¿Quiénes son las personas detenidas en Venezuela por supuesta “conspiración”?
En medio de supuestas conspiraciones de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro, las organizaciones de derechos humanos y la oposición denuncian una creciente persecución. La última persona detenida por el régimen venezolano fue Rocío San Miguel, activista y defensora de derechos humanos.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó el pasado 26 de enero en una rueda de prensa que al menos 12 personas habían sido detenidas por el caso “Brazalete Blanco”, una trama conspirativa que tenía el fin de atentar contra Nicolás Maduro, el mandatario venezolano. Este es solo uno de los cinco planes que habría descubierto el gobierno para asesinar al presidente y que las organizaciones de derechos humanos y la oposición han denunciado como una excusa para llevar a cabo detenciones arbitrarias.
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La última persona detenida fue Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos, cuya desaparición fue reportada el pasado viernes. El domingo, el fiscal anunció que había sido arrestada “por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada ‘Brazalete blanco’”. Por esa misma trama de conspiración fueron expulsados más de 30 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
¿Quiénes han sido detenidos arbitrariamente en Venezuela?
Guillermo López, Luis Camacaro y Juan Freites, dirigentes regionales de la campaña de María Corina Machado, fueron detenidos el 23 de enero. Según Saab, hacen parte de un grupo que intentó robar un parque de armas militares para atacar al gobernador de Táchira, Freddy Bernal.
Al menos 36 personas han sido detenidas por las presuntas conspiraciones, de las cuales 12 han sido por “Brazalete blanco”, hay todavía 22 órdenes de captura pendientes por realizar.
En los casos de detención a miembros de la oposición lo que suele ocurrir es que sus familiares denuncian su desaparición. Para Camacaro y Freites, fueron más de 72 horas, mientras que en el de San Miguel se trató de casi dos días. Los integrantes de VV denunciaron que las audiencias a los detenidos ocurrieron con “defensores públicos impuestos y sin el consentimiento” de los dirigentes del partido.
El pasado diciembre, Saab anunció órdenes de captura contra líderes de la oposición: Jhon Goicochea, Juan Guaidó, Julio Borges, Andrés Izarra, David Smolansky, Carlos Vecchio, Lester Toledo, Savoi Jandon Wright, Leopoldo López y Rafael Ramírez. De estos, la mayoría se encuentra fuera de Venezuela.
Roberto Abdul, presidente de Súmate; Henry Alviárez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, integrantes de Vente Venezuela (VV) también tienen medidas de aprehensión en su contra y sí se encuentran en el país, aunque todavía no han sido detenidos.
La fiscalía los acusa de “la presunta comisión de traición a la patria; conspiración; legitimación de capitales y asociación para delinquir” por supuestamente haber hecho parte de una trama para que no prosperara la lucha de Venezuela por el Esequibo.
“Es un régimen desesperado que se sabe derrotado. Si creen que con esto van a crear miedo, descalabro, desmoralización o desmovilización, es todo lo contrario”, afirmó Machado en ese entonces. “[S]epan que cuentan con el respaldo de todos nosotros”.
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El 22 de enero se anunciaron órdenes de aprehensión contra la periodista María Sebastiana Barráez, quien se ocupa de investigar la información militar que publica el régimen; la abogada Tamara Sulay Sujú, quien ha denunciado casos de tortura y violaciones de derechos humanos a presos políticos; Wender Villalobos, youtuber venezolano exiliado en Chile; Norbey Marín, quien conduce el programa “Hasta que caiga la tiranía” en Youtube; y los militares retirados Mario Carratú Molina y José Antonio Colina, opositores del oficialismo.
Paralelo a supuestos planes de conspiración que involucran a líderes opositores, también ha ocurrido la detención de líderes sindicales. En agosto del 2023, seis sindicalistas fueron condenados a 16 años de cárcel, acusados de conspiración y asociación para delinquir. Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho y Néstor Astudillo estaban participando en protestas para mejoras en los salarios.
