¿Qué plantea el polémico plebiscito que cambiaría la Constitución en Uruguay?
Las últimas encuestas de opinión pública indican que 35-47 % de los uruguayos apoya el plebiscito y 42-48 % lo rechaza, con un 8-21 % de indecisos. Esto es lo que plantea la consulta.
Los uruguayos deberán pronunciarse el domingo 27 de octubre sobre un polémico plebiscito para reformar la Constitución en materia de seguridad social, que será sometido a votación en simultáneo con las elecciones presidenciales y legislativas.
Los últimos sondeos indican una disminución del apoyo, aunque muchos aún no tienen el voto definido.
Qué se vota
La iniciativa busca modificar el artículo 67 de la Carta Magna para prohibir los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio, fijar la edad mínima de retiro en 60 años y establecer que las jubilaciones no pueden ser menores que el salario mínimo nacional (actualmente de unos US$540).
Esto supone eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs), agentes privados del sistema mixto de previsión social vigente desde 1996, y otorgarle al Estado el monopolio de la seguridad social. Además, implica dejar sin efecto la ley de reforma jubilatoria de 2023 que subió a 65 años la edad mínima de retiro.
Sólo existe una papeleta para el “sí”, y para que el plebiscito sea aprobado debe tener el respaldo de la mitad más uno del total de votos válidos emitidos.
Quiénes lo apoyan
El plebiscito es impulsado por la central sindical única PIT-CNT, varias organizaciones sociales y algunos sectores del izquierdista Frente Amplio, la principal fuerza opositora, entre ellos el Partido Comunista y el Partido Socialista.
También lo respaldan partidos menores como Identidad Soberana, de corte antiglobalista y antivacunas.
Argumentos a favor
Los promotores sostienen que la seguridad social “es un derecho humano fundamental, no susceptible de lucro”.
Consideran que el sistema de las AFAPs es costoso e ineficiente. Aseguran que un fideicomiso administrará los ahorros individuales de las AFAPs y que las personas cobrarán lo mismo o más que con el sistema mixto actual. Creen que una persona debe poder elegir si sigue trabajando después de los 60 años. Calculan que costará 460 millones de dólares al año financiar los aumentos previstos.
Quiénes se oponen
El presidente Luis Lacalle Pou, líder de la coalición de centroderecha que gobierna el país desde 2020, y promotor de la ley de reforma jubilatoria de 2023, se opone al plebiscito, al igual que todos los candidatos presidenciales de los partidos del bloque oficialista, que firmaron una declaración conjunta en contra.
El Frente Amplio dejó “en libertad de acción” a sus votantes, aunque los integrantes de su fórmula presidencial anunciaron que no votarán por el ‘Sí’. Más de 100 economistas y militantes frenteamplistas alertaron sobre las consecuencias negativas de un eventual triunfo del ‘Sí’.
El popular expresidente frenteamplista y referente de la izquierda José Mujica dijo que aprobar este plebiscito causaría “un caos” relacionado con la estabilidad jurídica del país.
Argumentos en contra
Los detractores advierten que el cese de las AFAPs supondrá una “confiscación” de los ahorros individuales de la gente y “perforará” la certeza jurídica de Uruguay, con riesgos de juicios millonarios, problemas con el acceso a créditos y pérdida de inversiones extranjeras. También subrayan que las AFAPs son importantes inversores en la economía nacional y su ausencia afectará el financiamiento del sector público.
Señalan que el salario mínimo nacional puede quedar estancado para evitar la equiparación con las jubilaciones, perjudicando a los trabajadores. Y afirman que la edad de retiro de 60 años no está acorde con la baja de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida, por lo que afectará el pago de jubilaciones a las generaciones futuras.
Estiman que financiar la reforma costará más de 1.000 millones de dólares al año, y anticipan una subida de impuestos.
