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El régimen de excepción, implementado por el Gobierno de El Salvador para “combatir” a las pandillas en una denominada “guerra” contra esas bandas, es un modelo de seguridad “a costa de los derechos humanos”, señaló este viernes Amnistía Internacional (AI).
AI recordó en un hilo de mensajes en X que mañana sábado se cumplen 1.000 días del inicio del régimen de excepción en El Salvador y señaló que “las graves violaciones reflejan un patrón generalizado de abuso estatal que registra miles de detenciones arbitrarias, la adopción de una política de tortura en centros de detención y cientos de muertes bajo custodia estatal”.
La directora para las Américas en Amnistía Internacional, Ana Amancay Piquer, apuntó que “lo que el gobierno llama ‘paz’ en realidad es un espejismo que pretende esconder un sistema represivo, una estructura de control y opresión que abusa de su poder y descarta los derechos de quienes ya habían sido invisibilizados -las personas que viven en pobreza, bajo el estigma estatal y la marginación-, en nombre de una supuesta seguridad definida de una forma muy limitada”.
Añadió, en la misma red social, que “la comunidad internacional debe actuar de manera decidida para exigir al Estado salvadoreño que rinda cuentas y ponga fin a estas violaciones generalizadas de derechos humanos”.
El Socorro Jurídico Humanitario (SJH), una organización no gubernamental, prevé que la medida de régimen de excepción “se vuelva permanente” a partir del próximo año.
La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, amplía cada mes por un lapso de 30 días la medida que se comenzó a implementar en marzo de 2022 y que suspende el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las comunicaciones y amplía hasta 15 días la detención administrativa.
La medida, que ha dado pie a la detención de más de 86.000 personas pandilleras y supuestos colaboradores de estas bandas, se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata pese a la prohibición constitucional.
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