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En un comunicado de prensa de abril de 2023, el Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, anunció cambios significativos relacionados con la gestión migratoria. El enfoque principal fue la reducción de la migración irregular en la región, mediante la ampliación de nuevas vías legales de protección y la implementación de procesos migratorios seguros y ordenados.
Como parte de estas acciones, se puso fin a la orden de salud pública temporal bajo el Título 42, que había sido implementada durante la pandemia de covid-19. No obstante, el levantamiento no implicó una apertura incondicional de la frontera. Desde el 11 de mayo, Estados Unidos volvió a utilizar las autoridades migratorias según el Título 8, con el propósito de procesar y, en casos de ingreso irregular, expulsar a personas de la frontera de manera más expedita.
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Con el objetivo de gestionar los flujos migratorios de manera coordinada, Estados Unidos establecería centros regionales de procesamiento fuera de su territorio, ubicados estratégicamente en países clave de América Latina, los cuales facilitarían a los migrantes el acceso seguro y ordenado por medio de vías legales. Y, en la lucha contra las redes delictivas, se lanzaría una campaña contra el contrabando en el corredor del Darién, con la colaboración de Panamá y Colombia.
Estas medidas buscaban alterar la dinámica de incentivos que impulsa la migración irregular, intentando evitar que los migrantes arriesguen sus vidas por las rutas dominadas por redes de tráfico y trata de personas.
Es así que, seis meses después de la implementación de estos centros de procesamiento de migrantes fuera de Estados Unidos, impulsados por el programa Movilidad Segura, respaldados por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la evaluación de su impacto revela desafíos significativos. A pesar de ajustes mencionados en la política migratoria, estos centros no solo están desbordados, sino que tampoco han logrado frenar el constante flujo de migrantes por las rutas arriesgadas.
La idea de externalizar el proceso migratorio ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de Estados Unidos en la protección de los derechos de los solicitantes de asilo y refugio. En medio de esta discusión, surge la necesidad de encontrar un equilibrio entre la gestión eficiente de la migración y el respeto a los derechos humanos.
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Para entender mejor los cambios generados por la administración Biden, como se mencionaba en líneas anteriores, es necesario que retrocedamos unos meses cuando se anunció la derogación del Título 42. La conexión entre la finalización de dicha norma y la creación de los centros de migración es innegable. La revocación de esta medida de emergencia no solo modificó las condiciones en la frontera, sino que también generó cuestionamientos sobre la capacidad de los centros al interior de Estados Unidos para abordar la situación.
La derogación de esta disposición, tras tres años de pandemia, marcó un cambio en la frontera sur de Estados Unidos. La emergencia sanitaria, que permitía expulsar hacia México de manera expedita a solicitantes de asilo, dio paso al Título 8, una ley de larga data modificada con nuevas reglas, que endurecieron las condiciones para la entrada de migrantes irregulares.
Estas nuevas medidas introdujeron consecuencias más duras para quienes intentan ingresar de manera irregular a Estados Unidos. Aunque el Título 8 concede más tiempo para la presentación de casos de asilo, las recientes modificaciones establecen circunstancias limitadas bajo las cuales se aceptará una petición.
A diferencia del Título 42, que no establecía prohibiciones de reentrada, el Título 8 impone restricciones más severas. Quienes sean deportados bajo estas nuevas reglas tendrán prohibido ingresar a Estados Unidos durante al menos los próximos cinco años y aquellos que intenten reingresar podrían enfrentar procesos penales.
Sin embargo, la administración de Biden destacó la importancia de proporcionar vías legales y seguras para la migración. En este sentido, antes de la finalización del Título 42 ya se había anunciado la creación de centros de procesamiento en América Latina, para que los migrantes pudiesen solicitar ingresar a Estados Unidos.
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En junio de 2023, el gobierno de Estados Unidos anunció la apertura de estos centros de migración en varios puntos de la región. Históricamente, las estrategias de control migratorio se habían centrado principalmente en México y en Centroamérica. No obstante, la apertura de centros en Colombia y otros países sugiere un cambio de enfoque hacia una política migratoria hemisférica.
