Restricción del asilo: los costos de una decisión política en Estados Unidos
Conforme a la nueva medida ejecutiva, la restricción se levantará cuando los casos disminuyan a 1.500 diarios, la última vez que se registró esa cifra fue en julio de 2020, durante la pandemia de COVID-19.
Juliana Castellanos Guevara
Según la nueva norma para solicitudes de asilo que firmó el Gobierno de Joe Biden, la frontera entre Estados Unidos y México se cerrará temporalmente cada día cuando se reporten más de 2.500 casos. En abril se registraron 4.300 casos en un día, por lo que la medida entrará en vigor de inmediato. Para Biden, que se autoproclama el único que ha actuado para “asegurar la frontera” en comparación con el Congreso durante los años de su mandato, según expertos, esta medida es una estrategia electoral del candidato demócrata para demostrar que su administración tiene el control del límite terrestre con México.
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Según la nueva norma para solicitudes de asilo que firmó el Gobierno de Joe Biden, la frontera entre Estados Unidos y México se cerrará temporalmente cada día cuando se reporten más de 2.500 casos. En abril se registraron 4.300 casos en un día, por lo que la medida entrará en vigor de inmediato. Para Biden, que se autoproclama el único que ha actuado para “asegurar la frontera” en comparación con el Congreso durante los años de su mandato, según expertos, esta medida es una estrategia electoral del candidato demócrata para demostrar que su administración tiene el control del límite terrestre con México.
Desde mayo del 2023, con el fin de la política migratoria “Título 42″, que rechazaba rápidamente a ciertos migrantes en la frontera bajo el argumento de detener la propagación de covid-19, se retomó la política “Título 8″, que solo acepta solicitudes de asilo a personas que hayan pedido protección en otro país por el que han transitado y les haya sido denegado, o que hayan programado una cita con las autoridades de inmigración a través de la aplicación CBP One (diariamente se asignan 1.450).
En esta ocasión, la recién aprobada medida, guiándose por los términos del Título 8, busca deportar “rápidamente” a aquellas personas que se cree que han cometido delitos graves que puedan suponer “un riesgo para la seguridad nacional y pública”. Aunque actualmente ya se permite negar el asilo a quienes se consideran una amenaza pública; lo que cambia es que los agentes de migración fronteriza, que atienden los casos en su etapa más inicial, podrán determinar si una persona tiene o no causa de asilo o decidir si el detenido es una amenaza para Estados Unidos.
Para el gobierno esta medida ejecutiva “asegurará la frontera” y “reducirá la carga de nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza”, sin embargo, según María Gabriela Trompetero, investigadora y docente en migraciones de la Universidad de Bielefeld (Alemania), estas medidas restrictivas tienen el efecto contrario.
“Si bien medidas restrictivas como el Título 42, aprobado por Donald Trump, o las deportaciones de venezolanos iniciadas por la administración Biden en 2022, redujeron inicialmente el flujo de desplazados hacia Estados Unidos, los datos muestran que estos flujos vuelven a aumentar con el tiempo”, explicó Trompetero. Según ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, solo en el primer semestre de 2023 se presentaron 1,6 millones de nuevas solicitudes de asilo en comparación a los 730.400 casos totales en 2022.
Además, “la implementación de estas medidas restrictivas solo fortalece a los grupos que operan al margen de la ley, quienes se aprovechan de la necesidad de desplazamiento de las personas migrantes y refugiadas, ofreciéndoles rutas más peligrosas y costosas”, agregó la analista.
El equipo de campaña de Donald Trump, adversario de Biden para las elecciones, opinó que esta medida no está diseñada “para la seguridad fronteriza”. Según su apreciación, la solución está en el retorno a las políticas de “tolerancia cero”. Durante el régimen del Título 42 que aprobó Trump en marzo de 2020 y se mantuvo hasta 2023, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, cerca de 2,8 millones de personas fueron expulsadas del país.
Las propuestas de Trump para la gestión migratoria incluyen detener a todos los migrantes que sean vistos cruzando la frontera de manera irregular, terminar de construir un muro en la frontera sur del país, restringir los viajes para ciertas nacionalidades o ideologías, y construir campos de detención de migrantes, aunque “no harían mucha falta” porque las personas serían rápidamente expulsadas del país. Según el líder, sería la mayor campaña de deportaciones en la historia de Estados Unidos.
Por su parte, Biden ha tratado de frenar los cruces trabajando en coordinación con México y otros países para reducir los flujos migratorios mediante políticas económicas y aplicación de leyes menos restrictivas que las de Trump; sin embargo, las encuestas revelan que para los votantes no ha hecho lo suficiente. De acuerdo con una encuesta publicada por Reuters/Ipsos en mayo, el 42 % de los encuestados prefieren el enfoque de Trump para la inmigración, mientras que el 25 % eligió a Biden.
Biden ha sido duramente criticado por republicanos, demócratas y organizaciones internacionales por su gestión migratoria, por ello, de acuerdo con Trompetero, antes de las elecciones, “Biden quiere demostrar que su administración tiene el control de la frontera y de la política migratoria y de refugio”.
“Esta decisión refleja las tensiones entre los regímenes internacionales de protección y la soberanía estatal. Esto ocurre frecuentemente en países donde ciertos grupos políticos estigmatizan a las personas migrantes y refugiadas como los perfectos chivos expiatorios para responsabilizarlas de su ineficiencia a la hora de resolver distintos problemas sociales como la desigualdad o la inseguridad”, comentó Trompetero.
Distintas organizaciones han manifestado su preocupación. “Las nuevas medidas denegarán el acceso al asilo a muchas personas que necesitan protección internacional y que ahora estarán sin una opción viable para buscar seguridad”, dijo la Acnur.
Médicos Sin Fronteras expresó en un comunicado de prensa su preocupación, porque “esta orden no sólo es contraria a la ley estadounidense y al derecho internacional, sino que también pone en riesgo la vida y la salud de las personas”, avisó. Para la ONG, “la administración Biden continúa priorizando la óptica y la conveniencia política a expensas de miles de personas que intentan ejercer su derecho legal a solicitar asilo”, comunicó.
De acuerdo con la ficha técnica compartida por la Casa Blanca, Estados Unidos continuará apoyando a México en la frontera sur. Biden habló con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, para felicitarla por su triunfo y prometerle una “asociación fuerte y colaborativa” en temas como la migración, según la AFP.
Sheinbaum que insiste en que invertir en los lugares de donde proceden las personas que migran es la solución para reducir las cifras, dijo durante su campaña electoral que Estados Unidos “puede apoyar más”. Según la presidenta electa, “va a ser mucho más económico que construir el muro, que bardas… mucho más económico que cualquier otra forma de patrullas fronterizas, y además atiende el tema de fondo”, dijo.
Conforme al plan, la restricción se levantará cuando los casos disminuyan a 1.500 diarios, la última vez que se registró esa cifra fue en julio de 2020, durante la pandemia de COVID-19.
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