El expresidente panameño Ricardo Martinelli fue declarado culpable de blanqueo de capitales por la compra de un grupo de medios y se enfrenta a una pena de prisión de 128 meses, que equivale a 10 años y 8 meses, según el fallo divulgado por el poder judicial panameño. El exmandatario también tendrá que pagar “una multa equivalente a US$19.221.600,48 como pena accesoria” por el caso conocido como “New Business”.
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En reiteradas ocasiones, Martinelli ha calificado el proceso en su contra como un “juicio político amañado”, además de “persecución política”, en aras de impedir que se presente a las elecciones presidenciales de 2024. De hecho, recientemente, afirmó: “Aquí hay personas que están haciendo lo indecible, violando la ley, violando la Constitución y violando el sistema judicial, con el solo fin de tratar de inhabilitarme a mí políticamente”.
Un delito alrededor de la compra de Editora Panamá América
La Fiscalía buscaba que Martinelli fuera condenado a 12 años de cárcel, con posibilidades de que fueran 18 años, por usar dinero del Estado para comprar la mayoría de las acciones de la Editora Panamá América. Según la acusación, la compra se realizó a través de un complejo esquema de sociedades donde varias empresas depositaron un total de US$43,9 millones. Ese dinero venía del pago de comisiones, de hasta un 10 % sobre el contrato original, en obras de infraestructura durante el gobierno de Martinelli, informó AFP.
El abogado del exmandatario, Rodrigo Noriega, dijo que la decisión “no es un fallo definitivo y tampoco inhabilitará la candidatura de Ricardo Martinelli”. Bajo esa misma línea, el expresidente comentó que el caso “New Business” no tiene fundamento ni razón legal: “Este es un caso político que no tiene razón de ser”. Por su parte, Luis Eduardo Camacho, vocero suyo, indicó: “Hecho público el fallo político del proceso conocido como New Business, abogados y copartidarios analizarán el exabrupto jurídico que pretende hacer de una legítima transacción privada, que no involucra lesión patrimonial al Estado, tal cuál indicó el Tribunal de Cuentas y la Contraloria, un inexistente delito”.
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