Actualmente, los Centros del Programa Movilidad Segura, establecidos en varios países de América Latina, ofrecen programas específicos para diferentes nacionalidades. El Programa de Movilidad Segura en Colombia está dirigido a personas de nacionalidad cubana, haitiana y venezolana que se encuentran en el territorio colombiano desde el 11 de junio de 2023 o antes. Este programa busca facilitar el traslado seguro y legal hacia los Estados Unidos y otros países. Esta ubicación reconoce a Colombia como un punto crucial en la ruta de miles de personas que buscan refugio, especialmente a través de la peligrosa travesía por la selva del Darién.
Asimismo, en Costa Rica, el Programa de Movilidad Segura está destinado a personas de nacionalidad nicaragüense y venezolana que están presentes en el territorio costarricense desde el 12 de junio de 2023 o antes. En Ecuador, el programa se centra en personas de nacionalidad cubana, haitiana, nicaragüense, venezolana y colombiana que se encuentran allí desde el 18 de octubre de 2023 o antes. En el caso de Guatemala, el programa está diseñado para personas de nacionalidad guatemalteca.
Estos nuevos procedimientos buscan proporcionar vías legales y seguras hacia los Estados Unidos, intentando disminuir la necesidad de que las personas refugiadas y migrantes pongan sus vidas en manos de traficantes y eviten viajar por rutas peligrosas e irregulares. Además, aquellos que sean elegibles tendrán la oportunidad de ser considerados para la admisión regular a otros países, como España y Canadá.
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Sin embargo, esta última alternativa de considerar otros países como naciones de acogida debe ser cuidadosamente monitoreada para evitar, por un lado, tensiones diplomáticas y, por otro, siendo la más importante, garantizar los derechos de esta población.
Y es que la decisión de abrir estos centros llega en un momento políticamente delicado para la administración Biden. Las críticas de la oposición sobre la gestión de la migración y las acusaciones de incentivarla han sido persistentes. Con las elecciones de 2024 en el horizonte, Biden enfrenta la presión de abordar la migración de manera efectiva para evitar consecuencias políticas negativas.
Uno de los desafíos más apremiantes radica en la capacidad de estos centros para manejar eficientemente el proceso de solicitud de asilo. La experiencia previa con centros similares ha dejado en evidencia la importancia de agilizar los procedimientos para evitar demoras que podrían contribuir a situaciones humanitarias difíciles de enfrentar en estos terceros países. La falta de una respuesta rápida lleva a la congestión de los centros y a la espera prolongada de los migrantes.
Por ejemplo, para el caso de Colombia, las solicitudes se abren todos los días hábiles desde las 8 a. m. (hora local) por tiempo limitado, hasta que se cumpla una cuota diaria. En la mayoría de los días, esta cuota y este cierre se cumplen antes del mediodía.
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Las críticas hacia la implementación de estos centros no se hicieron esperar. Organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación sobre la capacidad real de estos centros para garantizar condiciones dignas a las personas migrantes. La falta de transparencia en los procesos y la posibilidad de violaciones a los derechos humanos son preocupaciones legítimas que deben ser abordadas para asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales.
El papel de los centros de migración se convierte así en un punto focal para evaluar no solo la efectividad de la política migratoria de Estados Unidos, sino también la capacidad de coordinar una gestión migratoria regional, demanda que ha sido escuchada por la sociedad civil, de manera repetida, durante los últimos años.
Los programas recientes para venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses muestran un esfuerzo por ofrecer vías legales para la migración, reconociendo la grave situación en sus países de origen. Sin embargo, los requisitos en algunos de los casos, como la necesidad de un patrocinador en Estados Unidos, podrían excluir a personas vulnerables y desfavorecidas, o, en los peores escenarios, facilitar la trata de personas.
A pesar de los esfuerzos para anticiparse a una posible crisis migratoria mayor, los desafíos persisten. La astucia de las redes criminales para seguir captando personas por la ruta del Darién o por rutas marítimas, y la incertidumbre sobre la rapidez de los procesos en los centros son factores que han afectado la funcionalidad de esta medida.
*Nastassja Rojas Silva es profesora de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) y candidata a doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia. Es especializada en movimientos migratorios, estudios de género y política venezolana.
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