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Ernesto Samper y Juan Manuel Santos figuran entre los expresidentes y ex primeros ministros que, a través de una carta, pidiendo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, levantar el embargo contra Cuba en medio de la difícil crisis de suministros que atraviesa la isla.
“Cuba merece salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo y regresar al desarrollo del plan de normalización que acordó el gobierno del Presidente Obama en 2014, cuando usted se desempeñaba como vicepresidente”, dicen en la misiva, firmada también por figuras como la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff y José ‘Pepe’ Mujica, expresidente de Uruguay.
El pueblo cubano, alertan los firmantes, “está sufriendo por las enormes dificultades para el abastecimiento de medicamentos, la llegada de ayudas humanitarias, las restricciones impuestas a los servicios financieros, la llegada de turistas e inversiones de terceros. Todo lo anterior agravado por el paso del reciente Huracán Ian y su efecto devastador en la Isla”.
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Explican, entonces, que limitaciones de los viajes, del envío de remesas y las donaciones desde Estados Unidos “tienen consecuencias nocivas no solo para quienes habitan en la isla sino para el pueblo cubanoamericano al que se le impide el derecho de visitar a sus familiares”.
Además, “los límites en los gastos de consumo del turismo cercenan las posibilidades de una recuperación económica cuando Cuba, como todos los países de la región, se encuentra en pleno esfuerzo por recuperarse tras dos años de la crisis severa provocada por la pandemia”.
En la carta, le recuerdan a Biden que Cuba “fue uno de los primeros países en ofrecer asistencia médica con las brigadas Henry Reeve” cuando en 2005 el huracán Katrina golpeó el territorio estadounidense.
Para levantan las sanciones, agregan, “resulta indispensable que Cuba salga de la lista de países patrocinadores del terrorismo que elabora el Departamento de Estado, en la cual fue incluida por apoyar el proceso de paz de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y cumplir los protocolos firmados con el Estado colombiano en su condición de garante internacional de los mismos. Esta vocación de cooperación internacional, ceñida al estricto cumplimiento de compromisos asumidos, comprueba la identificación del país con valores que ninguna relación guardan con el terrorismo”.
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