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Yerileth Jaramillo cuenta que desde que logró sacar el Permiso Especial de Permanencia (PEP) pudo acceder a un empleo formal, con un salario fijo, pagar los uniformes de sus hijos y enviarles dinero a sus familiares en Venezuela. “Aunque conseguir trabajo no fue fácil, lo logré y gracias a Dios ahora tengo acceso a todos los beneficios que ofrece una empresa”. Lo mismo dice Nilse Ospino, quien llegó a Colombia hace tres años, y tras obtener su cédula colombiana, pudo empezar a trabajar como operaria administrativa. “Mi papá me dio la nacionalidad, y aunque fue difícil encontrar empleo, ahora tengo estabilidad económica y emocional”.
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Nilse y Yerileth no solo forman parte del 1’742.927 venezolanos que están en Colombia, sino que también entran en el grupo de los 759.584 que ya están regularizados. Esto es clave, pues el acceso a la salud, vivienda y trabajo, así como a los demás derechos socioeconómicos, dependen estrictamente de la regularización. “Este es el primer paso para la formalización, si no hay regularización, la población va a seguir estando en una situación precaria en cuanto a condiciones laborales”, explicó Juan Miguel Cortés, asociado de Medios de Vida e Inclusión de la Agencia de la ONU para los Refugiados, a El Espectador.
Esto es clave, pues el fenómeno de la movilidad humana es una realidad y, como tal, no cesará. De hecho, desde mayo de 2019 hasta julio de este año el número de venezolanos refugiados y migrantes en América Latina pasó de unos 3,2 millones a 4,5 millones. De ahí que el reto de los Estados, que incluye tanto a los gobiernos como a la sociedad civil, está en integrar a aquellas personas que salen de su país porque no tienen otra opción.
Y es que si deciden quedarse en Venezuela tendrían que encontrar trabajo en un país con una tasa de desempleo que se acerca al 58 %, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), y sobrevivir con un salario mínimo mensual de siete millones de bolívares, es decir, unos US$3,61. La situación es tan grave, que el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores de Venezuela (Cenda) advirtió, en julio de este año, que una familia necesita 116 salarios mínimos mensuales para cubrir solo los gastos básicos en alimentación.
Por eso, Diorkys Vargas cruzó la frontera con Cúcuta en marzo de 2018. Logrando entrar legalmente, con pasaporte sellado, atravesó el país hasta llegar a Granada (Meta), donde por 180 días (el tiempo que pasó sin documentación oficial) trabajó de manera informal, hasta que en diciembre del mismo año logró obtener el PEP. “Decidí, con el corazón en la mano, salir de Venezuela y separarme de mi familia, de mi hijo. Vine a buscar otras oportunidades en Colombia para poder cubrir sus necesidades básicas”, dijo Vargas. La venta de tintos y la jornada de trabajo en un restaurante en donde le pagaban $500.000 mensuales, sin prestaciones ni salud, fue la única forma que encontró para sostenerse.
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“Para acceder al trabajo es muy importante contar con la regularización. Es decir, las personas pueden tener las capacidades, competencias y la voluntad de querer trabajar, pero si no tienen la documentación que les da el carácter regular, todo va a ser muy difícil”, dijo Gloria Alicia Pinzón, gerente del programa “Integrando horizontes”, de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD). Y Diorkys Vargas lo admite: “Una vez me dieron el PEP y cumplí con la palabra que di en el restaurante, renuncié y me vine a probar suerte en Bogotá. Pasé y pasé hojas de vida, y cuando ya estaba casi que por rendirme, me llamaron de Dugotex, una empresa textil”.
De ahí que contar con procesos óptimos de regularización es un asunto fundamental en la atención a la población migrante, si además lo que se pretende hacer es superar el nivel de asistencia humanitaria para alcanzar soluciones sostenibles, comentan expertos.
