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La cifra de personas fallecidas bajo custodia estatal durante el régimen de excepción vigente en El Salvador desde finales de marzo del año pasado llegó a 102, según informó este jueves la jefa jurídica de la organización humanitaria Cristosal, Zaira Navas.
“¡Más de 102 muertos bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción! Más de 63.000 personas detenidas sin juicio previo”, publicó la abogada en Twitter. Agregó: “Los abusos de poder y violaciones a derechos humanos no garantizan una seguridad ciudadana sostenible”.
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La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobó este régimen tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas y lo ha ampliado en 10 ocasiones en términos de 30 días. Hasta el momento, las autoridades han confirmado la muerte de 90 personas, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) supuestamente ha investigado los hechos.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, dijo en noviembre que la muerte de unas 90 personas detenidas, al menos hasta esas fechas, es “normal” y negó que en la prisiones se den torturas en el marco del régimen de excepción, como han señalado organismos de derechos humanos.
De acuerdo con las cifras oficiales, son 62.975 personas detenidas entre marzo y finales de enero, y a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros. Por orden de la Fiscalía y jueces han sido liberadas más de 3.300 personas, aunque “en muchos casos” bajo la medida de libertad condicional, según Human Rights Watch (HRW).
Las denuncias de violaciones a derechos humanos, recibidas por organizaciones locales y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), suman más de 7.400, la mayoría por detenciones arbitrarias.
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HRW dijo el 27 de enero que la filtración de una base de datos del Gobierno, a la que también tuvo acceso Cristosal, “permite corroborar graves violaciones de derechos humanos” en el contexto de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
El documento, de acuerdo con HRW, da cuenta de la detención, al menos hasta agosto, de 918 niños y 164 niñas que “habían sido enviados a detención provisional”.
El Gobierno atribuye a esta medida y a su plan de Control Territorial la caída de los homicidios en un 57 % en 2022, tendencia que había iniciado en 2016 después que el país centroamericano registró el año más violento de su historia reciente.
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