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La Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador analizaba hoy si llevar o no al expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, a los estrados judiciales, en el caso del presunto secuestro del exdiputado Fernando Balda, por el que ya hay tres procesados y por el que fue detenido ayer, en España, un exjefe de la Inteligencia ecuatoriana a pedido de Interpol. La decisión fue vincularlo a la investigación, por lo que a partir de ahora empieza el proceso jurídico para determinar su grado de responsabilidad.
La jueza Daniella Camacho acogió el pedido de la fiscalía y dispuso que el exmandatario se presente cada 15 días ante la corte para que responda dentro del caso por el supuesto secuestro.
Durante la audiencia, el fiscal general del estado ecuatoriano, Paúl Pérez, solicitó medidas cautelares entre las que figura la colocación de un brazalete electrónico al exmandatario. Así lo informó la Fiscalía General en su cuenta de Twitter, en la que precisa que también pidió medidas de protección a favor de Fernando Balda y su familia.
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Por su parte, Pablo Romero Quezada, exsecretario nacional de Inteligencia, fue puesto hoy bajo libertad provisional. Correa ha negado cualquier implicación en los hechos y asegura que se trata de una suerte de complot de las actuales autoridades del país para borrarlo del mapa político ecuatoriano.
La semana pasada, el Parlamento de Ecuador dio luz verde para que la vinculación de Correa al caso se diera. El Legislativo se pronunció con el voto de 83 de sus 137 miembros, mientras que en las afueras de la sede parlamentaria varios cientos de simpatizantes del exmandatario protestaban contra la vinculación de su líder en un juicio penal, forcejeando con policías que reprimieron con gas lacrimógeno, de acuerdo con manifestantes.