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Pedro Castillo cumple un año como presidente del Perú este jueves, 28 de julio. El mandatario logró llegar a esta fecha luego de haber sobrevivido a dos intentos de destitución en el Congreso y pese a estar en el centro de por lo menos cinco investigaciones por corrupción.
De hecho, Castillo se ha convertido en el primer presidente peruano en ser investigado en ejercicio. En esto, los más recientes fiscales de la Nación han sido claves.
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Indagaciones en enero: puente Tarata, caso del biodiésel y ascensos militares
Las primeras indagaciones que se anunciaron de manera preliminar en contra de Castillo se remontan a principios de año, en los primeros días de enero, cuando ni siquiera había cumplido seis meses en el poder. En ese momento, la entonces fiscal, Zoraida Ávalos, dijo que se trataría de delitos contra la administración pública y colusión.
Según el Ministerio Público, la investigación estaba relacionada con la licitación del Puente Tarata, una estructura vehicular sobre el río Huallaga, en la provincia de Mariscal Cáceres, región de San Martín, por unos US$60 millones.
“Se le atribuye a Pedro Castillo haber intervenido –indebida e indirectamente– en el proceso de licitación pública para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga (San Martín) a fin de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Descentralizado, otorgue la buena pro a favor del consorcio Puente Tarata”, indicó la Fiscalía en un comunicado. El contrato fue finalmente anulado por el Ministerio de Transporte.
En la pesquisa preliminar, además, también se buscaba establecer si Castillo había intervenido en la licitación para compra de biodiésel por parte de la estatal Petroperú con el fin de beneficiar a la empresa privada Heaven Petroleum.
En paralelo, en aquella ocasión, también se abrió investigación preliminar por la supuesta intervención indebida en ascensos militares. En ese caso, los presuntos delitos serían tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
Sin embargo, el Ministerio Público también aclaró en ese momento que, por mandato constitucional, “el inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta la culminación de su mandato presidencial en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal”. Es decir, hasta 2026.
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Investigaciones en mayo: la organización criminal
Fue con la llegada de Pablo Sánchez, quien asumió el cargo de fiscal de la Nación en marzo, luego de que Ávalos cumpliera su periodo de tres años, que el asunto tomó un tono mayor.
Sánchez, quien ya había fungido como fiscal general en el pasado, señaló en mayo a Pedro Castillo de formar parte de una “organización criminal” que involucra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el caso del puente Tarata. Pero, como si eso fuera poco, en junio pidió a la justicia investigar al presidente como “líder de una organización criminal” enquistada en el Estado para obtener “beneficios ilegales” de los contratos que suscribió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
A propósito de esto, el martes pasado, Bruno Pacheco, exsecretario presidencial, quien renunció en noviembre del año pasado y estuvo prófugo de la justicia por más de tres meses, se entregó a las autoridades. Contra él fueron ordenados 36 meses de prisión preventiva por parte del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria a causa de las presuntas irregularidades en la licitación del Puente Tarata.
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En el entramado, han sido señalados también el exministro de Transportes, Juan Silva, y un sobrino de Castillo, Fray Vásquez, quienes se encuentran prófugos.
Con la entrega de Pacheco se abre la posibilidad de una colaboración con la Justicia, que sería clave en las investigaciones contra el presidente.
Castillo en medio de todo esto ha negado las acusaciones y denunciado una persecución política “irracional”. Su defensa buscó a través de una tutela que las investigaciones fueran declaradas nulas, por la presunta violación de la Constitución, que sostiene en su artículo 117 que “el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
Sin embargo, la rama judicial negó la tutela de derechos a finales de junio al considerar que la acción del Ministerio Público no trasgrede los límites fijados por la Carta Magna.
El plagio
Como si los escándalos no bastaran, en mayo el Ministerio Público informó que Castillo y su esposa, Lilia Paredes, estaban siendo investigados por la Fiscalía de Cajamarca por plagio agravado y cobro indebido.
Las acusaciones tienen en cuenta que antes de llegar a la Presidencia, Castillo, junto con su esposa, se desempeñaba como maestro de escuela. Su salario era mayor en el escalafón por tener un título de maestría, conseguido supuestamente de forma fraudulenta. Según evidencias que han trascendido en medios de comunicación, el marco teórico de la tesis que hicieron en conjunto tiene un 54 % de similitudes con obras de otros autores.
Las aperturas y reaperturas de Benavides: caso del biodiésel y encubrimiento
Patricia Benavides llegó como fiscal general a principios de julio. Como le dijo Carlos Meléndez, académico de la Universidad Diego Portales, a este diario: “Ella ha acelerado las investigaciones a un nivel no antes visto; podríamos llegar a algo inédito en la historia peruana, y es un presidente acusado constitucionalmente en pleno ejercicio de sus funciones”.
En cuestión de horas, Benavides reabrió la investigación contra Castillo en el caso de la compra de biodiésel para Petroperú. Esto, luego de que la fiscal ordenara dejar sin efecto la disposición de enero de este año que suspendía la puesta en marcha de las investigaciones hasta que Castillo finalizara su mandato.
Por otro lado, la misma fiscal ordenó otra investigación en contra del presidente peruano por obstrucción a la justicia luego de que el exministro del Interior Mariano González acusara al mandatario de entorpecer el trabajo de la Policía para dar con el paradero de las personas del círculo de Castillo que están prófugas. González fue removido de cargo en la cartera de Interior (el séptimo cambio en ese ministerio) luego de haber creado un equipo especial en la Policía para apoyar a la Fiscalía en sus labores de investigación.
Con este panorama, como recuerda Infobae, Castillo no podría ser condenado en ejercicio. Sin embargo, de ser hallado culpable, al terminar su mandato podría enfrentarse a ocho años de cárcel por tráfico de influencias; hasta 20 años por liderar una organización criminal y hasta 20 años por colusión, sin mencionar la inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Mientras tanto, en el Congreso se cocina otro intento de destitución. Sin embargo, expertos señalan que, pese a todo, aún no se cuenta con los votos suficientes para sacarlo del poder. ¿Cuánto más aguantará Castillo?
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