La condena llevó a que la oposición, activistas, organizaciones de derechos humanos y gremiales alzaran la voz en contra de las detenciones, especialmente porque todo el caso se basaba en la denuncia anónima de un ciudadano en junio de 2022. Aunque el abogado de los dirigentes sindicales aseguró que ellos “no estaban adelantando ninguna acción política, ni se discutía ningún procedimiento en particular contra nadie”, el fiscal aseguró que llevaban a cabo “labores conspirativas” contra “la democracia venezolana”.
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El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó el pasado 26 de enero en una rueda de prensa que al menos 12 personas habían sido detenidas por el caso “Brazalete Blanco”, una trama conspirativa que tenía el fin de atentar contra Nicolás Maduro, el mandatario venezolano. Este es solo uno de los cinco planes que habría descubierto el gobierno para asesinar al presidente y que las organizaciones de derechos humanos y la oposición han denunciado como una excusa para llevar a cabo detenciones arbitrarias.
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La última persona detenida fue Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos, cuya desaparición fue reportada el pasado viernes. El domingo, el fiscal anunció que había sido arrestada “por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada ‘Brazalete blanco’”. Por esa misma trama de conspiración fueron expulsados más de 30 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
¿Quiénes han sido detenidos arbitrariamente en Venezuela?
Guillermo López, Luis Camacaro y Juan Freites, dirigentes regionales de la campaña de María Corina Machado, fueron detenidos el 23 de enero. Según Saab, hacen parte de un grupo que intentó robar un parque de armas militares para atacar al gobernador de Táchira, Freddy Bernal.
Al menos 36 personas han sido detenidas por las presuntas conspiraciones, de las cuales 12 han sido por “Brazalete blanco”, hay todavía 22 órdenes de captura pendientes por realizar.
En los casos de detención a miembros de la oposición lo que suele ocurrir es que sus familiares denuncian su desaparición. Para Camacaro y Freites, fueron más de 72 horas, mientras que en el de San Miguel se trató de casi dos días. Los integrantes de VV denunciaron que las audiencias a los detenidos ocurrieron con “defensores públicos impuestos y sin el consentimiento” de los dirigentes del partido.
El pasado diciembre, Saab anunció órdenes de captura contra líderes de la oposición: Jhon Goicochea, Juan Guaidó, Julio Borges, Andrés Izarra, David Smolansky, Carlos Vecchio, Lester Toledo, Savoi Jandon Wright, Leopoldo López y Rafael Ramírez. De estos, la mayoría se encuentra fuera de Venezuela.
Roberto Abdul, presidente de Súmate; Henry Alviárez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, integrantes de Vente Venezuela (VV) también tienen medidas de aprehensión en su contra y sí se encuentran en el país, aunque todavía no han sido detenidos.
La fiscalía los acusa de “la presunta comisión de traición a la patria; conspiración; legitimación de capitales y asociación para delinquir” por supuestamente haber hecho parte de una trama para que no prosperara la lucha de Venezuela por el Esequibo.
“Es un régimen desesperado que se sabe derrotado. Si creen que con esto van a crear miedo, descalabro, desmoralización o desmovilización, es todo lo contrario”, afirmó Machado en ese entonces. “[S]epan que cuentan con el respaldo de todos nosotros”.
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Paralelo a supuestos planes de conspiración que involucran a líderes opositores, también ha ocurrido la detención de líderes sindicales. En agosto del 2023, seis sindicalistas fueron condenados a 16 años de cárcel, acusados de conspiración y asociación para delinquir. Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho y Néstor Astudillo estaban participando en protestas para mejoras en los salarios.
La condena llevó a que la oposición, activistas, organizaciones de derechos humanos y gremiales alzaran la voz en contra de las detenciones, especialmente porque todo el caso se basaba en la denuncia anónima de un ciudadano en junio de 2022. Aunque el abogado de los dirigentes sindicales aseguró que ellos “no estaban adelantando ninguna acción política, ni se discutía ningún procedimiento en particular contra nadie”, el fiscal aseguró que llevaban a cabo “labores conspirativas” contra “la democracia venezolana”.
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