Pero el panorama de la regularidad todavía tiene un largo camino en el país. “Del total de venezolanos que hay en Colombia, cerca del 65 % no tiene un documento que les permita trabajar”, comentó Cortés, quien también explica que es justamente por la condición de irregularidad que la población venezolana es mucho más propensa a la informalidad laboral. Y eso se ve reflejado en algunas cifras del DANE de 2019: la situación de los migrantes ocupados no era la mejor: el 63 % percibía un ingreso mensual igual o inferior a un salario mínimo, el 9 % cotizaba a salud y el 3 % a pensión.
“Probablemente esto va a cambiar con el Estatuto Temporal de Protección (ETPV), y así ellos podrán vincularse a una actividad económica, pero en este momento cerca de un millón de personas no pueden acceder al mercado formal”, comentó el experto. Justamente, lo que busca el ETPV es proteger al migrante e integrarlo a la vida productiva del país. Hasta ahora, 1’183.329 migrantes ya cuentan con el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), y 1’131.596 ya realizaron la encuesta de caracterización.
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Aunque la llegada de la pandemia dificultó los procesos de regularización y contratación, Cortés reconoce que, a pesar de que el PEP se lanzó en febrero del año pasado, justo un mes antes de la llegada del COVID-19 a Colombia, “este mecanismo generó unas 20.100 vinculaciones laborales que permitieron la regularización de estas personas en tiempos de pandemia. Es decir, sí hay una voluntad por parte de los empresarios de querer ayudar a las personas, de querer vincularlos”.
Los venezolanos también pueden aportar
Además de garantizar su protección, inclusión laboral y autonomía en Colombia, el Banco de la República estimó que la migración venezolana generaría un aumento de entre 0,18 y 0,33 puntos porcentuales en el PIB de este año. Unas cifras que corroboró la calificadora de riesgo Moody’s Investors Service que, en febrero de este año, aseguró que la regulación de los venezolanos impulsará el crecimiento del PIB potencial del país durante los próximos años.
Y aunque la migración aumentaría los gastos fiscales en rubros como los de salud y educación, también generaría un impacto en el recaudo de impuestos, especialmente en el IVA a través del consumo, de acuerdo con un estudio del Banco de la República. “El IVA pagado por los migrantes de origen venezolano asciende a $134.688 millones y $275.144 millones en 2018 y 2019, respectivamente”, se lee en el documento publicado en octubre de 2020.
Algo similar explicó Hugh Aprile, director de País de Mercy Corps en Colombia, a este diario: “Un estudio del Banco Mundial, publicado a finales de 2019, demostró que el consumo de esta nueva población de migrantes fue lo que, en parte, impulsó el crecimiento económico del país, antes del COVID-19. En otras palabras, sabemos que los venezolanos pueden contribuir”.
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A esto habría que agregar que el fenómeno migratorio representa un crecimiento del bono demográfico en Colombia, lo que aporta a la capacidad productiva del país, explican algunos expertos. “Significa la llegada de un talento humano que tiene un buen nivel de formación, pues la gran mayoría (92,5 %) de las personas migrantes tienen estudios en formación básica (42,5 %), media (27,3 %) y superior (22,7 %)”, se aprecia en el informe “Inclusión laboral de migrantes”, una apuesta del sector privado, publicado en 2020.
Esto sin mencionar que la proporción de personas migrantes en Colombia en edad productiva (60 %) es mayor a la de personas dependientes (niños, niñas, adolescentes y adultos mayores), lo que supondría un alivio para la inversión fiscal del Estado frente a los servicios que debe prestar a los migrantes, explican analistas de entidades como Usaid y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).
“Las ciudades que logren aprovechar al máximo la llegada de los migrantes van a ser las que más logren recuperarse económicamente una vez se supere la pandemia”, agregó Aprile. Incluso, las empresas creadas por venezolanos generan a su vez empleo, de forma que se benefician las familias de otras personas, lo que a la vez fortalece su poder adquisitivo. Con todo y esto, aunque los venezolanos regularizados podrían tener una barrera documental menos, todavía se enfrentan a restricciones estructurales importantes.
