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El domingo 20 de octubre fue asesinado el sacerdote indígena y defensor de derechos humanos, Marcelo Pérez, en el estado de Chiapas, sur de México.
Originario de la etnia maya tzotzil y con 51 años, Pérez había recibido amenazas presuntamente por sus denuncias contra la venta de drogas y la violencia que sacude a Chiapas, escenario de una lucha entre grupos del crimen organizado, dedicados también a la extorsión y el tráfico de personas migrantes.
Contaba con medidas de protección cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aún así fue baleado luego de oficiar una misa en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en un hecho que desató múltiples condenas.
Sus feligreses se congregaron el lunes 21 de octubre en una misa de cuerpo presente en el pueblo de San Andrés Apóstol, unos 24 kilómetros al norte de San Cristóbal, donde la jerarquía católica del estado reclamó una actuación “decidida” del gobierno para restaurar la paz y que se “desarme” a los grupos criminales que asolan la región.
La Iglesia católica exigió también que cese la “criminalización” de sacerdotes y misioneros en México tras el homicidio de Pérez, quien fue sepultado el martes 22 de octubre.
Las autoridades mexicanas aseguran haber detenido al presunto autor material del asesinato.
“Mi reconocimiento a las autoridades de Procuración de Justicia, quienes me han informado que ha sido detenido el autor material de la muerte del Padre Marcelo”, señaló el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, en la red social X. Escandón no ofreció en lo inmediato detalles sobre la captura.
Por su parte, la Fiscalía local reportó en un comunicado que el presunto responsable fue identificado como Édgar “N”.
El mismo día más temprano, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la Fiscalía General de la República asumió las indagatorias por el homicidio.
El crimen del sacerdote se suma a la lista de nueve religiosos que han sido asesinados en México en los últimos cinco años, según cifras de la Iglesia católica.
Uno de los crímenes que desató condenas dentro y fuera del país fue el de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, el 20 de junio de 2022, en el estado de Chihuahua (norte).
Los religiosos fueron ejecutados dentro de su parroquia por un jefe criminal de la región que perseguía a otro hombre tras una pelea.
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, ya son más de 450.000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones en México, según cifras oficiales.
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