Reforma judicial: la “venganza” de AMLO, el primer dolor de cabeza de Sheinbaum

Septiembre no volvió a ser un mes común para los mexicanos. La nación sabe desde hace 40 años que hay que prepararse para cualquier eventualidad. Sin embargo, nadie en el país estaba listo para los sacudones que ha provocado –y seguirá provocando– el Congreso mexicano, cuyas réplicas apenas empezarán a sentirse en octubre.

Septiembre no volvió a ser un mes común para los mexicanos. La nación sabe desde hace 40 años que hay que prepararse para cualquier eventualidad. Sin embargo, nadie en el país estaba listo para los sacudones que ha provocado –y seguirá provocando– el Congreso mexicano, cuyas réplicas apenas empezarán a sentirse en octubre.

Miguel Ángel Yunes Márquez, diputado opositor de la dinastía Yunes –la cual, hay que destacar, tiene gigantescos problemas con la ley–, dio a la medianoche del martes el último voto que necesitaba el oficialismo para aprobar la muy polémica reforma judicial en México. Se trata del más grande cambio en el sistema desde 1994, que implica, en pocas palabras, la elección popular de los jueces en el país de ahora en adelante.

Que México necesitaba una reforma a la justicia era cierto. A los altos índices de criminalidad y corrupción los acompaña un penoso 90 % de impunidad, según organizaciones locales, y el sistema no había tenido cambios hace décadas. Sin embargo, la ruta adoptada es a los ojos de expertos la equivocada, empezando por los aspectos de capacitación para impartir justicia.

De ahora en adelante, bastará titularse en derecho con un buen promedio, obtener cinco cartas de referencia de vecinos y aprobar un examen anual para postularse a ser juez. Esos son los requisitos fijados por la reforma. Y esto, para Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, es un enorme problema.

“El sistema que se establece para la elección de jueces (es un problema), porque implica que para serlo no se requiere ninguna preparación, sino nada más ser abogado; no hay colegiación, y van a ser electos por voto popular después de ingresar en una tómbola. O sea, sacarán un papelito. Será suerte ser juez o magistrado federal en México”, le explicó a la BBC.

Piña insiste en que no es lo mismo que se elija por voto popular un juez que un congresista o un presidente, pues el togado es responsable de resolver conflictos y debe tener especialización en esta tarea. Además, deben resolver problemas entre la ciudadanía y las autoridades, pero si se esta se vuelve una cuestión política y electoral, ¿qué tanto le va a responder ese juez a la gente? “El contrapeso se va a ir diluyendo”, señala la jueza. También se corre el riesgo de que los carteles influyan en la elección de estas personas o que sean elegidas en medio del desconocimiento general.

“A nivel federal tenemos 1.650 jueces. ¿Tú crees que el ciudadano va a conocer a todas las personas que integran esa planilla y va a saber si es esta persona es capaz de resolver conflictos, si tiene oficio, si es experto, si hace las cosas como deben ser?”, remata.

Entonces, si la reforma era tan perjudicial, ¿por qué se propuso? Periodistas como Loret de Mola señalan que esta fue una “venganza” del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien estaba molesto con el Poder Judicial por el rechazo del máximo tribunal a otras de sus reformas, como la transformación del Instituto Nacional Electoral (INE) y la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Acá hay que hacer un paréntesis: la reforma al INE, así como otros órganos como el Instituto de Acceso a la Información Pública (INAI), fueron impulsadas por López Obrador luego de que estos no aceptaran sus cambios. En agosto, la Cámara de Diputados aprobó la eliminación de siete organismos autónomos, ente los que está el INAI, que garantiza el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales, con los que el Gobierno ha tenido disputas en el pasado.

“El mundo del presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene espacio para sutilezas, tecnicismos legales o búsqueda de consensos. En sus últimas cinco semanas en el poder está impulsando una drástica reforma de la Constitución mexicana para dejar una huella nacionalista indeleble en la política y la vida pública del país”, escribió el periodista Juan Pablo Spinetto en Bloomberg, apoyando la idea de que esta fue una “venganza” personal de López Obrador contra quienes obstaculizaron sus cambios.

Juan Nicolás Garzón, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, coincide en esto y dice que la reforma hay que leerla en el contexto de las tensiones que se abrieron entre la oposición, el Poder Judicial y el gobierno. “Se manifestaron varias tensiones entre las instituciones que lograron impedir algunas de las reformas más gruesas del Gobierno, como la reforma energética, por lo que se puede interpretar que AMLO toma revancha”.

Sobre si esto resuelve los problemas de fondo en la justicia, el profesor Garzón explica que México, como otros países latinoamericanos, tiene deficiencias fuertes en la administración de justicia. “Los principios bajo los que fue redactada esta reforma no atacan esas dificultades institucionales que hay. ¿Cómo habría sido una buena reforma? Es una pregunta compleja, porque la administración de justicia está marcada por varios aspectos, entre ellos los asuntos penitenciarios, pues las cárceles no son propicias para la reintegración de delincuentes, y esta demanda no la atiende la reforma. Y en materia de lucha contra la corrupción y la infiltración de organizaciones criminales tampoco se aborda”, explica.

Hay muchos problemas que abre esta situación, más allá del recorte de requisitos y experiencia para ser juez, como indicó la magistrada Piña. El proceso de selección de los más de 850 nueves jueces recibiría más de 5.000 candidaturas para un proceso de votación que se realizará en junio de 2025. Esto, en palabras de expertos, paralizará las operaciones de los tribunales, que ya se veían afectadas antes de la reforma, y pone a tambalear las relaciones comerciales de México con sus vecinos del norte.

Como señaló Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, la reforma podría abrir disputas corporativas con empresas de su país y de Canadá, los tres socios del T-MEC, e incluso alterar las relaciones diplomáticas. En el plano económico, los inversionistas han mostrado su preocupación, lo que añade volatilidad al inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum, quien además de heredar el capital político de López Obrador también recibió sus dolores de cabeza y tendrá que salir a calmar los mercados.

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