas en el pasado”, según Isacson.
En efecto, la CBP tiene el programa ‘preclearance’ (autorización previa), que consiste en “el estacionamiento estratégico del personal de CBP en aeropuertos extranjeros designados para inspeccionar a los viajeros antes de abordar vuelos con destino a EE. UU.”, según reza en el sitio web de la entidad. Aunque parece que en México está funcionando una dinámica como la de ese programa, el mismo sitio web no menciona a México en la lista de países que lo han implementado.
A la fecha de publicación, El Espectador contactó a las oficinas de transparencia de los aeropuertos de Ciudad de México y Cancún y al Instituto Nacional de Migración para preguntar si existe un acuerdo de esa naturaleza con la autoridad migratoria estadounidense, así como a la Embajada de México en Colombia sobre la situación, pero no ha habido respuesta. Eso sí, el INM, en respuesta a este diario para un artículo anterior, sostuvo que las salas de tránsito en el aeropuerto “no dependen del Instituto Nacional de Migración; la administración y seguridad es brindada por el concesionario de las instalaciones aeroportuarias”.
Aunque estos casos se han venido a conocer recientemente, vendrían, al menos, desde 2019. Ese año, Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, declaró una “emergencia migratoria”. Parte de su solución fue asustar al vecino y, vía Twitter, el 30 de mayo advirtió que en los próximos 10 días se pondría una tarifa del 5 % a todos los productos que entraran desde México hasta que ese país cooperara para detener el flujo de migrantes. Si México no obedecía, el impuesto iría se encarecería y eso sería muy grave, pues el 80 % de todas las manufacturas mexicanas se exportan a Estados Unidos.
Dos días antes del ultimátum, el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto a su canciller Marcelo Ebrard, anunció que se había evitado el impuesto mediante dos compromisos asumidos con Estados Unidos: revivir el programa Quédate en México, que nació en la administración Trump, pero que estaba suspendido, y que obliga que los migrantes se queden en territorio latino mientras un juez resuelve si le dan asilo o no en Estados Unidos. Solo en lo que restó del año, México aceptó hospedar 8.000 migrantes.
Segundo, el gobierno de López Obrador desplegó 6.000 uniformados de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para impedir que las caravanas de centroamericanos lograran llegar a los estados del sur. A todo esto, el periodista Juan José Jaramillo, quien documentó el caso para Cuestión Pública, lo calificó como un modo de convertir a México en un “guardia de seguridad migratoria de los Estados Unidos”.
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Aunque Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, ha relajado las políticas migratorias, Adam Isacson afirma que Biden piensa que la vasta mayoría de migrantes hispanos que pasan de México a Estados Unidos no están buscando protección, sino que son migrantes económicos. México no le pide visa a Colombia y aunque, de acuerdo con Isacson, ya se ha sugerido, no puede hacerlo porque ambos países son miembros de la Alianza del Pacífico y tienen un acuerdo de libre circulación. Así, los Estados Unidos estarían buscando otros métodos para apretar el brazo del control migratorio mexicano. Un criterio para retener individuos ha sido documentado por este diario: no contar con la visa estadounidense.
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Entre octubre de 2021 y agosto de 2022, la CBP ha detenido 116.470 migrantes colombianos en Estados Unidos. En el mismo periodo, el año anterior, se detuvieron 7.908 migrantes colombianos. Esto representa un estrepitoso crecimiento de más del 1.300 %.
Pero no son solo colombianos. En el cuartito hay extranjeros de otros países latinoamericanos y de Europa del Este. En 2021, casi 30.000 extranjeros fueron rechazados en el aeropuerto Internacional de Cancún. Solo le supera el aeropuerto Benito Juárez, en Ciudad de México, con 40.000 casos el año pasado, según datos del INM. En total, durante 2021 México obligó a regresar a 72.895 personas, equivalente a 200 expulsiones diarias. La cifra de 2021 es cuatro veces mayor que la de 2020 (16.286) y más del doble que la de 2019 (31.008).
A este respecto, el diario LA Times reportó que “los colombianos fueron detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México más de 15.000 veces en marzo, lo que supone un aumento de 60 % en comparación con febrero y casi 100 veces más que las detenciones que se registraron en 2022, según datos de la Patrulla Fronteriza”.
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El volumen de denuncias de colombianos afectados obligó a un pronunciamiento de la Cancillería colombiana. “Estamos hablando con México, el tema es difícil y necesitamos tratarlo bilateralmente con todo el cuidado que merece. México, de otro lado, es muy importante para Colombia en temas regionales como la Alianza del Pacífico”, le respondió a El Espectador la Cancillería colombiana.
Desde la institución se informó además que ya hubo una conversación entre el vicecanciller de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, y su homólogo en México. Al respecto, aseveró que “fue una conversación amable, aunque difícil, pues se trata de un tema en donde ambos países tienen preocupaciones legítimas”. El Ministerio confirmó, además, que el 24 de octubre una delegación colombiana viajará a México a conocer el tema en detalle.
Entretanto, la misma entidad emitió un comunicado advirtiendo lo que podría pasarles a quienes viajen a México y cuáles son las recomendaciones: total honestidad, contar con un itinerario de viaje claramente definido, traer documentos pruebas de que hay intención de regresar a Colombia y demostrar solvencia, que se traduce en entre 100 y 500 dólares americanos por día.
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