Qué dicen las encuestas
Las últimas encuestas de opinión pública indican que 35-47 % apoya el plebiscito y 42-48 % lo rechaza, con un 8-21 % de indecisos. El respaldo es mayor entre los votantes del Frente Amplio que entre los de la coalición de gobierno.
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Los uruguayos deberán pronunciarse el domingo 27 de octubre sobre un polémico plebiscito para reformar la Constitución en materia de seguridad social, que será sometido a votación en simultáneo con las elecciones presidenciales y legislativas.
Los últimos sondeos indican una disminución del apoyo, aunque muchos aún no tienen el voto definido.
Qué se vota
La iniciativa busca modificar el artículo 67 de la Carta Magna para prohibir los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio, fijar la edad mínima de retiro en 60 años y establecer que las jubilaciones no pueden ser menores que el salario mínimo nacional (actualmente de unos US$540).
Esto supone eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs), agentes privados del sistema mixto de previsión social vigente desde 1996, y otorgarle al Estado el monopolio de la seguridad social. Además, implica dejar sin efecto la ley de reforma jubilatoria de 2023 que subió a 65 años la edad mínima de retiro.
Sólo existe una papeleta para el “sí”, y para que el plebiscito sea aprobado debe tener el respaldo de la mitad más uno del total de votos válidos emitidos.
Quiénes lo apoyan
El plebiscito es impulsado por la central sindical única PIT-CNT, varias organizaciones sociales y algunos sectores del izquierdista Frente Amplio, la principal fuerza opositora, entre ellos el Partido Comunista y el Partido Socialista.
También lo respaldan partidos menores como Identidad Soberana, de corte antiglobalista y antivacunas.
Argumentos a favor
Los promotores sostienen que la seguridad social “es un derecho humano fundamental, no susceptible de lucro”.
Consideran que el sistema de las AFAPs es costoso e ineficiente. Aseguran que un fideicomiso administrará los ahorros individuales de las AFAPs y que las personas cobrarán lo mismo o más que con el sistema mixto actual. Creen que una persona debe poder elegir si sigue trabajando después de los 60 años. Calculan que costará 460 millones de dólares al año financiar los aumentos previstos.
Quiénes se oponen
El presidente Luis Lacalle Pou, líder de la coalición de centroderecha que gobierna el país desde 2020, y promotor de la ley de reforma jubilatoria de 2023, se opone al plebiscito, al igual que todos los candidatos presidenciales de los partidos del bloque oficialista, que firmaron una declaración conjunta en contra.
El Frente Amplio dejó “en libertad de acción” a sus votantes, aunque los integrantes de su fórmula presidencial anunciaron que no votarán por el ‘Sí’. Más de 100 economistas y militantes frenteamplistas alertaron sobre las consecuencias negativas de un eventual triunfo del ‘Sí’.
El popular expresidente frenteamplista y referente de la izquierda José Mujica dijo que aprobar este plebiscito causaría “un caos” relacionado con la estabilidad jurídica del país.
Argumentos en contra
Los detractores advierten que el cese de las AFAPs supondrá una “confiscación” de los ahorros individuales de la gente y “perforará” la certeza jurídica de Uruguay, con riesgos de juicios millonarios, problemas con el acceso a créditos y pérdida de inversiones extranjeras. También subrayan que las AFAPs son importantes inversores en la economía nacional y su ausencia afectará el financiamiento del sector público.
Señalan que el salario mínimo nacional puede quedar estancado para evitar la equiparación con las jubilaciones, perjudicando a los trabajadores. Y afirman que la edad de retiro de 60 años no está acorde con la baja de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida, por lo que afectará el pago de jubilaciones a las generaciones futuras.
Estiman que financiar la reforma costará más de 1.000 millones de dólares al año, y anticipan una subida de impuestos.
Qué dicen las encuestas
Las últimas encuestas de opinión pública indican que 35-47 % apoya el plebiscito y 42-48 % lo rechaza, con un 8-21 % de indecisos. El respaldo es mayor entre los votantes del Frente Amplio que entre los de la coalición de gobierno.
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