¿Quién le cree a la fiscal venezolana?

Haber estado tantos años al lado del chavismo le está saliendo caro a la fiscal venezolana, Luisa Ortega Díaz, hoy víctima de las críticas desde el Estado (y hasta amenazas) y de la desconfianza de la oposición, que ve intenciones ocultas en su cambio de parecer frente al gobierno de Nicolás Maduro. Mejor dicho, nadie le cree.

Desde el día que esta mujer, considerada una chavista radical, alzó la voz para cuestionar las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anularon las funciones del Parlamento, de mayoría opositora, Ortega recibe críticas a diestra y siniestra.

Que hace todo porque tiene intenciones presidenciales, dicen algunos; que su cambio de parecer no es real porque su esposo, Germán Ferrer, es diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y, además, es una ficha clave del chavismo (¿Lo es?).

Si se revisa el historial de Ferrer, representante en la Asamblea Nacional por el estado Lara, no es cierto que ha sido una ficha clave del chavismo. No ha ocupado ningún puesto clave y, en realidad, sus intervenciones se cuentan con los dedos de la mano.

De hecho, pasó a ser conocido hasta mayo de este año cuando Luisa Ortega, su esposa y la fiscal, comenzó a alzar la voz en contra de Maduro.

En ese momento, el diputado habló para respaldar las decisiones de la Fiscalía. El parlamentario indicó que la Asamblea Nacional Constituyente debe realizarse a través de un referendo y manifestó, a través de Twitter, que todo su respaldo era para “la fiscal”.

Más allá de pertenecer a las Juventudes del Partido Comunista y participar en la guerrilla urbana contra Rómulo Betancourt, primer presidente de la etapa democrática en el período 1959-64, Ferrer no ha sido la ficha clave del chavismo que muchos dicen.

Su esposa, la fiscal, sí. Fue gracias a su intervención que Hugo Chávez legitimó varias de sus polémicas decisiones y varios opositores fueron a parar a la cárcel.

Luisa Marvelia Ortega Díaz, abogada venezolana de 59 años, está al frente de la Fiscalía General de Venezuela desde 2007. Fue ratificada en 2014 por la Asamblea Nacional, entonces chavista, pero Diosdado Cabello, número dos del chavismo, ya le puso fin a su mandato que iría hasta 2021. “A la Fiscal le quedan 53 días”, dijo la semana pasada, cuando Ortega interpuso un recurso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para pedir la anulación de la solicitud de Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro.

Ayer la fiscal volvió a irse en contra del gobierno: presentó una demanda de nulidad en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la designación de 33 magistrados que fueron, según dijo, elegidos mediante procesos irregulares el 23 de diciembre de 2015.

En una entrevista con la emisora privada Unión Radio, Ortega Díaz explicó que es necesario convocar a nuevos magistrados. Afirmó que el TSJ se ha convertido en un obstáculo para la paz en el país y cuestionó la legitimidad de los magistrados que negaron su recurso que, afirmó, introdujo en cumplimiento de sus responsabilidades como titular el Ministerio Público.

Pero fue más allá. Ortega Díaz afirmó que sus familiares han sido perseguidas por el cuerpo de inteligencia del Estado: “Hago responsable de cualquier daño, lesión o agresión que pueda sufrir mi familia, a todo el Ejecutivo Nacional”, alertó.

Haber estado tantos años al lado del chavismo le está saliendo caro a la fiscal venezolana, Luisa Ortega Díaz, hoy víctima de las críticas desde el Estado (y hasta amenazas) y de la desconfianza de la oposición, que ve intenciones ocultas en su cambio de parecer frente al gobierno de Nicolás Maduro. Mejor dicho, nadie le cree.

Desde el día que esta mujer, considerada una chavista radical, alzó la voz para cuestionar las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anularon las funciones del Parlamento, de mayoría opositora, Ortega recibe críticas a diestra y siniestra.

Que hace todo porque tiene intenciones presidenciales, dicen algunos; que su cambio de parecer no es real porque su esposo, Germán Ferrer, es diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y, además, es una ficha clave del chavismo (¿Lo es?).

Si se revisa el historial de Ferrer, representante en la Asamblea Nacional por el estado Lara, no es cierto que ha sido una ficha clave del chavismo. No ha ocupado ningún puesto clave y, en realidad, sus intervenciones se cuentan con los dedos de la mano.

De hecho, pasó a ser conocido hasta mayo de este año cuando Luisa Ortega, su esposa y la fiscal, comenzó a alzar la voz en contra de Maduro.

En ese momento, el diputado habló para respaldar las decisiones de la Fiscalía. El parlamentario indicó que la Asamblea Nacional Constituyente debe realizarse a través de un referendo y manifestó, a través de Twitter, que todo su respaldo era para “la fiscal”.

Más allá de pertenecer a las Juventudes del Partido Comunista y participar en la guerrilla urbana contra Rómulo Betancourt, primer presidente de la etapa democrática en el período 1959-64, Ferrer no ha sido la ficha clave del chavismo que muchos dicen.

Su esposa, la fiscal, sí. Fue gracias a su intervención que Hugo Chávez legitimó varias de sus polémicas decisiones y varios opositores fueron a parar a la cárcel.

Luisa Marvelia Ortega Díaz, abogada venezolana de 59 años, está al frente de la Fiscalía General de Venezuela desde 2007. Fue ratificada en 2014 por la Asamblea Nacional, entonces chavista, pero Diosdado Cabello, número dos del chavismo, ya le puso fin a su mandato que iría hasta 2021. “A la Fiscal le quedan 53 días”, dijo la semana pasada, cuando Ortega interpuso un recurso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para pedir la anulación de la solicitud de Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro.

Ayer la fiscal volvió a irse en contra del gobierno: presentó una demanda de nulidad en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la designación de 33 magistrados que fueron, según dijo, elegidos mediante procesos irregulares el 23 de diciembre de 2015.

En una entrevista con la emisora privada Unión Radio, Ortega Díaz explicó que es necesario convocar a nuevos magistrados. Afirmó que el TSJ se ha convertido en un obstáculo para la paz en el país y cuestionó la legitimidad de los magistrados que negaron su recurso que, afirmó, introdujo en cumplimiento de sus responsabilidades como titular el Ministerio Público.

Pero fue más allá. Ortega Díaz afirmó que sus familiares han sido perseguidas por el cuerpo de inteligencia del Estado: “Hago responsable de cualquier daño, lesión o agresión que pueda sufrir mi familia, a todo el Ejecutivo Nacional”, alertó.