La tarea sigue, y con ello varios retos
“Hay un vacío, y es que se va a seguir generando un cuello de botella, pues los venezolanos que continúan entrando a Colombia, después del 31 de enero de este año, no cuentan con ningún otro mecanismo de regularización migratoria habilitado. El país necesita un marco normativo que pueda responder de forma integral a la movilidad humana”, comentó Laura Cristina Dib Ayesta, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad de los Andes, quien agregó que si bien es algo positivo que el ETPV tenga una vigencia de diez años para quienes ya estaban en el país, tampoco es seguro que todos puedan obtener una visa de residencia más adelante.
Algo similar comentó Juan Miguel Cortés: “Nosotros insistimos en que el PEP no desapareciera con la entrada en vigencia del ETPV. Esta sería una forma para que las personas irregulares, que no alcanzan a beneficiarse con el estatuto, puedan regularizarse a partir del trabajo”. Cortés también explicó que, al parecer, hay demoras para sacar el Permiso por Protección Temporal (PPT) a través del ETPV. “Hay quejas por parte de los venezolanos de que las citas virtuales están para 2022 o 2023. Es decir, sin duda hay un avance importante, pero Migración Colombia tiene la libertad de tomarse el tiempo para la entrega del documento, lo cual genera que las personas sigan en irregularidad”, agregó.
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Dado que la integración de la población migrante no recae únicamente en el Gobierno, el sector privado también juega un rol importante en esto. Por eso, Dib Ayesta enfatiza en la necesidad que tienen las empresas de llevar a cabo jornadas de sensibilización para entender que una vez los migrantes tengan el PPT, no es complicado contratar venezolanos, “que, por supuesto, deben ser vinculados bajo las mismas condiciones de cualquier nacional, independientemente de su nacionalidad”.
A la irregularidad se suman otros problemas, como las dificultades para acreditar los documentos necesarios para validar el nivel de estudios, la experiencia o las competencias laborales. “Esto ha obstaculizado la integración de los migrantes venezolanos al mercado laboral formal, llevando, en el tiempo, a un aumento de la tasa de desempleo y a la precarización de las condiciones de trabajo e ingresos de la población venezolana”, advirtió la Universidad Externado en su estudio titulado “Panorama laboral de los migrantes venezolanos en Colombia 2014-2019”.
Y aunque pareciera que todo se trata de papeles y trámites, todavía hay temas culturales pendientes por resolver. “Para mí también existió un duelo migratorio, porque a pesar de que mis papás son colombianos, yo nací en Venezuela; fueron 28 años viviendo en ese país. Y aunque tengo doble nacionalidad, la cédula dice por detrás ‘nacido en Venezuela’, y eso no ayuda a la hora de buscar empleo. Sí, tener los documentos es bueno, pero también hay que trabajar para combatir la xenofobia”, dijo Ángel Díaz, analista de recursos humanos de Dugotex.
La experiencia de trabajar con ciudadanos venezolanos
“El proceso para Dugotex ha sido muy bonito, porque es una compañía que ya tiene una cultura arraigada de inclusión a nivel de empleabilidad: el 10 % de las vacantes las destinamos a población migrante, personas con discapacidad o pospenados. ¿Cómo lo hicimos? Cuando empezamos a contactar a venezolanos, creamos una campaña de comunicación y talleres informativos en la compañía, porque evidentemente en este proceso puede haber resistencia. Y siempre afianzamos lo positivo de la población migrante: son personas que tienen un sentido de pertenencia mucho más arraigado, y el margen de rotación es bastante bajo. Incluso, tenemos casos de personas que entraron como operarios, y luego de postularse en convocatorias internas llegaron a cargos administrativos”, comentó Roxana Mendoza, gerente de Gestión Humana y Administración de Dugotex.