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Estados Unidos impuso el miércoles sanciones económicas a dos altos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, señalándolos de participar en negociaciones encubiertas con líderes de pandillas encarcelados, algo que el mandatario salvadoreño califica de “mentira”.
El Gobierno de Joe Biden dijo que las sanciones se alinean con los objetivos de la Cumbre por la Democracia que el presidente estadounidense acogerá este jueves y viernes, así como con la Estrategia de Estados Unidos para Combatir la Corrupción, publicada el 6 de diciembre, que considera este tema una prioridad de seguridad nacional.
El Tesoro anunció que Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director general de cárceles de El Salvador, y Carlos Amílcar Marroquín Chica, director de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia salvadoreña, fueron incluidos en su lista negra por sus tratos con altos mandos de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
Las sanciones, aplicadas bajo la Ley Global Magnitsky de 2017, suponen el congelamiento de cualquier activo que los involucrados puedan tener en Estados Unidos y les prohíbe toda transacción a través del sistema financiero estadounidense.
“El crimen organizado respaldado por actores corruptos puede desestabilizar el Estado de derecho, erosionar la confianza en las instituciones públicas y debilitar la gobernabilidad democrática”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, tras el anuncio de las sanciones.
“Continuaremos utilizando todas las herramientas disponibles para romper los vínculos entre la actividad delictiva y la corrupción”, prometió.
Pactos con la MS-13 y Barrio 18
El Tesoro dijo que una investigación reveló que Luna y Marroquín facilitaron y dirigieron en 2020 reuniones propiciadas por el gobierno de Bukele para pactar una tregua secreta con líderes pandilleros.
Señaló que, en estas conversaciones, los jefes de los grupos criminales acordaron apoyar al partido de Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones legislativas de 2021, en las que el oficialismo triunfó. De su lado, las bandas criminales obtuvieron asignaciones financieras del gobierno y privilegios para sus jefes presos, como celulares y prostitutas.
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El Tesoro también indicó que Luna negoció con la dirigencia de la MS-13 y Barrio 18 el acatamiento de las pandillas al confinamiento nacional decretado por Bukele en marzo de 2020, al inicio de la pandemia de COVID-19.
Además, acusó a Luna de robar y revender productos básicos comprados por el gobierno destinados a ayudar a los afectados por la emergencia sanitaria, y de idear un plan para malversar millones de dólares del sistema penitenciario de El Salvador.
En ambos esquemas fraudulentos participó su madre, Alma Yanira Meza Olivares, por lo cual también fue sancionada por el Tesoro, según el comunicado.
“Una mentira”
Desde San Salvador, Bukele, que mantiene una tensa relación con la administración Biden, rechazó esos señalamientos.
“¿Celulares y prostitutas en las cárceles? ¿Dinero a las pandillas? ¿Cuándo pasó eso? ¿No revisaron ni la fecha? ¿Cómo pueden poner una mentira tan obvia sin que nadie se las cuestione? Hay videos sí, pero de sus amigos haciendo eso. No nosotros. Ya ni disimulan”, tuiteó.
El Salvador es uno de los ocho países americanos no invitados a la Cumbre por la Democracia convocada por Biden, al igual que Bolivia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
“No creemos que El Salvador esté listo o vaya a contribuir productivamente a la conversación que vamos a tener”, dijo la semana pasada el encargado de asuntos latinoamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, acusando al gobierno de Bukele de “socavar” las instituciones democráticas.
En el poder desde junio de 2019, el gobierno de Bukele, que niega pactos con las pandillas, rechazó en los últimos meses extraditar a Estados Unidos a líderes de la MS-13 reclamados por la justicia en Nueva York.
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Las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70.000 miembros en El Salvador, más de 17.000 de ellos encarcelados, y se dedican a la extorsión, el tráfico sexual, el narcotráfico y otras actividades ilegales.
El gobierno del expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014), quien huyó a Nicaragua tras ser imputado de corrupción, facilitó una tregua entre pandillas, que llevó a una fuerte reducción de los homicidios. Por ese pacto, que se rompió en pocos meses, las pandillas se fortalecieron.
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